Dictámen Nro: 0054/10 - - Expediente Nro: 24321/10

Fecha Dictámen: 2010-06-08

Carátula: P.; M. M. s/ Amparo

Materia: Amparo Mandamus- - Fuero: Originarias
TEXTO DICTAMEN
 
Excmo. Tribunal:
I
Habiendo dado cumplimiento a lo solicitado a fs. 106 por este Ministerio Público, V.E. corre nueva vista de las presentes actuaciones a fin de que me  expida sobre la cuestión sustanciada en autos (fs. 137) .
 A través de la acción de amparo incoada por las Licenciadas S. d. C. A. (Servicio Social) y C. T. (Psicóloga) en representación de la Sra. M. M. P., se reclama el cumplimiento del derecho a una vivienda digna para esta última.
Conforme lo manifiestan las presentantes, la Sra. P. es pensionada, posee una discapacidad mental moderada, convive con el Sr. F. P. con quien ha tenido episodios de violencia y tienen una hija en común de un año y medio quien se encuentra a cargo de una familia ampliada “por razones  de riesgo social y ambiental”. Que en el año 2008 le fue asignado el beneficio del Plan Habitar consistente en una chequera para materiales, de la cual solo uso una parte para realizar ciertos arreglos, pero que los mismos fueron destruidos por su concubino cuestión por la cual, la segunda parte de la chequera no le fue entregada a la espera de que resuelva la situación legal con el Sr. P..
En el año 2009 -señalan- el Municipio le ofreció en lugar de continuar con la construcción ya iniciada, arreglar la vivienda que habitaba; cuyo gasto fue afrontado con lo que restaba de la chequera ya mencionada y haciéndose cargo el Municipio de la mano de obra. Sin embargo la misma no se encuentra en condiciones de ser habitada: no tiene instalado el baño, el techo y las paredes se llueven y los vidrios continúan rotos, los escombros aun continúan en el predio, entre otros.
Que se han realizado distintos reclamos verbales y por escrito a fin de obtener lo beneficios que se solicitan, a organismos tales como: Ministerio de Familia (Programa Fortalecimiento Familiar); Consejo Provincial del Discapacitado, Secretaria de Desarrollo Social, Municipio de Sierra Grande, etc.
Finalmente agrega a su pretensión que de seguir arreglando la vivienda que posee, sea con el aval de un informe técnico profesional ajeno al municipio que verifique la habitabilidad de la casa; caso contrario se construya una nueva vivienda en el predio que posee.
Conforme se requiriera, obran en el expediente de marras los siguientes informes:
-Juzgados de Instrucción Nº 4 y Nº 2 de Viedma: (fs. 35 y 43): sobreseimiento a favor de F. P. por denuncias de daños.
-Fiscalia de Estado: sostiene que la vía elegida no es apta para resolver la cuestión, invoca el antecedente “Moyano”, indicando que a través del amparo no se puede cuestionar la política habitacional del IPPV, que existe la vía administrativa para ello. Que al margen de ello -indica- el Estado ya ha asistido a la actora. (fs. 47/53).
-Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad: indica que en Agosto de 2009 recibió nota proveniente de la Secretaria de Desarrollo Social solicitando “ayuda económica o subsidio” a favor de la amparista. Se realizo informe social que dio favorable para la continuación del tramite y junto con la declaración de ingresos de la Sra. P. se envió nota a la Secretaria del Interior y Políticas Nutricionales, solicitando se haga lugar al subsidio. Informa por ultimo que no cuenta con presupuesto propio por lo que desde el área de Políticas Nutricionales se tramitan dichas cuestiones. (fs. 54).
- Dirección de Infraestructura Ministerio de Familia: acompaña constancia de entrega de subsidio no reintegrable a la Sra. P. por un monto de $ 2125,00 en el marco del Programa Habitar en Familia ( fs. 68)
- Subsecretaria de Promoción Familiar: se informa que dicho área no cuenta con un programa especifico respecto a la situación denunciada por la amparista, en función de que resulta competente y únicamente entiende en situaciones donde se encuentran involucrados niñas, niños y adolescentes menores de edad, lo que no se da en el caso. Que para ello cuenta con los programas Fortalecimiento Familiar y Jóvenes en conflicto con la ley penal. Agrega que desde la Dirección de Infraestructura se ha informado que se podría otorgar un nuevo beneficio, aunque la concreción definitiva de la obra dependerá de la asistencia de la autoridad local. (fs. 69)
- Ministerio de Familia: Se acompaña copia del decreto 768/05 de creación del Programa Habitar en Familia, en el ámbito de dicho ministerio y conforme el cual, la Dirección de Infraestructura es responsable de la difusión, organización, coordinación, supervisión y evaluación de las actividades de dicho programa. (fs. 114/116).
- Municipalidad de Sierra Grande: enuncia los beneficios otorgados a la amparista desde la Secretaria de Desarrollo Social –Tickets “Hambre mas urgente”, Pensión por invalidez, Programa Habitar en Familia por un monto total de $ 5.925,00, vales de garrafa, arena y canto rodado, Pago de Mano de obra, refuerzos alimentarios, etc.- realizando una reseña de la implementación del Prog. Habitar en Familia. Señalan que durante el transcurso de la obra la Sra. P. denuncio que su pareja vendió los materiales -ladrillos, cemento, hierro- para comprar bebidas alcohólicas, situación que se repite continuamente, manifestando escenas de violencia entre ambos, ya que ella también sería alcohólica. En función de ello se da intervención al Hospital zonal -área Salud mental- y a la Defensora de Pobres y Ausentes Dra. Ruth Scandroglio, a través de quien se firma un acuerdo entre la pareja con respecto a la vivienda, aceptando el Sr. P. retirarse de la misma .
No obstante dicho no fue cumplido, por lo que la Sra. P. se retira a vivir un tiempo a la casa de Graciela Romero (Familia Ampliada) quien además tiene a su cargo a Keila, su hija. El tiempo allí fue breve, pues no pudo cumplir con pautas mínimas de convivencia. Que el Municipio se ocupo de buscarle una casa para alquilarle, sin embargo los propietarios -conocedores de los episodios de violencia de la pareja- se negaban a acceder a la locación. Se le designa entonces de manera transitoria un lugar en el Hogar San José, donde tampoco habría respetado reglas de convivencia de acuerdo a los partes diarios.
Se reiniciaron con posterioridad las refacciones a la vivienda. Sin embargo se repitieron los hechos de violencia ya mencionados. En el año 2010 se realiza una visita al domicilio pudiendo constatarse que se habría refaccionado parte de la misma, se compraron muebles, las paredes no presentan dificultades, etc. Se señala que en las visitas realizadas siempre estaba el Sr. P., casi siempre durmiendo, que existen malas condiciones de higiene y mantenimiento de la vivienda. Por último indica el Municipio que la obra nunca fue finalizada en atención a los hechos violentos que implicaban la destrucción de la vivienda, solicitando que se tomen medidas en relación al Sr. P. y su problema de alcoholismo. (fs. 118/172 vta.).
- Informe Co.Ni.A.R.: Liminarmente indican que no constan en dicho organismo registro de antecedentes o presentaciones efectuadas por la amparista. Que por otro lado, y conforme la ley 4109 la actuación del Consejo se circunscribe a la elaboración proyectos provinciales y locales relacionados con la niñez, la capacitación y planificación en el abordaje de las distintas problemáticas. En los casos de los supuestos en los que se ha tomado conocimiento fehaciente de alguna situación de vulnerabilidad que tenga como sujeto pasivo a niños/as o adolescentes la función se ciñe exclusivamente a la realización de diligencias preliminares e inmediatamente y existiendo merito suficiente se remiten las causa a Promoción Familiar, organismo proteccional conforme la ley, a excepción de la investigación interna que se llevara a cabo en el CAINA en el año 2008.
Juzgado de Familia Nº 5 de Viedma: informa que por ante dicho Juzgado la Defensora de Menores e Incapaces Nº 1 solicito medidas de protección de derechos en resguardo de la menor por lo que tramito el expediente 1104/08 y donde se decidió alojar a niña con la familia P.-P., donde también se alojaría su madre, la Sra. P.. También señala la existencia de denuncias en el marco de la Ley 3040 ante la actitud violenta del Sr. P. y la intervención del Área de Salud Mental del Hospital de Sierra Grande. Indican además que, teniendo en cuenta los problemas de Salud de la amparista, se tramitan actuaciones caratuladas: “P. M. s/ Internación” (exp. 0759/08) con la debida intervención de la Defensora de Menores e Incapaces y la Defensora de Pobres y Ausentes de San Antonio Oeste en resguardo del Derecho de Defensa de la misma. A efectos de elaborar estrategias para su contención, se dio intervención también a la Subsecretaria de Promoción Familiar, y el Servicio de Salud Mental del Hospital de Sierra Grande. Del mimo modo y en virtud de lo dispuesto en la Ley 2440 se hizo saber al Ministerio de Salud de la Provincia, como organismo de aplicación de la norma, que deberá asegurar el acceso a la vivienda, educación, capacitación laboral, beneficios provisionales, salud, medicamentos y todo otro elementos a este fin de modo de garantizar la promoción humana y condiciones de vida de la misma, comunicado ello al organismo a través de los oficios 0672/09 y su reiteratorio Nº 267/09. (fs. 179/180)
Por último cabe reseñar que es parte en autos la Sra. Defensora General Dra. Rita Coustet Llambi, quien ha asumido la representación de la amparista. Reseña que  misma “ha iniciado un camino de rehabilitación que debe ser acompañado y sostenido por el estado” no cuenta con una vivienda digna habiendo realizado el reclamo infinidad de veces. Señala que el Municipio se ha hecho cargo de las mejoras del hogar pero en lugar de continuar la nueva construcción, se procedió a refaccionar parcial e insuficientemente la vieja, detallando las condiciones precarias en la que se encuentra. En virtud de ello considera que debe ameritarse la procedencia del presente amparo como medio urgente y expeditivo para restablecer sus derechos vulnerados arbitrariamente por los responsables, teniendo en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que aquejan a la Sra. P. (retraso mental moderado, victima de violencia conyugal, sin familia cercana, con una hijita de un año y medio con quien mantiene contacto) implican necesariamente un análisis contextual de su situación la luz de la normativa imperante. (conf. fs. 74/94)
Dicha situación es ratificada a por la funcionaria luego de la vista de los informes producido, sosteniendo que es voluntad su asistida que se mejore su vivienda conforme los parámetros que la dignidad y condición humana exige.
En relación a lo expresado por el Municipio respecto de que no ha dado culminación a la obra por el accionar del Sr. P., entiende que dichas motivaciones no resultan justificación de la displicencia municipal. Toda vez que la conducta del Sr. P. no exime al Municipio del de culminar las acciones realizadas las que -agrega- han sido insuficientes.
                                                                                            II
La extensa introducción al presente análisis, se corresponde con la necesidad de dejar plasmado los distintos informes y opiniones de quienes han intervenido en el caso de marras.
Cierto es que la cuestión emergente de las constancias de autos, son merecedoras del resguardo proteccional constitucionalmente garantizado, tanto en relación de la Sra. P. la que conforme se ha manifestado, sufre de una discapacidad mental como de su hija menor de dos años, situaciones ambas que en las que se debe tener en consideración la particular situación de estar ante quienes cuentan -además- con un plus protectivo en esta decisión (discapacidad y la menor edad).
En este sentido, una vez mas he de afirmar que el Estado es uno solo, el que divide sus funciones materiales en distintos órganos debiendo propender al bienestar general.
En función de ello, se han analizado las constancias de autos, evidenciado este Ministerio Público la existencia de vías aptas y expeditas que han merecido y merecen trámite jurisdiccional, tales como los procesos iniciados por ante el Juzgado de Familia y las distintas medidas proteccionales en función de las previsiones de la Ley 3040 de violencia familiar, la Ley 2440 de Salud Mental -del que se  surge un proceso de internación de la amparista y lo oportunamente ordenado al Ministerio de Salud a través de los oficios 0672/09 y su reiteratorio Nº 267/09- y respectivo seguimiento de la menor y su madre,  disponiendo la Juez Dra. Sandra Filipuzzi de Vázquez la incorporación de ambas al cuidado de la familia P.- P.; todo ello con la debida participación de la Defensora de Menores e Incapaces y la Defensora de Pobres y Ausentes. 
Asimismo también surge la existencia de intervención estatal en la problemática que aqueja a la Sra. P. y a su grupo familiar, tanto del Municipio de Sierra Grande, quien le ha otorgado o facilitado la obtención de distintos beneficios incluso el alojamiento provisorio en el Hogar San José de dicha localidad, del Área de Salud del Hospital de Sierra Grande, Promoción Familiar y la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Familia de quien depende el Programa Habitar en Familia el que ha asistido a la amparista como beneficiaria del mismo.   
Con lo cual, el objeto del amparo ha sido ya canalizado a través de los distintos organismos supra mencionados, con lo que resta recomendar que se exhorte a quienes administran la respectiva compra de materiales y han asumido la refacción de la vivienda de la amparista haciéndose cargo la mano de obra -es decir el Municipio de Sierra Grande- a que continúe y culmine la misma conforme lo solicita la Sra. Defensora General. Todo ello bajo el estricto control de la Secretaria de Desarrollo Social de dicho Municipio a través de los respectivos profesionales del área (vg. Asistentes Sociales.)  
Con respecto a la situación personal de la Sra. P. y en relación a su salud, entiendo corresponde que a la Defensoría General instar a sus operadores -Defensor de Menores e Incapaces y Defensor de Pobres y Ausentes- al cumplimiento de lo que oportunamente ordenara la Sra. Juez a través de los oficios ya reseñados.
Por último, he de referirme a la respuesta esgrimida por el Co. Ni. A. R. En este sentido resulta insoslayable señalar que llama la atención que dicho organismo se considere a si mismo como un simple órgano consultivo creado en el marco de la Ley 4109 o de mero receptor de denuncias y testimonios, cuando para este último caso existe el Poder Judicial y sus respectivos operadores.
Tal como lo he sostenido en distintas oportunidades, es precisamente en casos como el presente y en virtud de las políticas transversales existentes y las que deben necesariamente esgrimirse, debería ser este Conejo, el que controle y asegure las políticas de estado destinas al bienestar de los niños, niñas y adolescentes de la provincia de Río Negro en general, y al mejoramiento de las condiciones de vida de la madre a efectos de ejercer el vínculo materno filial en condiciones dignas. Lo cual no se logra solamente con la recepción de denuncias y/o testimonios ni la elaboración de proyectos; sino merced a políticas activas e intersectoriales.
He sostenido en distintas oportunidades -autos “Matar”, “Arias”, entre otros- que la ley 4109 determina -entre otros principios y garantías- las pautas básicas a fin de establecer las políticas públicas de protección integral. Así, en el art. 35 dispone: "El Estado Rionegrino promueve, en el marco del artículo 1° de la presente Ley, las acciones destinadas a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las que conforman en su conjunto la política social provincial de promoción y protección integral de estos derechos. Son ejes que sustentan las políticas de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes:
a) La protección y promoción de las potencialidades de la niña, el niño y el adolescente como sujeto pleno de derecho.
b) El carácter interdisciplinario e intersectorial en la implementación de programas de asistencia y prevención de problemas que afecten a niñas, niños o adolescentes.
c) La aplicación de medidas adecuadas que tiendan a la contención psicosocial de niñas, niños y adolescentes en su medio familiar y social.
d) Descentralizar la aplicación de los programas específicos de las distintas políticas de protección integral, a fin de garantizar mayor autonomía, agilidad y eficiencia, en especial, fomentando la participación de los municipios y organismos no gubernamentales.
e) El carácter interdisciplinario e intersectorial en la elaboración, desarrollo, monitoreo, articulación y evaluación de los programas específicos de las distintas áreas de salud, educación, vivienda, recreación, trabajo, deporte, cultura, seguridad pública y social, con participación activa de la comunidad.
Indiqué asimismo que, a fin de llevar adelante este cometido ha sido creado y puesto en funcionamiento un organismo concreto: el "CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO (CO.NI.A.R.)" responsable del diseño y planificación de todas las políticas públicas de niñez y adolescencia, (Conf. art. 53), donde indefectiblemente deben estar incorporados los niños, niñas y adolescentes con capacidades diferentes.
Dicho Consejo Provincial es el encargado de ejercer, coordinar con otras áreas y poderes del Estado Rionegrino competentes y de ejecutar en forma conjunta y complementaria, las políticas sociales y programas dirigidos a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes (art. 61).
Finalmente la Ley 4109 dispone en su art. 62 que "las funciones que competen al Poder Ejecutivo Provincial en materia de niñez y adolescencia, serán ejecutadas a través del Ministerio de Familia o el organismo que lo reemplace".
Con ello no queda mas que concluir, que corresponde la intervención de dicho organismo en casos como el presente.
                                                                               III
En función de lo expuesto, y atento la clara existencia de vías aptas para la resolución de la cuestión suscitada, resulta improcedente la acción de amparo incoada en nombre de la Sra. M. M. P..
No obstante ello, a criterio de la suscripta, V.E. debiera  instar la continuidad de la mejora de la vivienda de la Sra. P. por parte del Municipio de Sierra Grande, teniendo en cuenta que este organismo administra el beneficio “Habitar en Familia” del cual es destinataria; como así también exhortar al Co.Ni A.R. a brindar soluciones para la problemática de la niña y su madre.
Es mi dictamen.
 Viedma, 08 de junio de 2010

 
Dra. Liliana Laura Piccinini
Procurador General
Poder Judicial
DICTAMEN Nº   54 /10.