Excmo. Superior Tribunal:

I

Se da intervención a esta Defensoría General en el marco de la oportunidad prevista por los arts. 435 y 436 del CPP, ante el Recurso de Casación interpuesto por la Sra. Defensora de Menores e Incapaces Dra. Patricia Arias, contra la Sentencia N° 44 de fecha 25 de agosto de 2014, dictada por la Cámara en lo Criminal Sala A de la Ciudad de Viedma.
La sentencia impugnada resuelve absolver libremente de culpa y cargo al Sr. J. M. S., en orden al delito de abuso sexual agravado por el acceso carnal y por haber sido efectuado aprovechando la situación de convivencia preexistente (art. 119, primero, tercero y cuarto párrafo inc. f) C.P). 

II

Analizado el recurso de marras considero que la resolución en crisis debe ser dejada sin efecto de acuerdo a los fundamentos expuestos por la Sra. Defensora de Menores a los cuales remito infra por compartirlos plenamente.
La Dra. Arias afirma que la sentencia en crisis incurre en una arbitraria valoración de la prueba colectada en el proceso, a partir de la cual el juzgador arribó a una decisión absolutoria por el beneficio de la duda, aplicando erróneamente la ley penal, en transgresión al art. 200 de la Constitución Provincial.
Considera que el sentenciante realizó una errónea valoración de la prueba y que sus argumentos, en cuanto al mérito del testimonio de la víctima, el peritaje psicológico y el informe de cámara gesell son contradictorios, contrarios a lo señalado por las reglas aplicables a los peritajes para menores abusados y sin fundamentos en las constancias del debate. 
Se agravia al referir que en la sentencia impugnada se consideró probado que la adolescente había tenido relaciones sexuales y que la oportunidad para cometer el hecho estuvieron presentes, pero no obstante ello, entendió que “los problemas del caso” están en la asignación de autoría al Sr. S. 
De esa manera, la recurrente no coincide con la valoración realizada en el fallo, el cual refiere: “se observa a una niña de 13 años que efectúa un relato desprovisto de detalles, autocontradictorio, y sin correlato emocional para la gravedad de los hechos que fue a relatar… lo cierto es que al referir las ocasiones en las que fue accedida carnalmente, lo hizo bostezando permanentemente, luego que primero dice que fueron dos veces, luego se retracta y esboza una sola vez…”.
Menciona que el hecho de bostezar al momento de contar lo sucedido suele ser un mecanismo defensivo. Así como en otras situaciones se dan casos de risas nerviosas y no por ello debe descreerse a priori de los dichos de la víctima. Asimismo, señala que  la adolescente manifestó en la entrevista en cámara gesell que la noche anterior no había dormido bien. 
Entiende que la sentencia, al referirse al informe de la entrevistadora en cámara gesell, sólo lo hace en un aspecto parcial y realiza una interpretación sesgada en punto a las otras apreciaciones que también se ven corroboradas por otras constancias de la causa. 
Arguye que el resolutorio en crisis correlaciona los hechos relatados por M. en cámara gesell con la pericia psicológica realizada por la Lic. C. y la conducta de la adolescente en el ámbito escolar, para sostener: “ausencia de stress post trauma como rasgo llamativo, desde que tampoco hay presencia de correlato emocional, ni detalles del asunto” y considerar que “el stress post trauma puede aparecer  tardíamente, o no hacerlo, pero lo cierto es que es llamativo, junto a lo antes señalado, acerca del grado de convicción que merecen los relatos de la niña. Ello más allá de la subjetividad de la perito, al no creer que un relato falso pueda ser sostenido en el tiempo”. 
Respecto de lo cual se agravia la Sra. Defensora señalando que no todas las personas reaccionan del mismo modo ante un mismo acontecimiento traumático. Es decir, esa circunstancia que resulta llamativa para el a quo tiene su clara explicación en primer lugar, en punto a que la existencia de estrés post traumático no resulta una condición sine quanom para la existencia del delito. En segundo término en las circunstancias contextuales -entre ellas el abordaje psicoterapéutico- que reducen, minimizan y aún evitan el cuadro de estrés postrauma. 
En el sentido expuesto, considera que el sentenciante pasa por alto -o al menos minimiza - el informe que luce a fs. 288/290 de la Lic. F. quien claramente expresó que M. no quería ir a la entrevista, que no quería hablar más del tema y que desde hacía unas semanas había podido recuperar la concentración y la posibilidad de estar con sus amigos y compañeros de un modo distendido. 
Agrega que el referido informe reviste vital relevancia, por cuanto viene a validar lo dicho por la adolescente en la cámara gesell y sin embargo el sentenciante sólo lo menciona superficialmente, al expresar que se encuentra en la causa el informe elaborado por la Lic. F., quien tras pocas sesiones tuvo de suspender el tratamiento aconsejado por la Jueza de Familia, pues la adolescente se negaba a hablar sobre el asunto. Esta interpretación se aparta de las constancias de la causa por cuanto a poco que se lee el informe previamente transcripto se evidencia que M. sí habló sobre "el asunto" y que existieron motivos de índole psicológica debidamente fundados para finalizar el tratamiento en ese momento.
A todo evento señala que existe también lo que se denomina aparición tardía del síntoma, que puede irrumpir en etapas evolutivas posteriores y ante situaciones en donde la esfera de la sexualidad comienza a tener una expresividad mayor, tal como la adolescencia o la situación afectiva más íntima.
Por lo cual concluye que aquello que el a quo sostiene como llamativo, deja de serlo ya que un tratamiento exitoso puede influir en la aparición/desaparición de la signo-sintomatología propia de este síndrome, siendo una posibilidad explicativa a dicho estado. 
Con respecto a la condición de buena alumna de M., la recurrente refiere que no se advierte cómo ni por qué ese parámetro pueda afectar la credibilidad del relato de la adolescente, dado que ello puede obedecer a lo que los expertos denominan síndrome de adaptación. Por lo cual, el hecho de que M. tuviera un buen rendimiento escolar y buena conducta no aparece per se como indicio de mendacidad de su relato tal como se pretende.
En relación a la pericia psicológica realizada por la Lic. C. –fs. 119/121-, afirma que de los puntos de pericia indicados no surge que la profesional debía realizar un análisis de credibilidad del relato de la adolescente, y en todo caso, recuerda que el ámbito judicial específico para que un niño realice el relato de los hechos que lo tienen como víctima es precisamente la cámara gesell. La referida pericia psicológica puede brindar datos acerca de la personalidad de M. pero no es el ámbito para repetir el relato que sólo debe darse en la cámara gesell.
Sostiene que las aclaraciones realizadas por la referida licenciada a fs. 235/236 expresando que “no se observa propensión a la exaltación imaginativa patológica”, que no hay “tendencia a la fabulación” y que “no hay influencia de terceras personas”, aunque “se encuentra en un estado bajo mucha presión, lo cual genera un incremento de ansiedad”, es una situación por demás común en casos como el de autos.
Considera que la entrevista pericial de M. con la psicóloga C., después de haber pasado por una cámara gesell, más allá de resultar necesaria a los fines probatorios, no deja de ser una nueva revictimización secundaria. El profesional que realiza la pericia no es un igual y ella nuevamente pasa a ser la examinada. La misma profesional en el testimonio que brindó en el debate refirió que se notaba que la situación le generaba mucho estrés, lo cual también forma parte del contexto.
Por otra parte, la recurrente manifiesta que si bien es cierto que la revelación de los hechos vividos por M. se produjo en la escuela y en el preciso momento en que la madre reclamaba que la adolescente volviera a la casa materna, tal circunstancia por sí sola no es indicador suficiente para sostener que M. obtiene así una ventaja objetiva con su relato y que ello afecta la valoración de sus dichos. El a quo omite  efectuar un análisis del contexto en el que se produce la revelación. Ello en tanto, conforme lo declarado por la vice directora de la escuela, Sra. C., y el personal de la Oficina de Asuntos Tutelares, Sr. R., surge en forma conteste el estado de angustia y de llanto en el que se encontraba M., la cual no quería regresar a su casa porque la maltrataban y porque su padrastro la manoseaba y abusaba. A lo que debemos sumar que se encuentra probado en autos, que la adolescente no tiene tendencia a la fabulación. 
Advierte entonces que el sentenciante resta credibilidad al testimonio de M. con parámetros inadecuados, se basa en la pericia psicológica, omite el informe clínico de cámara gesell, y no realiza un análisis de credibilidad del relato basado en criterios fundados que ameriten desmerecer los dichos de la víctima, tal como se hizo. 

III

En primer lugar, debo referenciar que la Defensa del niño/víctima de delito, se encuentra legitimada para recurrir una sentencia que atenta contra su interés superior, de acuerdo a lo previsto en el art. 103 del Código Civil y Comercial –próximo a entrar en vigencia-, art. 22 incs. k) y o) de la Ley N° 4199 y conforme lo resuelto en el Fallo “Arteaga Catalán” de la CSJN -27/11/2014-.
En el citado precedente, la CSJN entendió que no reconocerle legitimación procesal a la Defensa del niño víctima para recurrir una sentencia absolutoria desatiende “…el principio del "interés superior del niño" por el que, en consonancia con lo establecido en el artículo 3.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y conforme lo sostuviera esta Corte en reiteradas oportunidades, los órganos judiciales han de aplicar las normas analizando sistemáticamente cómo los derechos y los intereses de éstos puedan verse afectados por las decisiones y medidas que se adopten (Fallos:331:2047, entre muchos otros)”.
Por todo lo cual, la recurrente se encuentra plenamente legitimada a accionar conforme lo hizo.

IV
Ingresando al análisis del resolutorio impugnado, como adelantara, comparto plenamente los fundamentos vertidos por la Sra. Defensora de Menores e Incapaces en su libelo recursivo, a los que añadiré algunas consideraciones.
Sabido es que resulta obligación fundamental de los jueces y funcionarios investigar y sancionar los delitos de violencia sexual cuyas víctimas sean menores de edad. Dicha obligación deviene de los diversos tratados de derechos humanos suscriptos por nuestro país (arts. 19, 34, 36, 39, Convención de los Derechos del Niño, 8, 19, 25 Convención Americana de Derechos Humanos, art. 2 Convención sobre todas las formas de Discriminación contra la Mujer, arts. 2, 17, 24, 26  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención de Belem Do Para y la Directrices Nº 20/2005 de Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas).
En ese sentido, debe tenerse en cuenta que el art. 19 de la Convención de los Derechos del Niño ha de interpretarse como la obligación del Estado de proteger a los niños, niñas y adolescentes víctimas de malos tratos y abuso sexual e investigar a los autores de tales delitos. Al respecto el Comité de los Derechos del Niño, recomienda: “que los casos de violencia en el hogar y de malos tratos y abuso de niños, incluido el abuso sexual en la familia, sean debidamente investigados con arreglo a un procedimiento judicial favorable al niño y se castigue a sus autores, con el debido respeto a la protección del derecho a la intimidad del niño.” (Freeman y Terragni, “Los Derechos de NNy A víctimas de delitos y su recepción en el Derecho Argentino” con cita al Manual de Aplicación de la CDN UNICEF, Pub. Acceso a la Justicia de niños y niñas víctimas, JUFEJUS, ADC Y UNICEF). 
Se observa en las presentes actuaciones que la sentencia cuestionada es arbitraria por cuanto carece de fundamentación suficiente. Lo resuelto no se condice con las pruebas producidas en autos. En especial, con lo manifestado por M. en su relato, quien describió los hechos traumáticos vivenciados de manera clara, coherente y sin contradicciones fundamentales. 
Así, de la atenta escucha al relato brindado por la adolescente en cámara gesell, como de la restante prueba obrante en autos, se observa que M. relata con claridad los hechos traumáticos vividos, los describe en varias oportunidades e incluso expresa sentimientos de “asco” por lo que relataba. Refiere que no había contado antes lo vivido porque se sentía amenazada, insegura de hacerlo hasta tanto no viviera con su padre y además, le resultaba “incomodo” hacerlo, lo cual, fue acompañado de actitud gestual que así lo demuestra.
En el sentido señalado, considero que la sentencia recurrida utiliza parcialmente la prueba producida en autos para concluir que el relato de la niña no resultaba fiable. Cuando la fiabilidad del mismo se encuentra confirmada con la labor llevada a cabo por las licenciadas C. –Fs. 57/58-, F. –fs. 288/290-, A. y V. –fs. 155/156-.
Así, la Lic. C. en su informe refirió que “la niña evidenció estar segura y decidida a revelar los hechos de abuso de los que supuestamente habría sido víctima.- M. se expresó con lenguaje pertinente, demostrando poseer un vocabulario lo suficientemente amplio como para lograr expresar con claridad los hechos que quería contar. Al relatar los episodios de abuso, lo hizo con lenguaje fluido y apropiado para su edad.- Pudo ubicar los hechos en lugares precisos y tiempos relativos, identificar algunos detalles importantes, reproducir interacciones con el supuesto agresor, dando una idea de cual era su actitud.- La niña acompaño su relato con actitud emocional y gestual congruente con lo relatado.- El relato de la niña se escucho coherente, exento de elementos fabulosos o fantásticos que saquen al relato de un contexto de hechos posibles”.
Por su parte, las Lic. A. y V. informaron que en la entrevista desarrollada con M. “la adolescente pudo hacer referencia a situaciones de maltrato por parte de su madre y del denunciado.- En relación al hecho denunciado refirió que lo ocultó por más de un año, debido a que se encontraba amenazada por S., generando en ella un estado de temor, en el que percibía la convicción de que realmente el agresor podía cumplir dichas amenazas en perjuicio de su padre. Al respecto mencionó que sólo comunicó este “secreto” a su mejor amiga.- Si bien al momento no se observaron indicadores de estrés postraumático, se considera que la manifestación de los mismos, se encuentra velada por el síndrome de acomodación, característico en víctimas de situaciones traumáticas, el que se erige como mecanismo defensivo inconsciente, necesario para la supervivencia”.
Mientras que la Lic. F. informó que la adolescente “…ha logrado generar mecanismos psíquicos de tramitación del trauma que ha padecido, como relata la jovencita, recién ahora puede concentrarse en la escuela, estar con las amigas, dejar de estar atemorizada y pensando todo el tiempo en lo que le había sucedido. […] El trauma psíquico que genera la irrupción violenta de la sexualidad en un niño, le requiere al aparato psíquico un gran esfuerzo y gasto de energía para poder ligar el hecho traumático. Por ello M. recién ahora puede concentrarse en sus actividades y estar tranquila. Si bien un hecho traumático de estas características no se elabora de una vez y para siempre, en estas circunstancias y en función de la edad de la joven, es que considero que no debe ser expuesta, ni sometida sin que fuese su deseo, a hablar de lo sucedido, declarar, o cualquier otro acto, así sea con intenciones terapeúticas.- La reelaboración de este hecho traumático y lo que trae aparejado en tanto el contexto en el que sucedió como la edad de la víctima, tendrá otros momentos de aperturas, caros al sujeto que lo padece y de reelaboración. El sujeto necesita que el proceso de elaboración se instale, y esta instalación ha sido al momento lograda por M.”.
Como se puede observar, lo referido por las licenciadas citadas no fue debidamente ponderado en la sentencia recurrida. Ello en razón a que las mencionadas profesionales no sólo consideran que el relato de M. es fiable, sino que además dan cuenta de los motivos por los cuales la misma no demuestra estrés post trauma.
En tal sentido la “Guía de Buenas Prácticas para el abordaje de niños/as, adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos” establece que “El abuso sexual de una NNyA puede pasar desapercibido por mecanismos psicológicos de acomodación frente a lo traumático. La pequeña víctima o el/la joven adolescente suele mantenerlo en secreto, por miedo a ser castigado, responsabilizado, no creído, a posibles represalias por parte del perpetrador ante amenazas y en ocasiones también por parte del núcleo familiar y sobre todo por los desbordantes sentimientos de vergüenza y culpa que le generan este tipo de situaciones al involucrar su psicosexualidad.[…] No todas las NNyA abusadas sexualmente exhiben síntomas manifiestos de daño o de distress observables y ello no significa que no estén sufriendo. […] Las NNyA reaccionan de diferentes maneras al abuso sexual, de hecho, pocas demuestran todos los síntomas mencionados. Aún más, con la excepción del desorden por estrés postraumático (PTSD), que aparece aproximadamente en la mitad de las NNyA abusadas sexualmente, ningún síntoma o grupo de síntomas es observado en la mayoría de ellas”. (conf. Guía de Buenas Prácticas para el abordaje de niños/as, adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos. Protección de sus derechos, acceso a la justicia y obtención de pruebas válidas para el proceso. JUFEJUS. ADC. UNICEF. 2013. Pág. 74 y 76).
Por todo lo expuesto, considero que la decisión de la Cámara actuante, carece de motivación suficiente. En consecuencia, la sentencia cuya revocación se promueve no se ajusta a derecho, deviniendo arbitraria por afectar los derechos y las garantías convencionales que le asisten a la niña M.

V
	Por todo lo expresado, vengo a sostener en los términos del art. 21 inc. d de la ley K 4199 el Recurso de Casación oportunamente interpuesto por la Sra. Defensora de Menores e Incapaces solicitando se haga lugar al mismo y se deje sin efecto el resolutorio impugnado.-
Es mi Dictamen.
Viedma, 26 de mayo de 2015.
Dictamen Nº 14/15.-

Dra. María Rita Custet Llambí
DEFENSORA GENERAL
PODER JUDICIAL