Sres. Jueces:  

I
A fs. 19 de autos se confiere vista de las presentes actuaciones, a fin de que me expida previo a resolver respecto del recurso de apelación deducido y sustanciado en autos (art. 11 Ley K Nº 4199). 
El remedio es interpuesto a fs. 12 y fundamentado a fs. 14/16 por el Apoderado de la amparista Junta Vecinal Parque Melipal, contra la sentencia de fs. 9/11 dictada por el señor Juez del amparo Dr. Mariano Castro a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 1 de la IIIra. Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de S.C. de Bariloche, que dispuso: “I) Tener al peticionante por presentado y parte en el carácter invocado y tener por constituido domicilio que indica. II) Rechazar sin otro trámite la acción de amparo incoada y la pretensión de dictado de sentencia meramente declarativa interpuesta en forma subsidiaria”.
El remedio en cuestión ha sido concedido a fs. 13, en relación y con efecto suspensivo.

ANTECEDENTES DE LA CAUSA
 	 	  Se desprende –en prieta síntesis- que el peticionante solicita a través de una acción de amparo, que se declare la inconstitucionalidad de la decisión adoptada por la Asamblea de la Cooperativa de Electricidad Bariloche en relación a la creación de las contribuciones y/o aportes extraordinarios creados por aquella, como así también que se ordene el inmediato cese del cobro de los mismos.
 	 	Subsidiariamente, promueve acción meramente declarativa a fin de determinar la legalidad, constitucionalidad y alcances de la norma creada, haciendo cesar el estado de incertidumbre respecto a su vigencia.

DEL FALLO IMPUGNADO
 El Juez del amparo -tras efectuar una reseña del objeto de la acción- tiene en cuenta en primer término que la excepcional vía elegida solo procede en caso de ilegalidad y/o arbitrariedad manifiesta e inexistencia de otra vía idónea (entre otros requisitos), por lo que –adelanta- entiende que corresponde rechazar in límine la pretensión.
Señala que la peticionante cuenta con otras vías idóneas para hacer valer sus derechos. Explica que cualquier acción dirigida a cuestionar las decisiones adoptadas por la asamblea de una cooperativa, pueden canalizarse a través del procedimiento previsto por la Ley 20.337, entre otros, siendo improcedente la acción de amparo. Cita jurisprudencia en aval de su posición.
Manifiesta por otro lado que si bien el nuevo art. 43 de la Constitución Nacional establece que en el caso de la acción de amparo “el Juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva”, y que conforme la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia procede contra la ley, decreto, ordenanza, resolución o reglamento que estatuya sobre materia regida por la Constitución de la Provincia, en el caso de autos, se pretende la declaración de inconstitucionalidad de una decisión adoptada por el órgano deliberativo de una persona jurídica de carácter privado, como es la Cooperativa de Electricidad Bariloche.
Menciona al respecto jurisprudencia de ese Cuerpo que refiere que si bien el juez puede declarar la inconstitucionalidad de una norma, no por ello es menos cierto que la violación de derechos y garantías debe ser francamente manifiesta, clara y evidente, de una gravedad tal que no admita dilación ni alternativa en contrario posible. Asimismo, que este principio se fundamenta en la necesidad de agotar una etapa de mayor amplitud de debate y prueba, ajena al ámbito procesal de la vía elegida. 
Trae a colación en tal orden distintos pronunciamientos de ese Cuerpo que aluden a la improcedencia de la acción cuando no se evidencia manifiestamente la arbitrariedad e ilegalidad de la lesión invocada, o cuando su constatación merece un debate y prueba más o menos complejo. Expone que lo propio ocurre cuando existen otros ámbitos propios de resolución para la cuestión sometida a decisión, recordando que se ha señalado que admitir lo contrario, supone autorizar el amparo como la forma habitual para corregir lo que eventualmente debe ser examinado por el normal sendero procesal o legal, con adecuado marco probatorio dentro del debido proceso.
Merced a ello expresa que, existiendo al alcance del peticionante remedios procesales idóneos a fin de hacer valer sus pretensos derechos y, dado que no concurren los requisitos para la viabilidad de la acción intentada, corresponde desestimar sin más trámite el amparo incoado.
Ya en lo que respecta a la acción meramente declarativa, explica el Magistrado a quo que sólo procede cuando “no existe otro medio legal para terminar inmediatamente con un estado de incertidumbre (artículo 322 del código procesal…)”. Menciona al respecto jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la cual ha supeditado su admisibilidad a “la necesaria satisfacción, rigurosa, de las cargas técnicas de procedencia que establece el art. 322 del cod. procesal ... condiciones que han de reunirse y considerarse existentes, con plena actualidad, al momento de su planeamiento y decisión”.
Explica al respecto el a quo que la razón del requisito estriba en que la acción meramente declarativa opera de manera preventiva, para evitar que se produzca la lesión, violación o menoscabo que genera el estado de incertidumbre o de falta de certeza y en la medida que ello sea susceptible de poder causar eventualmente una lesión o perjuicio, añadiendo que: “no persigue el inveterado criterio reparador y consiguiente compulsión que de común se le otorga al órgano jurisdiccional…”. 
Consigna merced a lo expuesto que tal acción declarativa es inadmisible para juzgar anticipadamente la legalidad de las “resoluciones asamblearias” de la CEB y si causan o no un perjuicio.
Explica asimismo el Juez que no se puede soslayar que la tutela jurídica que brinda el artículo 322 del código procesal, está reservada para quien “no dispusiere de otro medio legal para ponerle término inmediatamente” al estado de incertidumbre que invoca. Entiende así que al contar la accionante con otros medios específicos para hacer cesar el eventual estado de incertidumbre que invoca, se pone de manifiesto que la acción meramente declarativa articulada en forma subsidiaria debe desestimarse.
Finalmente, señala el a quo que -tal como surge del escrito de inicio- no existe un estado de incertidumbre sobre el alcance y vigencia de la decisión adoptada por la CEB, sino que existe un conflicto actual y concreto respecto de la validez de la misma, cuya solución debe intentarse por la vía correspondiente.

DEL MEMORIAL DE AGRAVIOS
En lo fundamental y, sin perjuicio de remitirme in extenso a los fundamentos vertidos en el escrito respectivo, expone básicamente el letrado de la amparista a fs. 14/16 que el fundamento del Juez del Amparo resulta tan errado como improponible. Sostiene al respecto que las resoluciones asamblearias que disponen los aumentos encubiertos de la CEB, datan de años 2006, 2013 y 2014, por lo que resulta imposible a la fecha implementar la acción de impugnación propuesta y/o cualquier otra que no sea la intentada por la vía del amparo.
Añade que tampoco ello ha sido materialmente posible toda vez que –expresa- su mandante no tuvo posibilidad alguna real y concreta de implementar en tiempo y forma la vía de impugnación dispuesta por la normativa a la que remite la sentencia recurrida, manifestando que: “la CEB ocultó durante todo el tiempo posible y por todos los medios que se encontraban a su alcance los términos de 1as Asambleas que dieron creación a los aportes extraordinarios ilegales”.
Tilda finalmente al decisorio de “formal y apresurado”, utilizado para evitar resolver el fondo de un planteo que –dice- le ocasiona un grave perjuicio a una Asociación que representa a cientos de vecinos. Señala al respecto que lo que aquí se trata es que: “… la justicia revise y/o analice la constitucionalidad de una resolución en asamblea y eventualmente la deje sin efecto (tal como se hubiera intentado para el caso de ser posible una impugnación en los términos de la ley 20337 art. 62) atento que dispone de forma arbitraria un aporte absolutamente ilegal, cuyo tratamiento aparece imperioso más allá de los argumentos meramente formalistas y dogmáticos que aparecen como impedimentos para el juez de grado”.

II
Ingresando en el análisis del recurso impetrado, considero que el mismo no consigue demostrar el hipotético desacierto en que habría incurrido el Juez del Amparo al rechazar la acción incoada, circunstancia ésta que, desde mi punto de vista, ha de obstar por sí misma al progreso del remedio en cuestión.
Sabido es que este tipo de apelaciones de carácter extraordinario deben ser ponderadas de manera estricta, es decir, comprobando la existencia de una exhaustiva crítica razonada y concreta de las partes del fallo que se consideren equivocadas, como así también de la ley o doctrina que se considere violada o erróneamente aplicada. Todo lo cual -evidentemente- no se ha cumplimentado. 
En este orden se aprecia que conforme al derrotero de las presentes actuaciones referenciado ut supra, los argumentos esgrimidos por la parte recurrente resultan a todas luces inviables. 
Viene sosteniendo de manera reiterada ese Superior Tribunal que es insuficiente fundar el recurso de apelación con argumentos que se limitan a la mera transcripción de preceptos legales y a consignar su discrepancia con el criterio del juzgador, no constituyendo la crítica concreta y razonada que exige la normativa procesal para fundar el recurso (Conf. STJRNS4, Se. 166/14 en autos: “A., G. E. C/ CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION S/ ACCION DE AMPARO -ART. 43 C. PCIAL.- S/ APELACION", Expte. Nº 27434/14-STJ-).
Por lo demás, el temperamento adoptado por el Juez se condice con el criterio permanentemente sostenido tanto por esta Procuración General como por ese Cuerpo al señalar que esta excepcional garantía -en cualquiera de sus modalidades- es un remedio excepcional, urgentísimo, encaminado a superar una lesión insuperable por todo otro medio previsto en la legislación, alegando y acreditando un daño para el presentante de carácter presente o de inminencia innegable. 
Las circunstancias del caso no se condicen con esa excepcionalidad característica de este tipo de acciones, o por lo menos no ha sido así alegado ni mucho menos demostrado por la parte actora en su presentación, quien por otro lado y, tal como ha sido indicado por el Magistrado al rechazar la pretensión, posee una instancia alternativa para hacer valer sus derechos.
 Así v. gr. cabe recordar que ese Tribunal ha sostenido reiteradamente que: “… las acciones procesales específicas (arts. 43 a 45 de la Constitución Provincial) quedan reservadas para los casos de extrema urgencia y de una gravedad tal que habilitan al Juez a proveer el amparo del derecho vulnerado, pero agregando que no todo desconocimiento de un derecho pone en acto esta intervención excepcional. Así, se ha dicho que este tipo de acciones sólo procede cuando se han cercenado derechos y garantías constitucionales que no encuentran adecuados medios para su defensa. Puesto que en las acciones previstas en los arts. 43, 44 y 45 de la Constitución Provincial son de imprescindible acreditación los requisitos de urgencia, gravedad, irreparabilidad del daño e ilegalidad manifiesta, requisitos que adquieren valor jurídico cuando caracterizan una violación a un derecho constitucional, pero no a cuanta violación soporte todo derecho consagrado por el constituyente. Esta garantía no se aplica automática y genéricamente, y sólo está contemplada para aquellas situaciones que ante la urgencia y la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta no puedan hallar remedio en otras vías idóneas disponibles” (Conf. STJRNCO,  SE. 18/13 en autos: “M., C. L. S/ AMPARO S/ TESTIMONIO DE APELACION S/ APELACION" (Expte. Nº 26246/12 - STJ).
Por lo demás, el argumento central del apelante se circunscribe a manifestar –como vimos- que resultaría imposible a la fecha implementar la acción de impugnación propuesta y/o cualquier otra que no sea la intentada por la vía del Amparo.
Tal agravio encuentra respuesta desde mi óptica en la reiterada doctrina de ese Cuerpo según la cual: “Es sabido que la vía intentada sólo puede atender a situaciones especialísimas en las que de ningún modo se presenten medios administrativos o judiciales idóneos, y en las que los actos que supuestamente restringen un derecho se expresen de modo francamente manifiesto, claro y evidente, de una gravedad tal que no admita dilación alguna. Por ello, es improcedente el amparo contra decisiones adoptadas por las autoridades públicas en tanto permitan su progresivo cuestionamiento hasta su  agotamiento” (Conf. STJRNCO, Se. N° 101/14 en autos: “COMUNIDAD MAPUCHE S/ AMPARO S/ APELACION”, Expte. 27231/14,  con cita a STJRNS4, Se. 4/04, “Z.”). El destacado me pertenece.
 De allí que la temática en cuestión deba encauzarse a través de las vías estipuladas por la normativa aplicable (Ley de Cooperativas N° 20.337, art. 62, Ley de Sociedades N° 19.550, art. 251), que determinan un cauce procesal judicial, tal como fuera reflejado v. gr. y “Mutatis mutandis” por ese STJ en la causa: “RESERVADO s/ SUSPENSION CAUTELAR DE ASAMBLEA s/ CASACION”, Expte. N° 23990/09 STJRNSC, Se. 24/10). 
Merced a ello,  reproches como los aquí traídos han de ser  instados ante la instancia judicial ordinaria a través de las medidas, acciones y recursos previstos a tal fin.
Finalmente, cabe consignar que tampoco ha de conmoverse lo resuelto por el Magistrado al denegar el pedido subsidiario vinculado a la promoción de la sentencia meramente declarativa, el cual ha merecido un motivado rechazo por parte del Juez interviniente y cuyos fundamentos ni siquiera han sido atacados en la actual instancia.
Como corolario de todo lo expuesto, resulta clara la improcedencia de la pretensión del accionante, toda vez que no ha acreditado el cumplimiento de los extremos formales antes descriptos, siendo éste el motivo esencial que impide acceder a la acción prevista por el art. 43 de la Constitución Provincial y a la medida solicitada en subsidio. 
Luego –como ya dijera- no acredita la parte recurrente en la actual instancia la inviabilidad de lo decidido por el Magistrado del Amparo, constituyéndose tal circunstancia por sí misma en un obstáculo que impide acceder a la pretensión.
En suma, considero que corresponde el rechazo del remedio interpuesto. 

III
En función de las consideraciones efectuadas precedentemente, opino que ese Cuerpo debe proceder a rechazar el recurso de apelación impetrado, confirmando -por ende- la sentencia aquí impugnada. 
Es mi dictamen. 
                                 Viedma,    1    de     marzo              de 2017.

Silvia Baquero Lazcano
Procuradora General
Poder Judicial
DICTAMEN Nº        19        /17.