Los fiscales informaron acerca de las diligencias ordenadas y otras acciones que en la última semana se desplegaron a fines de identificar el o los autores de  las presuntas amenazas de bomba en diferentes establecimientos secundarios de nuestra ciudad y ése en particular.

Esto a raíz de las inquietudes planteadas por los educadores y miembros de la comunidad, acerca de la posibilidad de obtener información para luego abordar de manera pedagógica en el ámbito de la institución esta problemática, que afecta el cierre del año escolar.

Se les indicó además el proceso de investigación que se desarrolla una vez recibida la denuncia en el sistema del 911, los organismos intervinientes, las reuniones realizadas hasta la fecha con instituciones convocadas para trabajar de forma conjunta a fines de abordar estas situaciones, entre otras.  

Cabe señalar que estos hechos investigados constituyen el delito de intimidación pública que tienen previstos una pena de 2 a 6 años de prisión, los cuales se han sucedido en otras localidades de la provincia de Río Negro. En la cual se encuentran abocados a la investigación de los legajos en el ámbito de la provincia,  distintos recursos y tecnología necesarios, propuestos por la Procuración General de Río Negro. 

Esta semana además, se realizó un allanamiento en una vivienda de una persona mayor de edad del barrio Mutisias, sospechada de la realización de llamadas alertando sobre la supuesta existencia de un artefacto explosivo, lo que permitió el secuestro de un teléfono celular que será peritado por personal de la OITEL.