MINISTERIO PUBLICO FISCAL / BARILOCHE
Amenazas de bomba, reunión en el Ministerio Público Fiscal
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Durante la mañana de hoy se llevó adelante una reunión con el representante del Consejo Escolar de la Zona Andina y autoridades de los establecimientos educativos que desarrollan sus actividades en el edificio conocido como Angel Gallardo, junto al Fiscal Jefe Martín Lozada y el fiscal adjunto César Lanfranchi de la Unidad de Delitos Violencia Institucional y Delitos contra la Administración Pública.
El objetivo de la misma fue generar un intercambio de información acerca de las acciones que se llevan a cabo en el marco de la investigación de los legajos vinculados a las presuntas amenazas de bomba en diferentes establecimientos secundarios de nuestra ciudad y ése en particular.
Se informó además a los educadores las medidas ordenadas en el marco de la investigación de las denuncias recibidas a la fecha y se prevé que ésta no sea la única institución convocada para trabajar de forma conjunta a fines de abordar estas situaciones.
Estos hechos investigados constituyen el delito de intimidación pública que tienen previstos una pena de 2 a 6 años de prisión, los cuales se han sucedido en otras localidades de la provincia de Río Negro. Para ello se han dispuestos los recursos y tecnología necesarios para llevar a cabo la investigación de estos hechos desde la Procuración General de Río Negro.
Amenazas de bomba, reunión en el Ministerio Público Fiscal
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Durante la mañana de hoy se llevó adelante una reunión con el representante del Consejo Escolar de la Zona Andina y autoridades de los establecimientos educativos que desarrollan sus actividades en el edificio conocido como Angel Gallardo, junto al Fiscal Jefe Martín Lozada y el fiscal adjunto César Lanfranchi de la Unidad de Delitos Violencia Institucional y Delitos contra la Administración Pública.
El objetivo de la misma fue generar un intercambio de información acerca de las acciones que se llevan a cabo en el marco de la investigación de los legajos vinculados a las presuntas amenazas de bomba en diferentes establecimientos secundarios de nuestra ciudad y ése en particular.
Se informó además a los educadores las medidas ordenadas en el marco de la investigación de las denuncias recibidas a la fecha y se prevé que ésta no sea la única institución convocada para trabajar de forma conjunta a fines de abordar estas situaciones.
Estos hechos investigados constituyen el delito de intimidación pública que tienen previstos una pena de 2 a 6 años de prisión, los cuales se han sucedido en otras localidades de la provincia de Río Negro. Para ello se han dispuestos los recursos y tecnología necesarios para llevar a cabo la investigación de estos hechos desde la Procuración General de Río Negro.
