Dictámen Nro: 0038/06 - - Expediente Nro: 20544/05

Fecha Dictámen: 2006-03-07

Carátula: O., P. L. s c/ Correo Argentino S.A.s/ Ordinario s/ Inaplicabilidad de Ley

Materia: Competencia- - Fuero: Laboral
TEXTO DICTAMEN
  
Excmo. Tribunal: 
I
V.E. requiere dictamen en las presentes actuaciones a este Ministerio respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte incidentista a fs. 174/191 vta.
El mismo se deduce contra la sentencia de la Cámara del Trabajo de la IV Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cipolletti de fecha 29.6.05 obrante a fs. 166/169 que rechaza las excepciones de incompetencia e inhabilidad de título opuestas por la incidentista a fs. 124/131 como así también el planteo de inembargabilidad.
A modo de introito, es dable practicar una reseña de las presentes actuaciones. En el principal, el actor reclamó indemnización por despido sin justa causa producido el 13.3.03 contra su empleador: CORREO ARGENTINO S.A., empresa privada que estuvo a cargo del servicio postal hasta el 19.11.03, fecha en que fue reestatizado. Trabada la litis, el pleito terminó en conciliación mediante acuerdo que fue homologado el 21.11.03 (fs. 100 y vta.).
Tal acuerdo conciliatorio resultó incumplido por el deudor CORREO AREGENTINO S.A. y el accionante inicia ejecución de sentencia en su contra, ordenándose traba de embargo sobre bienes de la demandada, librándose mandamiento y citándola de venta. El oficial notificador hace saber a la Cámara (fs. 113 vta.) que devuelve el mandamiento sin diligenciar en función de que habiéndose constituido en el domicilio indicado fue atendido por el Sr. M. B., director del lugar quien le manifestó que no funciona más el Correo Argentino S.A. y que por Decreto 1075 y 1076 pasó al Estado y se llama “Correo Oficial” desde el 20.11.03. Agrega que le es informado que una parte pequeña del Correo Argentino S.A. está funcionando en Buenos Aires poniendo en su conocimiento que su dirección es: Carlos de la Parlera 299, Piso 27, Capital Federal.
Los apoderados de la parte actora se presentan ante la Cámara sosteniendo que CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, EMPRESA DEL ESTADO resulta continuadora de los derechos y obligaciones de la ex empleadora y demandada en autos: CORREO ARGENTINO S.A. Invocan el proceso de privatización operado en la década del 90 donde la jurisprudencia acogió el criterio de que ante la transferencia de las empresas que habían pertenecido a entes estatales correspondió aplicar la tutela que la Ley de Contrato de Trabajo otorga a los créditos laborales en ocasión de la transferencia de establecimientos (arts. 225 a 228) e imponiendo la solidaridad entre transmitente y adquirente respecto a estas obligaciones. Como consecuencia de ello, entendiendo aplicables al caso los artículos mencionados de la LCT solicitan que se libre mandamiento de intimación de pago y embargo a la empresa CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, EMPRESA DEL ESTADO por los mismos importes que el ya librado en autos contra CORREO ARGENTINO S.A. 
A fs. 121 la jueza de la Cámara Laboral Dra. Aída Dithurbide ordena el libramiento del mandamiento de embargo peticionado contra la firma CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, EMPRESA DEL ESTADO. Invoca para ello los artículos 225 y 228 de la LCT y jurisprudencia citada. El mandamiento es diligenciado embargándosele a la empresa estatal “la caja diaria de la casa central del correo de Neuquén y de Cipolletti en el porcentaje que se determine” (fs. 123).
A posteriori, se presenta el Estado Nacional Argentino, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Comunicaciones, Correo Oficial Unidad Administrativa Decreto 1075/2003, dando respuesta a la citación de venta, contestando la citación, oponiendo excepción de falsedad de la ejecutoria, incompetencia e inembargabilidad de los bienes atacados. 
Al contestar la citación y demanda la referida Empresa Estatal invocando la gestión procesal y la Unidad Administrativa del Dec. 1075/03, peticiona el levantamiento del embargo con tercería y la falta de legitimación porque se trata, el afectado, de un sujeto diferente al demandado. También interpuso falsedad de la ejecutoria, inhabilidad de título, falta de legitimación pasiva y violación de la cosa juzgada. 
En tanto en el Capítulo IV plantean la incompetencia por ser, la presentante que resultó embargada, persona jurídica estatal invocando la aplicación de la Doctrina de V.E. expuesta in re “BRAESE” y el art. 2° del Dec. 1075/03.
La Cámara lo tiene por presentado y por parte ordenando el traslado de las peticiones. La parte actora contesta el traslado pidiendo el rechazo de las excepciones. Fundamenta en que la responsabilidad de pago de la tercerista e incidentista respecto de las obligaciones laborales de la empresa privada surge de las disposiciones de la ley laboral, en sus artículos 225 a 228.
En cuanto al rechazo de la excepción de incompetencia argumenta en forma confusa que se pretendería sostenerla en función de la materia sobre la que versa la litis y no sólo en atención a la calidad del sujeto afectado, el Estado Nacional. Invoca los arts. 506, 507 y concordantes del C.P.C. y C. deduciendo que de esos principios surge que esta excepción sólo puede fundarse en hechos posteriores a la sentencia. También hace mención al art. 6 inc. 1) del código ritual que establece el principio de que en el proceso de ejecución de sentencia será juez competente el del proceso principal.
El Tribunal del Trabajo rechazó la excepción de incompetencia denegando el fuero federal citando sin más el art. 6 inc. 1° del CPC y C., rechazando también las demás excepciones. Contra dicho decisorio la parte incidentista introduce el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley respecto del cual se me requiere dictamen. 
II
Resulta insoslayable analizar de manera excluyente la cuestión de competencia introducida en estos autos porque según como se resuelva dependerá si es o no V.E. quien tendrá que entender en los restantes planteos de inhabilildad de título y de inembargabilidad.
Sostiene el Fallo puesto en crisis, en su item. II que, respecto de la excepción de incompetencia, la misma no se encuentra contemplada en las permitidas por el art. 506 del C.P.C. y C. y que, como dije supra, es de aplicación el art. 6 inc. 1° del mismo texto legal, razón por la cual debe rechazarse sin más.
La Cámara con tan escueto argumento soslaya lo que constituye la cuestión central a decidir en estos autos. Analizaré primeramente si la excepción de incompetencia puede o no articularse en este proceso de ejecución de sentencia, en virtud de que no se encuentra expresamente incluida en el citado artículo 506 del rito civil y por ser ése el argumento utilizado en el fallo para desestimarla.
Al respecto, estudiando la temática de la referida norma, la doctrina ha sostenido que la enumeración contenida en ella no es una enumeración taxativa. Santiago C. FASSI en el CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL, Editorial Astrea, T. II, págs. 206/207, dice que: “No es enumeración taxativa. Durante la vigencia de un texto análogo, el del art. 539 del código derogado, se formó una juiciosa jurisprudencia que amplió el número de las excepciones admisibles, que consideramos tienen vigencia frente al nuevo texto, pues mediando las circunstancias que la justifican no sería posible llegar a la venta de los bienes embargados” (conf. Palacio, Colombo).
Refiriéndose específicamente a la excepción de incompetencia el mismo autor (ob. cit. pág. 207) afirma que “Es en primer lugar oponible la excepción estrictamente procesal de incompetencia, pues es un presupuesto que la ejecución se deduzca ante juez competente”.
Coincidiendo con el mismo criterio, el maestro Palacio sostuvo que “Pese al carácter taxativo que surge del texto de este artículo, la Jurisprudencia se ha pronunciado a favor de la admisibilidad de las excepciones procesales, como las de incompetencia (art. 501); falta de personería; nulidad de la ejecución y defecto legal” (Lino Enrique PALACIO, Adolfo Alvarado BELLOSO, CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, Tomo Noveno, Ed. Rubinzal-Culzoni, 1995, pág. 114).
En consonancia con la opinión expuesta precedentemente por los citados tratadistas, comentando el art. 506, FINOCHIETO-ARAZI afirman que respecto de las excepciones no enunciadas en el Código “Si bien el precepto comentado comienza ordenando una regla taxativa -“sólo se considerarán legítimas”-, desde antaño, es decir, vigente el código de 1880, al decir de FASSI, se formó “una juiciosa jurisprudencia que amplió el número de excepciones admisibles”. Por eso, las destinadas a controlar la regularidad del contradictorio (capacidad, personería, competencia) no pueden ser ignoradas, así como el defecto de legitimación para obrar” (CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, Tomo 2, Editorial Astrea, 1993, pág. 626.
Con lo dicho, queda claro que la Cámara sentenciante debió haber analizado y expedirse respecto de la excepción de incompetencia articulada y no descartarla de plano sin fundamentación alguna.
III
En cuanto a la invocación al art. 6 inc. 1° del C.P.C. y C. como la otra razón para desecharla, es necesario advertir que si bien es cierto que en el mentado artículo se establece que será juez competente en los incidentes, tercerías. . . el del proceso principal, no es menos cierto que el mismo comienza diciendo: “A falta de otras disposiciones será juez competente:. . .”. Y en el sub examine existen esas “otras disposiciones” y son, precisamente, de raigambre constitucional. Tal la disposición del art. 116 de la Constitución Nacional que en el Capítulo Segundo, Atribuciones del Poder Judicial, art. 116 reza: “Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación. . .; de los asuntos en que la Nación sea parte. . .”.
La regla del art. 6 inc. 1° del C.P.C. y C. invocada por la Cámara sentenciante coincide con la del art. 501 inc. 1° y preceptos similares según los cuales al juez del proceso principal compete, entre otros casos, conocer en la ejecución de sentencia pero “Este principio cede, sin embargo, cuando por razones de orden constitucional el órgano que dictó la sentencia carece de competencia para conocer de su eventual ejecución” (PALACIO, ob. cit. pág. 101).
La justicia ordinaria provincial, la Cámara de Trabajo de Cipolletti resulta incompetente para entender en estos autos desde el momento que se anotició de la finalización de la concesión del servicio postal estatal por parte del Correo Argentino S.A. y consecuentemente de la existencia de la Empresa estatal. Frente a esa toma de conocimiento debió declarar su incompetencia y no proceder como lo hizo ordenando el libramiento de embargo contra Correo Oficial de la República Argentina, Empresa del Estado. Simplemente porque no es la parte demandada, resultando un tercero ajeno al juicio. 
Para hacerlo invocó los arts. 225 y 228 de la LCT que refieren a transferencia de establecimientos por los cuales las obligaciones emergentes del contrato de trabajo pasarán al sucesor o adquirente como así también la solidaridad entre transmitente y adquirente. Tuvo en cuenta el escrito presentado por la parte actora a fs. 120 donde invoca la aplicación de tales artículos y cierta Jurisprudencia. Amén de que la Jurisprudencia citada es referida a procesos de privatización llevados a cabo en la década del 90 y el caso del Correo se trató exactamente de lo contrario, de una reestatización; la Cámara se basa y tiene por ciertos los dichos expuestos en media página por la ejecutante donde se argumenta que la Empresa estatal es continuadora de los derechos y obligaciones de la ex empleadora y demandada en autos, nada de lo cual es acreditado ni ofrecido hacerlo.
A más, lisa y llanamente desconoce el derecho, concretamente la disposición del art. 230 de la misma LCT, el cual trata sobre la Transferencia a favor del Estado y establece que “Lo dispuesto en este título no rige cuando la cesión o transferencia se opere a favor del Estado. . .”.
La excepcionante considera, con rigor científico, que no hubo transferencia de Correo Argentino S.A. (CASA) a la empresa estatal (CORASA) toda vez que a la primera se le revocó la concesión para operar el servicio postal nacional mediante Decreto N° 1075 de fecha 19.11.03, creándose la Unidad Administrativa dependiente de la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, es decir una persona jurídica distinta de carácter eminentemente estatal. No hay transferencia -sostiene- en tanto no hubo solución de continuidad entre CASA y CORASA, sino dos actos administrativos, por lo que no resultaría de aplicación el principio de solidaridad laboral del art. 228 invocado por el Tribunal para ordenar el libramiento de embargo.
Pero aún poniéndonos en el hipotético supuesto de que la hubiera habido, resulta de total aplicación el mentado artículo 230 de la Ley laboral. Glosando dicho artículo sostiene Miguel Ángel SARDEGNA (LEY DE CONTRATO DE TRABAJO, Editorial Universidad, Novena edición actualizada, 2004, pág. 520) que “Hasta aquí se ha analizado la transferencia o cesión que en forma permanente o precaria tiene lugar entre dos particulares, sin embargo éste no es el único caso en que el trabajador cambia de empleador, ni necesariamente éste ha de ser un particular, pues como bien lo prevé la ley, el Estado puede adquirir el rol de adquirente, en cuyo caso lo dispuesto en los artículos 225 a 229 de la Ley de Contrato de Trabajo carece de vigencia, pues no rigen cuando la transferencia se opera a favor del Estado”. 
Nunca debió haberse librado el mandamiento a la Empresa Estatal, por múltiples consideraciones, pero en lo que hace a la cuestión que analizo, porque se carecía de competencia para hacerlo en función de que la empresa a la que se pretende ejecutar, que no es parte y menos aún demandada, es una empresa estatal nacional, lo que origina la competencia federal ratione personae. El Tribunal actuante debió declararse incompetente de oficio ante la noticia de que la parte a la cual pretendía ejecutarse era una empresa perteneciente al Estado Nacional y no lo hizo; pero tampoco actuó como debió hacerlo cuando el ejecutado planteó la pertinente excepción. Dice Santiago FASSI (ob. cit. T. II, pág. 280) “Si se trata de incompetencia relativa, sólo cabe declararla si el ejecutado opone la correspondiente excepción. La incompetencia absoluta puede ser declarada de oficio hasta la oportunidad de la sentencia”. En el sub examine no fue declarada de oficio ni ante la articulación de la pertinente excepción. 
IV
V.E. se ha expedido reiteradamente en causas donde se planteaba la misma cuestión que en los presentes autos. Así sostuvo ese S.T.J.: “Que en razón de la materia puesta a consideración del Tribunal y asimismo de la persona demandada, que resulta ser un organismo nacional corresponde que esta litis tramite ante la justicia federal (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional). Es sabido que por muchas facultades que tenga el Juez del amparo, y aún admitiendo su potestad jurisdiccional sobre todo otro poder o autoridad pública, va de suyo que la primera de las condiciones que debe reunir ese juez es su competencia. Sin ella no podría jamás llegar a constituirse en Juez del amparo, pero un Juez de la Provincia no puede entrar a entender en un asunto donde la materia no sea de concreta competencia provincial (STJ., Aut. Int. N° 126/92, “MARTEGOUTTE de R. MEJÍA, del 27.11.92). Existen cuestiones de competencia que son ineludibles y supuestos de esta índole ya han dado origen a fallos del mismo Tribunal Supremo, como el dictado el 26 de agosto de 1959 in re: “Asociación Bancaria San Juan”, en el que se había declarado la competencia de la justicia federal para conocer en un amparo contra un acto de autoridad nacional (“Acción de Amparo”, Seminario sobre Jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, Universidad Católica Argentina, 1999, p. 102). En la presente causa no cabe duda que el amparo se plantea contra un acto de ese carácter”. (Auto interlocutorio N° 400, in re: “JESÚS ARROYO S.A.C.I.A.”, del 10.9.03).
En el precedente “ACUÑA” (se. n° 47 de fecha 25.4.94) citado por CORASA (Correo Oficial de la República Argentina) la entonces Jueza de ese Alto cuerpo Dra. Nelly Azucena Flores se remite a un fallo de la Corte suprema (in re “AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA”) que está referido a una acción planteada como consecuencia de la prestación de servicios a una empresa privada, cuando precisamente la incompetencia que se articula se funda en el carácter de empresa nacional de YPF, aunque actualmente actúe bajo la forma de sociedad anónima. En el mismo voto, citando a Juan Carlos CASSAGNE (“Competencia de la Justicia Federal para entender en acciones promovidas por una sociedad anónima de propiedad estatal”. ED, T. 70, págs. 145/147) refiere que “El autor mencionado, luego de señalar que se ajusta a los buenos principios el fallo de la CNFed. Sala I civil y comercial que declaró la competencia de la justicia federal cuando una empresa exhibe la presencia de un interés nacional, acotaba que “En consecuencia, ya sea que se trate de una causa que deba resolverse sobre la base de normas y principios de derecho civil o comercial, o bien, que el pleito deba fallarse por aplicación prevaleciente de normas de derecho público, corresponderá en todos los casos en que fuera parte una sociedad anónima de propiedad estatal o de participación mayoritaria estatal, la competencia de la justicia federal”.
En el mismo Fallo, el Dr. Balladini trae a colación lo expresado por algunos tribunales federales, los que han resuelto que “. . . Corresponde al fuero federal intervenir en los litigios en que sea parte YPF, pues a pesar de la transformación de esta empresa en sociedad anónima, subsisten las razones por las que se la ha privilegiado con el fuero federal, tales como la presencia de un interés nacional y capital accionario de total permanencia del 
Estado Federal” (CNFed. Civil y comercial, Sala II, mayo 8 – 1992, “PÉRSICO, Oscar c/ YPF”, LL 1992-D-573).
En el sub examine el CIEN POR CIENTO (100 %) del capital de la sociedad CORASA pertenece al Estado Nacional (art. 2 del Dec. 721/2004).
Más recientemente, el 8 de agosto de 2000, V.E. Falló in re “BRAESE” se. n° 88, a raíz de la interposición de un recurso extraordinario por parte de la demandada ENCOTESA contra el pronunciamiento dictado por la Cámara del Trabajo de la IIIa. Circunscripción Judicial a través del cual dispuso rechazar la excepción de incompetencia opuesta por aquella parte.
En este decisorio, el Dr. Luis Lutz sostuvo que le asiste razón a la recurrente por lo que debe hacerse lugar a la excepción de incompetencia articulada. Refiere que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha expedido en la cuestión que nos ocupa y en expresa referencia a ENCOTESA, circunstancia ésta que define el punto. Dijo concretamente que “Debe cobrar relieve, por ende, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual “. . . con arreglo a lo dispuesto en los arts. 100 (actual 116) de la constitución Nacional, art. 2 incs. 6 y 12 de la Ley 48, corresponde a la justicia federal y no a la provincial, conocer en las causas en que la Nación o una entidad nacional sean parte, aún en aquellas emergentes de relaciones laborales” (Fallos 308:655 y sus citas, 318:1816, entre otros y de conformidad a lo dispuesto por la corte en el ya citado caso de Fallos 319:2020)”. 
V 
En función de lo dicho, como así también de los antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios citados, soy de opinión de que debe hacerse lugar a la excepción de incompetencia interpuesta por CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (CORASA), debiendo la Cámara del Trabajo de la IV Circunscripción Judicial con sede en Cipolletti declinar su competencia en favor de la Justicia Federal.
Es mi dictamen. 
Viedma, 7 de marzo de 2006.

Dra. Liliana Laura Piccinini
Procuradora General 
PODER JUDICIAL 
 
DICTAMEN Nº 038/06.