CONTESTA RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

AL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

FABRICIO BROGNA, FISCAL GENERAL de la Provincia de Río Negro, en los autos: “H. R. (F) C/ B., M. N. S/ HOMICIDIO” – QUEJA ART. 248 - Legajo MPF-BA-02775-2021, constituyendo domicilio en calle Laprida 144, 3º piso, de la ciudad de Viedma, como mejor proceda digo:

I. OBJETO

En cumplimiento de la responsabilidad que me compete, particularmente la establecida en el art. 15º inc. e) de la Ley K Nº 4199, vengo en tiempo y forma a contestar el recurso extraordinario presentado por el Defensor Penal, Dr. Nelson A. Vigueras, en representación de M. N. B., en atención al traslado conferido.

II. EXORDIO

El Defensor Penal interpone recurso extraordinario federal contra la Sentencia N° 72 dictada en autos el 19 de junio de 2024, por el Superior Tribunal de Justicia, que en lo sustancial resolvió: “Rechazar sin sustanciación la queja interpuesta por el señor Defensor Penal Nelson A. Vigueras en representación de M. N. B..”

El Dr. Vigueras considera que la sentencia por la cual el STJ rechazó sin sustanciación la queja interpuesta es arbitraria por la omisión de tratar agravios oportunamente introducidos y conducentes para la correcta solución de la causa y remitirse a argumentos ya dados por la mayoría del Tribunal de Impugnación.

En ese sentido, sostiene que dicha mayoría omitió tratar adecuadamente el agravio sobre la nulidad del veredicto del jurado popular por violación de la garantía constitucional de confrontar la prueba de la acusación con el uso de la declaración previa.

Además, sostiene que el STJ también omitió tratar adecuadamente el agravio sobre la nulidad de la decisión por mayoría del TI de ingresar al análisis probatorio respecto de prueba no producida ante el jurado popular.

Cita el fallo de la Corte Suprema de Justicia de fecha 28/05/2024 en autos “Magallanes, Ernesto Rodrigo y otros s/homicidio simple” y señala que el defecto de tratamiento de los agravios fundados y conducente priva al fallo recurrido de fundamentos suficientes que lo sustente como acto jurisdiccional válido.

Transcribe algunos fragmentos del fallo del STJ y expresa que la arbitrariedad de sus fundamentos consiste en desconocer que se acredita una afectación constitucional o error judicial que evidencia la existencia de una cuestión federal que debe ser atendida en esta instancia, la cual consiste en que al negarse a B. su derecho a contraexaminar a A. confrontándolo con su declaración previa, se le negó la garantía de confrontar la prueba de la acusación violentando el derecho de defensa y del debido proceso legal, configurando la nulidad absoluta del veredicto del jurado popular, agravio que no fue respondido ni por la mayoría del TI ni por el STJ.

Resalta que sin responder tal agravio, el voto mayoritario del TI -que primero tuvo por acreditado que se privó arbitrariamente a esa parte de confrontar la prueba- ingresó en el análisis de prueba que el jurado no valoro, excediendo su competencia, pues esa tarea era propia del jurado popular, el cual nunca tuvo acceso a la declaración previa de A..

Entiende que tal privación condicionó la decisión del jurado ya que no tuvo todos los elementos para su deliberación y ello afectó la integridad del veredicto, razón por la que la solución que correspondía adoptar era la declaración de nulidad y no proceder a analizar la prueba como lo hizo el TI.

Por otro lado, el Dr. Vigueras sostiene que no existen elementos de prueba que vinculen a B. como autor del hecho y la información obrante no supera la duda razonable.

Así, afirma que la declaración de C. es analizada únicamente en la porción que resulta de utilidad para la acusación, descartándose parte dirimente de su testimonio, concretamente cuando dice que ella no vio quien apuñalo a H. y menos aún que haya sido B. el que ejecutó esa acción.

Continua haciendo breves referencias a lo dicho por los restantes testigos y exponiendo su teoría del caso, consistente en que A. corto a H. para defender a su amigo y cuestionando que no se pudo acreditar que el cuchillo perteneciera a B., ya que no existe prueba científica respecto a que el asta con la que se hizo el cabo de la daga secuestrada sea del mismo animal del asta que se secuestro en la casa de su pupilo.

Por todo lo expuesto concluye sosteniendo que el veredicto no es integro, que es nulo de nulidad absoluta porque se ha negado arbitrariamente el confronte de la prueba de la acusación y, a su vez, no existe prueba para justificar un veredicto de culpabilidad, nadie vio el momento en que B. apuñala a H., por lo que el veredicto se aparta manifiestamente de la prueba producida en debate, todo por lo cual solicita se conceda el recurso extraordinario federal, disponiendo su trámite y oportuna elevación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a quien le requiere que revoque la resolución de ese Superior Tribunal de Justicia y reenvíe la causa ordenando la sustanciación de un nuevo proceso.

Por su parte, la Sra. Defensora General Subrogante, Dra. Marta Ghianni, mediante su Dictamen Nº 67/24, sostiene el recurso interpuesto por el Defensor Penal, compartiendo sus fundamentos y añadiendo algunas consideraciones.

En tal sentido al Defensora General Subrogante, entiende que la resolución que rechaza el recurso de queja interpuesto por el Sr. Defensor configura cuestión federal suficiente para la procedencia del recurso extraordinario incoado, atento a que nos encontramos ante una sentencia arbitraria que vulnera el derecho de defensa en juicio y la garantía de un debido proceso legal (arts. 18 y 75 inc. 22 CN, 8 CADH, 14 y 15 PIDCyP).

III. INADMISIBILIDAD FORMAL DEL RECURSO

Se observa que el recurso presentado no reúne los extremos requeridos en los arts. 2º inc. i) y 3º inc. b), c), d) y e) de las “Reglas para la interposición del recurso extraordinario federal”- Acordada Nº 4/2007 CSJN.

Respecto al primero de los artículos mencionados, el mismo dispone que la carátula deberá contener “…la mención clara y concisa de las cuestiones planteadas como de índole federal, con simple cita de las normas involucradas en tales cuestiones y de los precedentes de la Corte sobre el tema, si los hubiere; como así también la sintética indicación de cuál es la declaración sobre el punto debatido que el recurrente procura obtener del Tribunal...”.

Al respecto, si bien la defensa ha citado la normativa relacionada con los derechos y garantía que considera violentados, no ha citado precedentes de la Corte respecto de la arbitrariedad y tampoco ha indicado concretamente cuál es la declaración que procura obtener del Tribunal.

La Corte ha dicho al respecto que “Corresponde desestimar la queja si el recurrente no ha dado cumplimiento al recaudo establecido en el art. 2°, inc. i del reglamento aprobado por la acordada 4/2007, en orden a que en la carátula requerida no se realiza la mención clara y concisa de las cuestiones planteadas.” (Fallos: CSJ 1707/2016/RH1 Higa, 21/02/2017; A. 717. L. RHE Automóviles Saavedra S.A., 16/12/2014; I. 26. XLVII. REX Partido Liga Socialista Revolucionaria, 23/06/2011).

Con respecto al art. 3º antes mencionado, el mismo dispone en lo pertinente: “En las páginas siguientes deberá exponerse, en capítulos sucesivos y sin incurrir en reiteraciones innecesarias: … b) el relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso que estén relacionadas con las cuestiones que se invocan como de índole federal...; c) la demostración de que el pronunciamiento impugnado le ocasiona al recurrente un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación; d) la refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas; e) la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquéllas”.

En el caso, ninguno de tales incisos ha sido respetado, lo cual ha de obstar a la viabilidad del remedio impetrado, conforme lo dispuesto en “Observaciones generales” de las citadas reglas, concretamente en el art. 11º que expresa: “En el caso de que el apelante no haya satisfecho alguno o algunos de los recaudos para la interposición del recurso extraordinario federal y/o de la queja, o que lo haya hecho de modo deficiente, la Corte desestimará la apelación mediante la sola mención de la norma reglamentaria pertinente, salvo que, según su sana discreción, el incumplimiento no constituya un obstáculo insalvable para la admisibilidad de la pretensión recursiva.

Cuando la Corte desestime esas pretensiones por tal causa, las actuaciones respectivas se reputarán inoficiosas. Del mismo modo deberán proceder los jueces o tribunales cuando denieguen la concesión de recursos extraordinarios por no haber satisfecho los recaudos impuestos por esta reglamentación”.

Concretamente, se ha omitido exponer la cuestión federal de la forma exigida y establecer la necesaria conexión entre una cuestión federal y la manera en que aquella fue afectada en el proceso (fallos: 180:271; 209:337; 224:845; 296:124).

La CSJN tiene dicho que: “La procedencia de la apelación federal está condicionada a que el escrito en que se la interpone contenga la enunciación de los hechos de la causa que permita establecer la relación directa e inmediata entre lo que ha sido materia de debate y decisión en autos y las garantías constitucionales cuyo quebrantamiento se aduce” (Fallos: 311: 1686).

Además, ha sostenido que “Para la oportuna y correcta introducción de las cuestiones constitucionales no basta la reserva del caso federal, sino que además se requiere mencionar concretamente los derechos federales supuestamente desconocidos que se fundan en las normas constitucionales citadas genéricas e indiscriminadamente, y la demostración del vínculo que guarda cada una de ellas con lo resuelto en el pleito” (Fallos: 296:124).

A mayor abundamiento, la Corte ha sostenido que “La deficiencia del escrito de interposición del recurso extraordinario que no refuta todos y cada uno de los fundamentos independientes que dan sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas (art. 3°, incisos b y d del reglamento aprobado por acordada 4/2007) conspira contra la demostración de la lesión a las reglas estructurales del debido proceso que exige la doctrina del Tribunal para intervenir por medio de la vía intentada en este tipo de proceso” (Fallos: 339:1048).

En definitiva, las cuestiones planteadas no resisten el examen de admisibilidad formal necesario para habilitar la instancia, sin embargo, no habrán de ser tales insuficiencias, únicamente, las que fundamenten el rechazo del recurso.

IV. FUNDAMENTOS DEL FISCAL GENERAL

En primer lugar, debo mencionar que la sentencia del STJ que rechazó sin sustanciación de la queja interpuesta por la Defensa de M. N. B., cumple con los parámetros fijados por ese mismo tribunal respecto a que la estructuración del CPP en materia recursiva y en la delimitación de competencias establece con claridad que la impugnación ante ese Cuerpo es extraordinaria (cf. STJRNS2 Se. 4/18, 60/21) y que “La impugnación extraordinaria incorpora los requisitos de habilitación del recurso de apelación federal (art. 242 inc. 2° CPP), de modo que, en cuanto a la arbitrariedad de sentencia, este Cuerpo solo analiza los casos en los que las contradicciones en la aplicación del método histórico o en las reglas que lo limitan en el ámbito jurídico sean de tal magnitud que lo hagan prácticamente irreconocible, o cuando indudablemente se desconozcan restricciones impuestas por la Constitución (cf. CSJN, Fallo "CASAL", consid. 31, últ. parte)” (STJRNSP2 Se. 27/21).

En el presente trámite resulta aplicable el criterio de nuestro Máximo Tribunal provincial respecto a que “Pese a que se invoca la afectación de normas y principios constitucionales, no se ha demostrado que la sentencia impugnada incurriera en el supuesto del inc. 2° del art. 242 del Código Procesal Penal, lo que impide el acceso a la instancia pretendida” (STJRNSP2 Se. 40/21).

Es que, tal como ha expresado el TI al declarar la inadmisibilidad de la impugnación extraordinaria en el presente caso, “…Así, tratados los agravios de la impugnante, pese a que se afirman afectaciones constitucionales, la Defensa no ha demostrado prima facie que la resolución de este Tribunal incurriera en algún supuesto de interposición de impugnación extraordinaria (art. 242 CPP) en razón de que los agravios carecen de eficacia al desatender los concretos fundamentos de este Tribunal y ser una reedición de su opinión ya analizada y desechada en la resolución en crisis.

Los cuestionamientos no superan la simple disconformidad por diferente opinión subjetiva sobre la ponderación de la pretensión y del conjunto fáctico normativo, situación que determina la ausencia de verosimilitud de los agravios.

Conforme a lo anterior, la impugnación deducida carece de presentación plausible del supuesto de afectaciones constitucionales y convencionales que se denuncian.…”.

Nuevamente, al igual que la impugnación extraordinaria incoada por la defensa, el Recurso Extraordinario Federal no contiene un desarrollo que permita quebrar la sólida motivación que evidencia el fallo que aquél pone en crisis, limitándose a reiterar las críticas que fueran formuladas respecto de la sentencia del a-quo.

En esta instancia resulta aplicable el reiterado criterio de la Corte Suprema en cuanto a que "no basta citar garantías acordadas por la Constitución y leyes especiales del congreso, si no se funda directa e inmediatamente en ellas el derecho cuestionado, de tal manera que la solución de la causa dependa de la inteligencia que se atribuya a las garantías invocadas" (Fallos: 133:298).

Cabe también recordar que la doctrina de la arbitrariedad es de carácter excepcional (Fallos: 329:646), de aplicación restringida (CSJN en L. 1023. XLI López, 25/09/2007) y que atiende sólo a supuestos de extrema gravedad (Fallos: 310:1707) circunstancias que, como se puede corroborar, están ausentes en el presente legajo.

En este caso no se configuran de los supuestos de gravedad extrema definidos por la doctrina de la Corte, pues todos los agravios de la defensa han sido abordados por los tribunales intervinientes, constatándose que la decisión del Tribunal de Juicio fue debidamente fundada y dictada acorde a derecho. La defensa no ha podido demostrar que se haya configurado la arbitrariedad que denuncia.

Tal como explicó el Fiscal del Caso, Dr. Sosa Lukman, al contestar el traslado de impugnación extraordinaria, la defensa al solicitar el acceso a tal instancia no desarrollo ni explico que supuestos habilitarían la vía recursiva y además, sus planteos reflejaban solo discrepancias subjetivas respecto al modo de llevarse adelante el debate con un jurado popular en perjuicio de su asistido y la supuesta falta de prueba para condenarlo, cuestiones que resultaban una reiteración de los alegatos del juicio y de la instancia de revisión, que tuvieron respuesta tanto en la sentencia condenatoria como en la ahora recurrida.

Aquí, la defensa vuelve a insistir con los mismos planteos, lo cual basta para sostener que la liviana reiteración de idénticos argumentos en los cuales solo expone una discrepancia subjetiva de cómo los jueces han aplicado el derecho luego de analizar los hechos y las pruebas, obsta por sí mismo la habilitación de la instancia excepcional ante la CSJN.

Señaló la CSJN que "Corresponde desestimar el recurso extraordinario, si la crítica se reduce a esgrimir una determinada solución jurídica en una materia cuya revisión resulta, por regla, ajena a la instancia extraordinaria, en tanto los agravios sólo traducen una discrepancia sobre la forma en que fueron apreciados y fijados los hechos y las pruebas en la causa, aspectos que en la medida que fueron tratados y resueltos, tanto por el magistrado de grado como por el a quo con argumentos de igual naturaleza, independientemente de su acierto o error, descartan la tacha de arbitrariedad alegada” (Fallos: 331:477).

Por su parte el STJRN ha manifestado: “La doctrina de arbitrariedad de sentencia es particularmente restringida cuando se trata de decisiones referentes al otorgamiento de los recursos locales por los superiores tribunales de provincia (cf. CSJN, Fallos: 313:493). Así, el agravio solamente podrá prosperar cuando se presente de modo manifiesto y constituya una verdadera denegación de justicia. (Voto de la Dra. Piccinini, Dra. Criado y Dr. Ceci sin disidencia)” (STJRNSP2 Se. Nº 157/21).

En igual sentido, “es conveniente destacar que el vicio de arbitrariedad no alcanza a las meras discrepancias de las partes respecto de los argumentos de hecho, prueba y derecho procesal y común en los cuales los jueces apoyaron sus decisiones en el ámbito de su jurisdicción excluyente (Fallos 311: 1950), en cuyo marco se entiende que ni el error ni el carácter opinable de la solución son suficientes para el fin perseguido (Fallos 310: 2023)” (STJRNSP2 Se. N° 149/13).

Por otro lado, en relación con la cita del Fallo: 347:572 (“Magallanes”) invocado por la Defensa para fundar la procedencia del Recurso Extraordinario Federal, entiendo que la misma resulta inaplicable a las presentes actuaciones, en virtud de que las circunstancias allí discutidas no son sustancialmente análogas a las del presente legajo, dado que allí se debatió la afectación de la garantía del juicio previo, luego de que la Cámara de Casación -asumiendo una casación positiva- condenará a quienes habían sido absueltos por el delito de homicidio por un tribunal oral, remitiendo la Corte las actuaciones nuevamente a la Cámara -control horizontal- para que se asegurara a los recurrentes el derecho consagrado en el art. 8.2 CADH, instancia donde se confirmó la condena impuesta, que finalmente fue anulada por la Corte considerando que se omitió tratar adecuadamente el cuestionamiento referido a la afectación a la garantía constitucional de defensa en juicio previo y debido proceso y de los principios de oralidad, contradicción, inmediación y continuidad del juicio oral.

Entiendo que tales conclusiones no pueden ser aplicadas a este caso, donde se condenó a B. en un juicio por jurado, que pudo ser revisado y confirmado por el Tribunal de Impugnación, asegurando el doble conforme de lo decidido.

Los planteos de la defensa deben ser rechazados nuevamente porque se asientan exclusivamente en la disconformidad con la decisión judicial e implican la reedición en los mismos términos de su alegato de clausura, cuestiones que fueron abordadas en primer término por el Jurado popular que por unanimidad arribó a un veredicto de culpabilidad, y en segundo término en la impugnación ordinaria, donde fueron tratados de forma suficientemente fundada por el TI.

Si bien la defensa plantea que el rechazo sin sustanciación por parte del STJ ha violentado el debido proceso, lo cierto es que esa parte ha realizado todas las presentaciones que asisten a su derecho, formuló todos los agravios que estimó pertinentes y los mismos fueron oídos y tratados por los tribunales superiores. Las deficiencias que fueran advertidas en el libelo, al no haber expuesto de manera fundada sus argumentaciones, han imposibilitado que resulten suficientes para desarrollar una argumentación lógica y razonada de la decisión de dicho superior. Sus argumentaciones no fueron receptadas, lo que no equivale a decir que no fueron consideradas.

El recurrente no ha podido en su momento y tampoco ahora, demostrar cómo se violan las garantías constitucionales en que basa el motivo del agravio. En este sentido, tiene dicho el Máximo Tribunal Provincial: “Observo que la disconformidad de la parte no encuentra vínculo conceptual con la alegada afectación de las garantías de defensa en juicio y debido proceso por falta de fundamentación del fallo ni logra demostrar -siquiera mínimamente- en qué medida lo decidido por el máximo tribunal provincial tiene como consecuencia tal violación, por lo que la presentación es inadmisible, pues pone de manifiesto una mera discrepancia respecto de la solución adoptada y evidencia la falta de fundamentación autónoma requerida en el art. 15 de la Ley 48” (Se. STJRN N° 203/08).

Asimismo, señaló: “el recurrente no demuestra la alegada vulneración al debido proceso, en virtud de que, como ocurría en el precedente mencionado, no esbozó en qué consistiría la ampliación que se habría visto impedido de efectuar, ni qué planteos no pudo argumentar o qué perjuicios habría sufrido su parte por tal motivo - en relación con cuestiones federales que pudieran habilitar la vía intentada-, sin perjuicio de reiterar que se trata de una extensión de los mismos agravios oportunamente introducidos y no de otros nuevos” (Se. STJRN N° 79/2011).

En esta instancia, resulta también insuficiente el planteo referido a la vulneración del principio in dubio pro reo, pues el mismo se asienta en una crítica subjetiva y fragmentada del plexo probatorio incorporado al debate y al respecto, la CSJN ha sostenido que “El estado de duda no puede reposar en una pura subjetividad, sino que debe derivarse de una minuciosa, racional y objetiva evaluación de todos los elementos de prueba en conjunto, por lo cual la mera invocación de cualquier incertidumbre acerca de los hechos no impide, per se, obtener razonablemente, a través de un análisis detenido de toda la prueba en conjunto, el grado de convencimiento necesario para formular un pronunciamiento de condena.” (Del dictamen de la procuración General al que la Corte remite en Fallos: 343:354)

Así, “El "beneficio de la duda" invocado no puede prosperar, por la sencilla razón de que la duda a favor del acusado no es cualquiera, "sino solamente aquella que va más allá de una mera probabilidad de que los hechos pudieron ocurrir de otro modo”, por lo que “no estamos frente a una duda que posea la entidad necesaria para alterar las conclusiones de una razonada evaluación de la prueba de cargo" (cf. STJRNS2 Se. 10/22 Ley 5020 "H.J.G.").” (Voto de la Dra. Criado, Dr. Ceci y Dr. Apcarian sin disidencia en Se. 29/22 STJ).

En definitiva, la defensa “insiste en poner de manifiesto su discrepancia subjetiva con la solución adoptada, estrategia argumental que no satisface las prescripciones del art. 15 de la Ley 48, en tanto impone la "exigencia según la cual el escrito respectivo debe contener una crítica prolija de la sentencia impugnada, o sea que el apelante debe rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya el juez para arribar a las conclusiones que lo agravian" (cf. CSJN, Fallos: 329:2218, 330:16, 331:563 y 336:381)” (Voto del Dr. Apcarian, Dra. Criado y Dra. Piccinini sin disidencia en Se. 32/22 STJRN).

Por todo lo expresado, esta Fiscalía General sostiene la inadmisibilidad sustancial del recurso extraordinario incoado por la defensa.

V. PETITORIO

Por las razones dadas solicito:

a) Tenga la vista contestada en tiempo y forma.

b) Se declare inadmisible el recurso extraordinario federal intentado.

Será Justicia.

Mi dictamen.

Viedma, 03 de septiembre de 2024.-

DICTAMEN FG- N° 47/24.-