Autos: “F., M. Á. s/ Queja en: F., M. Á. s/ LESIONES CULPOSAS AGRAVADAS”.-
Expte. Nº 24461/10-STJ.-

CONTESTA RECURSO EXTRAODINARIO FEDERAL.-

AL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA.-

Edgar Nelson ECHARREN, FISCAL GENERAL de la Procuración General, en los autos: “F., M. Á. s/ Queja en: F., M. Á. s/ Lesiones culposas agravadas” (Expte. Nº 24461/10-STJ), constituyendo domicilio en calle Laprida Nº 174, 2º piso, de la ciudad de V., como mejor proceda digo:

I.- OBJETO.-
Vengo por el presente a contestar el traslado conferido mediante cédula Nº 1025, del Recurso Extraordinario Federal deducido por la defensa contra la sentencia Nº 226 del STJ de fecha 05.11.2010, pidiendo el rechazo del mismo por las razones que seguidamente expongo.-

II.- INTRODUCCION.-
Esta Fiscalía General considera manifiestamente insuficiente el recurso deducido e inexistente en su contenido, sin una sólida argumentación referida a la cuestión federal imprescindible para proponer el trámite que contesto.-
Lo señalado surge de sus propios fundamentos, atento que realiza una valoración diferente a la efectuada por los sentenciantes, lo que le permite deducir lógicamente los argumentos jurídicos de sus agravios, inadmisibles conforme los fundamentos que se expondrán a continuación.-
Para el hipotético caso de que el STJ decrete la admisibilidad del recurso extraordinario interpuesto por la defensa, esta Fiscalía General constituye domicilio ante la jurisdicción de la CSJN en la Avenida de Mayo Nº 760 de la C. A. de B. A. (MPF de la Nación).-

III.- AGRAVIOS DE LA DEFENSA.-
Esta Fiscalía observa que a todas luces la sentencia Nº 226 del STJ es razonable derivación lógica de las pruebas y demás constancias de autos, tal como se reseña en el mismo fallo, conforme altos criterios de sana crítica. La coincidencia con el mismo nos exime en gran medida de reiterar puntualmente cada uno de los aspectos de esa coincidencia.- 
A continuación se procederá a rebatir cada uno de los agravios expresados por el recurrente mediante la exposición de las razonables argumentaciones señaladas por el STJ en su sentencia.-
Primer Agravio: La defensa se agravia en cuanto a que “el fallo del Superior Tribunal de Justicia, que desestima el recurso de queja interpuesto, resulta arbitrario en cuanto solo posee una fundamentación aparente”. Se imita a “contestar cada agravio introducido mediante la ratificación párrafo a párrafo de los fundamentos de la sentencia recurrida ingresando así al fondo del asunto de manera superficial”. De la lectura del fallo impugnado, “se advierte que ni siquiera se ha tratado e interpretado el principio “in dubio pro reo” y consecuente solución mas favorable al reo, dado que de manera alguna ha podido ni puede establecerse una vinculación directa y univoca… en el hecho investigado, ante la fragilidad e insuficiencia de los testimonios y a prueba valorada para llegar a la condena”.-

Segundo Agravio: Determinación de la pena. La defensa se agravia porque “advierte” que nuevamente el Tribunal se remite el fallo impugnado de manera literal a los argumentos de la condena, sin tener en cuenta la gravedad del hecho y las condiciones personales de su asistido y los efectos que la pena de prisión acarrea para su asistido, por lo que entiende que el desconocimiento de estos agravios; resulta por si solo un supuesto de arbitrariedad en la sentencia. El Tribunal Superior de la causa rechazó el remedio procesal intentado sobre la base de afirmaciones de carácter general remitiéndose literalmente a los fundamentos del fallo recurrido.-
La sentencia del Superior Tribunal ha confirmado la valoración arbitraria de la prueba impugnada por la defensa, prueba que fue evaluada sin seguir la sana critica racional y en perjuicio de M. Á. F., sumándose a ello que no se han analizado ni confrontado afirmaciones y contradicciones en aspectos sustanciales relevantes ni se ha evaluado la totalidad de la información producida, por lo que el pronunciamiento atacado carece de motivación, afecta el derecho de defensa en juicio y, en consecuencia debe ser anulado. “Resulta también, Lo resuelto por el Superior Tribunal de Justicia de la Pcia. De Río Negro, violatorio del derecho de toda persona que resulta perjudicada por una resolución judicial, a revisar el fallo ante un Tribunal Superior; …no pronunciarse sobre el fondo de la cuestión traída a estudio por esta parte, mediante a excusa de no cumplirse con los requisitos relativos a la fundamentación del recurso de casación, resolviendo así por su improcedencia formal, incurriendo de esta manera en una de las causales de arbitrariedad definidas por la Excma. Corte Suprema de Justicia”

IV.- DESARROLLO.-
A continuación, esta Fiscalía General rebatirá cada uno de los agravios “supra” referidos.-
Tal como sostuvimos en un principio, el fallo que se intenta rebatir resulta la derivación lógica y razonada del derecho vigente y debidamente fundada de las circunstancias contenidas en el proceso, en tanto se tiene por acreditado que M. Á. F. siendo conductor profesional (taxista) y en completa inobservancia a las leyes de transito vigente, estando encandilado por la luz solar y estando obstaculizado (además) en su visión hacia la derecha por el parante del vehículo que conducía, ingreso a una avenida conduciendo prácticamente a ciegas y sin reparo por los daños que su imprudencia pudiese ocasionar. No surge de la lectura del fallo las arbitrariedades denunciadas por la defensa. No hay derechos de rango constitucional lesionados como se pretende mostrar, no resultando por lo tanto una sentencia inmotivada.-
De los hechos trascriptos, tal como señala el STJ en la sentencia recurrida, el imputado realizó una conducta que excede el riesgo permitido y determinante para el resultado, en otras palabras la conducta del imputado fue el nexo de determinación del daño, en concordancia con las circunstancias del peritaje y de velocidad que dan cuenta que la conducta de la víctima no produjo interrupción del nexo causal. El mismo fallo se explaya respecto a que el tenor de previsibilidad del imputado respecto del resultado acaecido no escapa al curso ordinario de las cosas.-
En este sentido la sentencia recurrida expresa:
“Lo dicho es suficiente para demostrar que era absolutamente previsible para el imputado que por la Avda. Alem viniera circulando por su derecha algún vehículo (léase: la motocicleta de la víctima) al que podría impactar con su conducta antinormativa.- 
“[N]o niega Roxin que lo que el sujeto ha sabido sea relevante para fundamentar la imprudencia, de manera que la imputación objetiva se refiere en parte a factores psíquicos internos, mas no se puede hacer de ahí un tipo subjetivo, porque esas circunstancias no son aptas para ser especificadas en abstracto y porque el conocimiento de un elemento establecedor de riesgo puede ser reemplazado siempre por el conocimiento de otro factor de peligro o incluso por el mero hecho de deberlo conocer” (Sandro Abraldes, Delito imprudente y principio de confianza, ed. Rubinzal Culzoni, 2010, pág. 83)”.-

En cuanto al primer agravio defensivo, cabe señalar que la remisión que hace la sentencia recurrida a los argumentos de la sentencia de la anterior instancia no constituye por si sola una descalificación del fallo ni arbitrariedad emergente de la misma. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho al respecto que: “cabe descartar el reparo fundado en la invalidez de la motivación basada en la sola remisión a otros precedentes de la misma Cámara. En principio, y de conformidad con conocida jurisprudencia de esta Corte, es bastante fundamento de las decisiones judiciales la remisión a lo resuelto en pronunciamientos anteriores (conf. Fallos: 311:2293 y sus citas)”.- 
En efecto, todo pronunciamiento, en tanto unidad lógico-jurídica, debe auto sustentarse y estar suficientemente fundamentado. Esto, como es evidente, tiene por objetivo esencial evitar que la decisión importe el producto del arbitrio ilimitado de los jueces y configure una afirmación meramente dogmática como "proposición que no está abierta a la corroboración intersubjetiva, [y que por el contrario,] se funda exclusivamente en la convicción subjetiva, o fe, del que la sustenta, al margen de consideraciones racionales" (confr. Fallos: 327:954, voto del juez Fayt, con cita de Carlos S. Nino, "Introducción al análisis del derecho", ed. Astrea, 1988, pág. 322). Sin embargo, este supuesto no se configura necesariamente cuando el juzgador realiza una remisión, pues allí -como en toda decisión- se manifiesta una premisa axiológica implícita que valora esa fundamentación por sobre otras y descarta que ésta sea insustancial, arbitraria o maliciosa (confr. Fallos: 327:954, voto del juez Fayt).-
“En principio, es bastante fundamento de las decisiones judiciales la remisión a lo resuelto en pronunciamientos anteriores, sin que esas remisiones importen de por sí la arbitrariedad de una sentencia. (I. 168. XXI.; Intercam S.A.C. y otros s/ infracción ley 19.359. 08/11/1988 - T. 311, P. 2293)”
No toda remisión constituye una fundamentación insuficiente que pueda calificarse de "dogma" (Voto del Dr. Carlos S. Fayt). (Mayoría: Petracchi, Belluscio, Boggiano. Voto: Fayt, Vázquez. Disidencia: Maqueda, Zaffaroni. Abstención: M. 960. XXXVII.; Massera, Emilio Eduardo s/ incidente de excarcelación. 15/04/2004 - T. 327, P. 954).-
Por lo expuesto, el recurrente no ha demostrado en forma concreta el gravamen que tal remisión le ocasiona.

Con respecto al segundo agravio defensivo, identificado por la defensa como “determinación de la pena”, no termina de constituir un agravio, ya que la arbitrariedad por la arbitrariedad misma no es sustento de tal. En definitiva se torna abstracto al no estar fundamentada la gravedad en torno a la determinación de la pena.-
La recurrente nuevamente trae el primer agravio al denotar que el fallo impugnado remite de manera literal a argumentos de condena, “sin tener en cuenta la gravedad del hecho y las condiciones personales de su asistido…”. Sin embargo del análisis del fallo en crisis en el punto “6.3  Determinación de la pena”, ultimo párrafo, la misma dice en forma textual que “se ponderaron las circunstancias que constan en la causa: la naturaleza y extensión de los daños causados; la edad, educación y condición de chofer profesional del imputado; la buena impresión de este de visu; la situación de “un hombre trabajador con arraigo en la zona y con cargas de familia” y su carencia de antecedentes”; lo que demuestra la falta de coherencia en el argumento recursivo que se intenta.-
La sentencia recurrida aborda con fundamentos suficientemente lógicos la cuestión de la determinación de la pena, al señalar:
“En este orden de ideas, este Cuerpo ha dicho: “En cuanto a la selección de la especie de pena -de prisión en suspenso en vez de la alternativa de multa-, tal como sostiene el juzgador, la defensa no ataca con eficacia lo resuelto, a poco que se observe que -desde lo fáctico- se trata de la comisión de daños en el cuerpo y la salud de tipo leve cometidos por quien conducía un automóvil, y la pena de multa no parece más adecuada que la de prisión en suspenso.-
“Ello es así pues nuestra provincia se encuentra incursa en un supuesto de emergencia vial, por lo que la materia excede el mero interés de las partes (ver Se. 7/08 STJRNSP, del 15/02/08). Así, mientras que la pena de multa no es una pena reformadora, sino de intimidación, que tiene por objeto afectar al imputado en su patrimonio (ver D\'Alessio, Código Penal. Parte General, pág. 112), la de prisión en suspenso y sus reglas de conducta procuran la resocialización necesaria para no reiterar -en el caso- el tipo de delito cometido. Por ello, responde tanto al interés de la partes como al público para superar la emergencia vial. […]-
“En cuanto a los montos de la pena de prisión en suspenso -seis meses- y de la conjunta de inhabilitación especial -veinte meses- [en el sub exámine, ocho meses y veinte meses, respectivamente], a mi criterio no resultan excesivos en una escala que va de un mes a tres años para la primera y de uno a cuatro años para la segunda; esto es, ambas están más cerca del mínimo que del máximo posible, y la defensa no presenta una crítica concreta a lo resuelto para demostrar que se trata de penas desproporcionadas, crueles o inhumanas”.-
Por último, en cuanto a la determinación de la pena, la sentencia recurrida claramente expone que ello constituye una facultad de los jueces de la causa (CSJN, fallo 306:1669), y que solo cabe apartarse de dicha regla cuando se constituye una violación al debido proceso y a la defensa en juicio, cuestión esta última que no ha logrado acreditar la defensa en su agravio recursivo, toda vez que no ha rebatido con suficiencia los argumentos “supra” trascriptos de la sentencia recurrida.-

Respecto de la valoración arbitraria de la prueba, la defensa no individualiza cual es la prueba sustancial ni relevante que alteraría la resolución a la que arribó el a quo. Por lo que no deja de ser una critica subjetiva del resultado obtenido, por que le causa un perjuicio a su propio defendido.-
En este sentido, abunda jurisprudencia que señala: “El mérito de la prueba, es privativo del juez competente, responde a su plena libertad de convencimiento, teniendo como límite el respeto de las normas que provienen de las leyes de la lógica, la psicología y la experiencia común. (STJRNSP: SE. "P., W. J. y OTRA s/ HURTO DE ENERGIA s/ CASACION", (28-03-96), BALLADINI y LEIVA (SD)”.
Al respecto la CSJN ha dicho que “La habilitación de la instancia extraordinaria requiere que el fallo recurrido se dicte sin considerar constancias o pruebas disponibles que asuman la condición de decisivas o conducentes para la adecuada solución del caso, y cuya valoración pueda ser significativa para alterar el resultado del pleito (CSJN – fallos 268:48 y 393; 295:790; 306:1095; 316:639; 318:920; 284:115; 306:441; 294:309; 316:1207)”.-
Nada dice la defensa con respecto a cual es esa prueba, ni cual es la totalidad de la información producida que no se ha evaluado. “Por ende se concluye que el agravio no versa sobre elementos de prueba que aludan a un extremo conducente, relevante, esencial o decisivo para la solución del caso, la defensa no demuestra como dicho tratamiento de la prueba hubiese conducido a modificar el resultado final que se impugna (CSJN – fallos 316:1079; 321:1019; 302:481; 323:1508; 306:1095; 302:914; 307:234 y 2281)”.-

La Gravedad Institucional.-
Con respecto a esta específica cuestión federal invocada por la defensa, cabe remitir a lo señalado en anterior dictamen de esta FG en la que se expresó:
“Sentado lo expuesto, y en cuanto a la cuestión de gravedad institucional señalada por la defensa, corresponde poner de resalto que no se configura el señalado instituto si en lo resuelto sólo está en juego el interés personal del promotor del recurso extraordinario, puesto que es facultad procesal del Tribunal de Alzada determinar la aptitud formal del recurso de casación previo ingreso a la sustanciación de la instancia que el mismo intenta, conforme lo establece el Código de Procedimiento Penal de la Provincia, siendo insuficientes e irrazonables los argumentos planteados por la defensa para demostrar un agravio ilegítimo que habilite el segundo confronte.-
El reconocido derecho a la segunda instancia se encuentra limitado formalmente por la legislación provincial, en consonancia con toda la normativa procesal típica, que tiene por finalidad dar operatividad a los derechos determinando los requisitos y condiciones para su oportuna promoción y ejercicio en el juicio.-
En principio cabe señalar que no se aparta el STJ del debido proceso, puesto que reconoce en reiterada jurisprudencia el derecho a la segunda instancia, y adopta para el sistema judicial provincial la doctrina plasmada por la CSJN  en el reconocido fallo CASAL.- 
Bajo ningún aspecto se afecta el derecho de defensa, atento que el condenado ha tenido su oportunidad procesal de incoar la segunda instancia, y de fundamentar sus argumentos recursivos en la diversa índole del orden jurídico y fáctico relacionados con la causa penal. Pero, si tales argumentos no contienen el mínimo de razonabilidad lógica para sobrepasar la precaria valla de la admisibilidad formal, entonces el CPP Provincial autoriza al Tribunal “ad quem” a decretar la inadmisibilidad formal del mismo, en post de la economía y la celeridad procesal, de la manda del derecho penal que ordena terminar cuanto antes con la situación de incertidumbre que la acusación genera al imputado y de las prescripciones procesales vigentes propias del estado autónomo provincial.-
Entonces, no se afecta el orden institucional, toda vez que el Superior Tribunal de Justicia Provincial ha reconocido y sostiene en la sustanciación del recurso de casación el debido cumplimiento al derecho constitucional y derecho humano internacional al “doble confronte”, es decir, a que un tribunal distinto al sentenciante ejerza su actividad jurisdiccional en segunda instancia a fin de controlar lo determinado en la primera. Pero ello siempre y cuando los motivos que requieren este control tengan un mínimo de razonabilidad y “prima facie” sean aptos para conmover el fallo recurrido, puesto que obviamente en la infinita posibilidad argumental no todos poseen la aptitud de razonabilidad para dar cause a la nueva instancia, y sería absurdo habilitar un segundo juicio que “ab initio” sea improcedente, puesto que nunca podría modificar el fallo de primera instancia.-
La Provincia de Río Negro respeta y reconoce el derecho a la segunda instancia, pero asimismo tiene el derecho y el deber de establecer las reglamentaciones de procedimiento razonables que determinen los requisitos indispensables para encausar el ejercicio de la referida garantía constitucional al doble confronte.-
Si bien, se reconoce que la violación al debido proceso, al derecho de defensa y al doble confronte pueden constituir el instituto de la gravedad institucional, este último requiere que se trate de afectaciones al nivel de sociedad global y que afecten el grueso de la colectividad, que excedan el mero interés de las partes; y en el caso planteado solo se observa el deseo de la disminución de la pena del condenado mediante una fundamentación que carecen de sustento jurídico razonable, conforme queda demostrado al tratar el segundo agravio defensivo –en este caso particular sería el agravio referido a la determinación de la pena.-
Es decir, no se entiende como la determinación de la inadmisibilidad formal del recurso que motiva la segunda instancia afecta el “interés comunitario”, constituyendo una “cuestión institucional seria” o de “grave trascendencia institucional”, o una situación de “macropolítica”, que afecte las bases mismas del Estado o la división de poderes. No se observa siquiera un irrazonable ejercicio de las facultades de los jueces.-
En todo caso, la defensa pudo haber planteado la inconstitucionalidad de los arts. 417º y 435º del CPP, que establecen para el tribunal ad quem la facultad de determinar la admisibilidad formal del recurso (previo a ingresar en su sustanciación), pero al respecto remitimos a lo señalado por la Corte Suprema que entiende que la declaración de inconstitucionalidad misma “es un acto de suma gravedad institucional que constituye la ultima ratio del orden jurídico” (CSJN Fallos 260:153; 286:76; 288:325; 300:1087)- “Derecho Procesal Constitucional - Recurso Extraordinario”; Néstor Pedro Sagüés; Ed. Astrea; 4ta edición; T. II pág. 279 y ss.). Entonces, se entiende que la inadmisibilidad formal de una segunda instancia plena, reconocida por el STJ, no constituye suma gravedad institucional que habilite la ultima ratio para el orden jurídico (Dictamen FG-J Nº 56/10).-
El derecho constitucional al doble confronte por si mismo resulta argumentación insuficiente para determinar gravedad institucional en una causa penal en la cual se ha decretado sobradamente la inadmisibilidad formal de la segunda instancia.-

IV.- CONCLUSIONES.-
Hasta aquí, se ha demostrado que la defensa no presenta un alegato contundente que logre rebatir la postura del juzgador. El recurso se limita a citar jurisprudencia y doctrina que por si sola no es operativa, se torna una reiteración de todo lo alegado en el recurso de casación y en el escrito de queja por casación denegada, sin introducir un agravio suficiente como para que se declare admisible la revisión de dichas cuestiones.-
Para la habilitación de la instancia extraordinaria, es requisito que el fallo recurrido omita considerar constancias o pruebas disponibles que posean la condición de decisivas o conducentes para la adecuada solución del caso, y cuya valoración pueda ser significativa para alterar el resultado del pleito (CSJN – fallos 268:48 y 393; 295:790; 306:1095; 316:639; 318:920; 284:115; 306:441; 294:309; 316:1207). (RECURSO EXTRAORDINARIO. SAGÜES, NESTOR PEDRO. EDITORIAL ASTREA. 2002.  TOMO 2 - PAG. 271 y ss.)”. Nada expresa la recurrente respecto al mérito de la prueba utilizada en la sentencia del STJ, sino que se limita a señalar determinada pruebas y a deducir de ella valoraciones distintas a las arribadas por el STJ. El recurso carece de fundamentos bastantes para sustentar la arbitrariedad (CSJN – fallo 301:676).-
Cabe remitir al respecto la doctrina del Superior Tribunal que reza: “Sólo es arbitraria la sentencia que incurre en una total falta de fundamentación o en un notorio apartamiento de las constancias de la causa, pero tal concepto no involucra el carácter opinable o discutible de lo decidido. (Cf. CSJN Fallos 303: 2093)” (Conf. STJRNSP, SE. 79 del 07‑07‑00 in re "U., D. s/ PRESUNTO ABUSO DESHONESTO", EXPTE. NRO. 14776/00).-
En el mismo sentido, la Corte Suprema ha dicho que: “…Corresponde desestimar el recurso extraordinario, si la crítica se reduce a esgrimir una determinada solución jurídica en una materia cuya revisión resulta, por regla, ajena a la instancia extraordinaria, en tanto los agravios sólo traducen una discrepancia sobre la forma en que fueron apreciados y fijados los hechos y las pruebas en la causa, aspectos que en la medida que fueron tratados y resueltos, tanto por el magistrado de grado como por el a quo con argumentos de igual naturaleza, independientemente de su acierto o error, descartan la tacha de arbitrariedad alegada.” (Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema. CSJN D. 1608. XLI; RHE. Delfino, M. F. y otros s/lesiones graves en agresión -causa Nº 57.038/04- 01/04/2008).-
Como vemos, las aparentes cuestiones federales no son tales ni tampoco se han producido, por lo que resulta inadmisible los agravios que fundamentan el recurso de la defensa.-

V.- PETITORIO.-
Por los motivos expuestos solicito:
a) Se tengan por contestado el recurso en tiempo y forma.-
b) Se declare inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa.-
c) Se tenga por constituido domicilio, para el supuesto caso que se lo declare procedente.-
d) Se mantenga la resolución recurrida en todos sus términos.-

Será Justicia.
Mi dictamen.

Viedma, 22 de Diciembre de 2010.-
DICTAMEN FG-J N° 066/10.-