Dictámen Nro: 0031/07 - - Expediente Nro: 21823/06
Fecha Dictámen: 2007-02-21

Carátula: C. M. “L. L.” s/ Acción de Inconstitucionalidad Leyes Pciales. Nº 279, 1183, 4096, Ords. Mcples. Nº 92/75 Nº 2583/97, Disposición Administrativa Nº 269 y Decretos Nº 2094/75 y 813/94

Materia: Inconstitucionalidad- - Fuero: Originarias
TEXTO DICTAMEN
  
Excmo. Tribunal: 
I
Vienen estos autos en vista a la Procuración General a fin de que me expida sobre la competencia originaria para actuar en la presente acción, en razón de la temporaneidad de la interposición y la legitimación invocada por el accionante.
La actora comparece ante V.E. solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Provincial Nº 279, la Ord. Mcpal. Nº 92/75, la Ley Nº 1138, la Ordenanza Nº 2583 de la Municipalidad de Gral. Roca, la Disposición Administrativa Nº 269 de la Dirección de Tierras y Colonias de la Pcia. de Río Negro, la Resolución Nº 260/96 del Gobierno de la Pcia. de Río Negro, el Decreto Nº 2094/75 y el Decreto Nº 813; en virtud de que dichas leyes, decretos, ordenanzas y los actos administrativos dictados en su consecuencia -dice- lesionan, restringen, alteran y amenazan con ilegalidad y arbitrariedad manifiesta la posesión tradicional que viene ejerciendo en forma pública e ininterrumpida L. L. en los lotes 5, 6, 7, 10, 11, 12, 27, 28 y 29 e islas y bancos de la Colonia Pastoril EL CUY, en la Provincia de Río Negro, en los términos que declara y reconoce el art. 75 inc. 17, 19, 22 y 23 de la Constitución Nacional; los derechos consagrados en el Convenio 107 y 169 de la OIT; art. 42, 14 y el art. 21 de las Disposiciones complementarias y Transitorias del Régimen Municipal de la Constitución Provincial; todo en concordancia con la ley 23302, ley 2287/88 y la ley 24375.
Y en consecuencia peticiona que se revoque la adjudicación de dominio que se otorgara a la Municipalidad de Gral. Roca en relación a las tierras identificadas como Lote 11 de la Colonia El Cuy, Pcia. de Río Negro, transformándola en adjudicación comunitaria a favor de la comunidad “L. L.”, previa demarcación territorial en base a la real y efectiva posesión en los lotes 5, 6, 7, 10, 11, 12, 27, 28 y 29 de la Colonia Pastoril El Cuy inclusive las islas y/o bancos de tierras de posesión de la comunidad. 
Invoca su calidad de Comunidad del Pueblo Nación Mapuche en los términos del art. 2 y 3 de la Ley 2287 y art. 1 y 12 del convenio 169 OIT – ley 24071, Art. 31 de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia – Ley 3830, siendo poseedores tradicionales -sostiene- del territorio “ut supra” identificado.
II
Analizaré, liminarmente, la temática de la temporaneidad de la presentación y la consecuente competencia originaria de V.E. para conocer en la misma. Sentado que se trata -conforme lo expresa la propia actora- de un Juicio de Inconstitucionalidad del art. 793 del C.P.C. y C., la competencia de V.E. surgiría en orden a que se encuentran afectados derechos que trascienden el mero interés personal -afirman- por tratarse de derechos fundamentales de naturaleza colectiva con jerarquía constitucional, por lo que resulta de aplicación la excepción prevista en el art. 795 del mismo plexo ritual.
En la referida norma se especifica que no regirá el plazo de treinta días, computados desde que el precepto impugnado afecte concretamente los derechos patrimoniales del actor, cuando se trate de normas de carácter institucional, o que afecten derechos de la personalidad no patrimoniales.
La temática central consiste, entonces, en analizar si estamos frente a una cuestión de carácter institucional o que afecte derechos de la personalidad no patrimoniales.
Al respecto, resultará esclarecedor citar la Jurisprudencia sentada por V.E. in re “ALIKHANOF” donde ese Alto Cuerpo resolvió que “Inicialmente admitamos que institucional, en la acepción que deviene como absolutamente lógica de la norma analizada, tiene referencia a todo aquello vinculado con los superiores intereses de la comunidad. Institucional será lo que afecte al todo social, a las ideas de Nación o de Patria. Que resulte anejo a la estructura del Estado, a sus partes, Poderes, a la Federación, a las Provincias, incluyendo aspectos de orden patrimonial cuando esté en juego la soberanía o la autonomía, o acaso alguna resultante financiera en la que esté interesado el Fisco como tal (regalías, recursos naturales, impuestos, etc.). Porque sólo la protección especial que merecen las instituciones, y la eventual lesión que a las mismas pueda inferir la norma sospechada de inconstitucional, autorizan la inexistencia de plazo limitante”.
En mi opinión, se advierte con claridad que estamos en presencia de cuestiones que trascienden el mero interés personal para comprometer a los de toda una sociedad jurídicamente organizada, incluyendo a las partes que la integran, al invocarse el compromiso de derechos de las comunidades originarias y eventualmente estar comprometidas normas del ordenamiento de fondo, como así también, la propia seguridad jurídica.
Se pretende debatir en autos la temática vinculada a “la cuestión indígena”. Respecto de la misma dijo V.E. que “La cuestión de las comunidades originarias y sus derechos no pueden pasar tangencialmente, pues son esenciales para una sociedad democrática, moderna y fundamentalmente plural, que quiere vivir en estado de derecho en consonancia con las otras naciones libres y desarrolladas, con vigencia de los derechos humanos, efectivo acceso a la justicia y seguridad jurídica . . . Son buenas las experiencias académicas, pero el Estado debe pasar a la acción. Los Poderes Políticos tienen que establecer y ejecutar políticas activas y el Poder Judicial, caso por caso, interpretar y aplicar el derecho, contemplando todos y cada uno de los contenidos que aquí se han expuesto, con conocimiento e información, serenidad, integralidad, prudencia, sin excesos, con rigor científico, para cumplir nosotros los jueces, con el deber de ser justos en plenitud. En orden al derecho de las comunidades originarias, a partir de aquí nadie puede hacerse el desentendido, ni dejar de aplicar las normas de carácter local, nacional y supranacional en vigencia, pero a la vez conocer, respetar y en cuanto corresponda también aplicar el ancestral derecho comunitario de los Pueblos Originarios, dentro del concepto de autonomía descripto por el Profesor Dr. Eugenio Palazzo, aquí presente. . .” (Cf. Seminario Judicial Patagónico del Derecho de las Comunidades Originarias, días 28 a 30 de octubre de 2004 en Viedma) (Voto del Dr. Lutz) (se. 72/05 “CO.DE.CI. de la Pcia. de R. N. s/ Acción de Amparo, 16.8.05).
La trascendencia de la cuestión que es objeto de la litis, el plexo normativo invocado en que fue encuadrada (entre otros, Ley 2287, art. 42 de la CP, Ley 23302, inc. 17 del art. 75 de la C.N. conforme reforma constitucional de 1994, Convenio 169 de la O.I.T. sobre Pueblos indígenas y tribales, aprobado por la 76ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo reunida en Ginebra, incorporada con anterioridad a la legislación nacional el 4.3.92, me llevan a sostener que la cuestión que se ventila en autos trasciende el mero interés personal y va más allá de la afectación de derechos patrimoniales de la actora para conformar una cuestión de carácter institucional.
También ha dicho V.E. “Que ante la puesta en crisis de la constitucionalidad de normas de carácter institucional, no es aplicable el plazo limitante establecido en el art. 794 del plexo ritual cuando con claridad se está en presencia de cuestiones que trascienden el mero interés personal para comprometer a los de toda una comunidad jurídicamente organizada, como es un Estado Provincial (se. nº 38 in re: “Sangiuliani” del 20.11.96)”. (“G. R. s/ Acción de Inconstitucionalidad” se. 133/01, del 31.7.01).
III
En cuanto a la legitimación invocada por el accionante resulta insoslayable señalar que el artículo 207 de la constitución Provincial limita la aptitud para ejercer la acción de inconstitucionalidad originaria, a quienes tengan un interés en la obtención de la inconstitucionalidad de la norma en cuestión. Esto es así ya que el texto referenciado establece en el acápite 1, que el Superior Tribunal de Justicia tendrá competencia originaria para entender acerca de esta acción siempre que la inconstitucionalidad de las normas se “controvierta por parte interesada”. Quien pretende ejercer el remedio de la inconstitucionalidad debe tener un interés legítimo, el actor debe ser el titular de la relación jurídica sustancial en que se funda la pretensión. La falta de aquella titularidad significa carecer de derecho a que se resuelva lo que se solicita en la demanda.
El artículo 207 de la Constitución Provincial requiere que para que V.E. conozca y resuelva acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas que estatuyan sobre materias regidas por la Constitución, quien la controvierta sea parte interesada. Y, la actora en autos acredita, en principio, tal condición.
Funda su legitimación activa en su carácter de Comunidad del Pueblo Nación Mapuche y como Autoridades de la Comunidad L. L..
Ese STJ ha resuelto que “En lo referido a los argumentos encaminados a sostener la falta de legitimación del Organismo para representar en juicio a la Comunidad Indígena, no estando habilitado para hacerlo contra la Administración de la cual forma parte, dependiendo dentro del organigrama del Ministerio de Gobierno, considero que el mismo es un mero formalismo a la luz de la normativa establecida en la constitución Nacional, cuando en su art. 75 inc. 17 se refiere a que dentro de las atribuciones del Congreso Nacional se encuentra la de reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano y asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Es más, agrega la norma que las Provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. Ante tal claro texto constitucional no cabe duda, a mi entender, que corresponde reconocer en la presente causa la legitimación que se pretende objetar. (Voto del Dr. Sodero Nievas)”. (CO.DE.CI.”, AU 216/04 del 3.11.04).
También sostuvo en los mismos autos que “La legitimación, como presupuesto de la acción, requiere de modo insoslayable su invocación y acreditación y es indudable que en autos se ha cumplido con estos requisitos al sostener los demandantes que la accionante es la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche, quien elige por consenso a los representantes del Pueblo Mapuche ante el CO.DE.CI., de donde el Presidente ante dicho órgano goza de la legitimación para representar al Pueblo Mapuche ante cualquier autoridad, en este caso ante la jurisdicción”.
En estos autos, la accionante es la Comunidad Mapuche “L. L.” y comparecen las Autoridades de la misma, la que se encuentra reconocida con Personería Jurídica por ante el RENACI (Registro Nacional de Comunidades Indígenas).
IV
Por todo ello, y en especial consideración de que en el caso de autos se encontraría una posible afectación de normas de carácter institucional, corresponde declarar la competencia originaria de ese Superior Tribunal de Justicia para entender en los presentes, procediéndose a correr traslado a la contraria para que de tal modo manifieste su posición y ejercite su derecho de defensa en el conflicto planteado, lo que así dejo solicitado.
Es mi dictamen.
Viedma, 21 de febrero de 2007.

Dra. Liliana Laura Piccinini
Procuradora General .
Poder Judicial . 

DICTAMEN Nº 31/07.