Sres. Jueces:

I
A fs. 46 de autos se remiten las presentes actuaciones, a fin de que me expida previo a resolver respecto del recurso de apelación deducido y sustanciado en autos (art.11 Ley K Nº 4199).  
El remedio es incoado por los apoderados de la Fiscalía de Estado Dres. Roberto Stella y Juan Garciarena, contra la sentencia de la Cámara del Trabajo de la IIIª Circunscripción Judicial obrante a fs. 22/24 y vta. de fecha 29 de abril de 2015, mediante la cual dispuso: “I) HACER LUGAR a la acción de amparo interpuesta y, en consecuencia, ordénese al IPROSS para que el en plazo de diez días arbitre los medios necesarios para poner a disposición del menor Dante, una Tablet con las características detalladas a fs. 10. Ello bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de ejecución y de remisión de las actuaciones a la justicia penal por desobediencia de orden judicial”.

ANTECEDENTES DE LA CAUSA
Según las constancias de fs. 12 se presenta la Sra. I.M. en representación de su hijo de cinco años, D. A. M., interponiendo acción de amparo contra el IPROSS. Solicita que se ordene a la obra social proveer al menor de la tecnología solicitada por la Licenciada Criado (una tablet según las constancias de fs. 10), para fomentar su lenguaje alternativo, comunicación familiar, escolar, estimulación cognitiva e inserción social.
Expone que su hijo padece encefalopatía no especificada, retraso madurativo, dispraxia verbal severa sin lenguaje oral, dispraxia orofacial. Añade que en octubre de 2014 presentó ante el IPROSS una nota solicitando la provisión del material, el cual le fue negado por existir otras alternativas para este tipo de trabajo que no impliquen tecnología.
Señala la madre que en el mes de febrero de 2015 reitera la solicitud del material tecnológico, indicando que el equipamiento fue solicitado por la fonoaudióloga del menor y por su médico fisiatra Flores Velasco (fs. 11).
A fs. 9/10 luce informe de la fonoaudióloga donde indica los motivos por los que solicita la provisión de la tablet. 
Acompaña certificado de discapacidad, constancia de alumno regular, recibo de haberes, planilla de solicitud del material, informe de la fonoaudióloga y nota presentada ante IPROSS.
Requerido el informe en los términos del art. 43 de la Constitución Provincial, se presenta el IPROSS (fs. 15/17), manifestando que el rechazo de la provisión del material fue fundamentado conforme surge de fs. 8. 
Asimismo indica que no hay evidencia científica que avale la utilización de una tablet para el tratamiento y rehabilitación de niños con la discapacidad que tiene el afiliado. Manifiesta que si el menor requiere rehabilitación fonoaudiólogica, terapia de apoyo vinculado al desarrollo el lenguaje y/o comunicación formal o no formal, el instituto le reconoce cobertura de las sesiones de la terapia específica. Que una tablet no es un producto estrictamente vinculado a la salud, no es un material de rehabilitación. Es de educación, esparcimiento, informática, etc.
A los fines de demostrar lo manifestado, el IPROSS solicita se requiera informe pericial del Cuerpo Médico Forense (fs. 16 in fine).
 A fs. 19/21 obra informe del cuerpo Médico Forense, donde expone que si bien con relación a la tablet no se cuenta con los estudios científicos respaldatorios, es obvio que sumado al “arsenal” de medidas terapéuticas será beneficioso para el niño. Concluye al respecto: “el elemento solicitado sin duda será beneficioso para alcanzar los objetivos terapéuticos planteados”.

EL FALLO IMPUGNADO
El Tribunal del Amparo principia reseñando los antecedentes respectivos y sosteniendo que cabe tener en cuenta que el amparo es una acción expedita y rápida que procede contra todo acto u omisión proveniente de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos amparados por la Constitución, un tratado o una ley.
Entiende que, en el caso concreto de autos, ninguna duda cabe que la cuestión articulada debe ser decidida por esta vía excepcional, pues el ordenamiento jurídico rionegrino no cuenta con otro camino procesal que permita -sin desmedro del derecho de ambas partes- acceder a una solución justa, efectiva y rápida.
Tras señalar que corresponde determinar si la actitud del IPROSS resulta arbitraria e ilegítima y si vulnera algún derecho de raigambre constitucional, señala la Cámara que, tal cómo han quedado fijadas las posiciones asumidas por las partes, se advierte que no hay controversia respecto de las necesidades asistenciales que el menor requiere para el tratamiento de su discapacidad, sólo que la obra social entiende que la tablet no es un objeto de rehabilitación en los término de la ley 2.901 y que, por lo tanto, no se encuentra obligada a reconocer cobertura de materiales de tipo tecnológico de última generación sin relación con la salud.
Hace notar el Tribunal que la fonoaudióloga del menor es quien describe -a través de un informe pormenorizado- los beneficios que otorga la tablet para el tratamiento de la discapacidad, informe que adquiere fundamental relevancia por emanar de quien se encuentra en mejores condiciones para indicar de qué manera se puede favorecer la rehabilitación e inserción social del menor.
Añade que en igual sentido el Dr. Velasco solicita y fundamenta la necesidad de contar con el equipo tecnológico "para lenguaje alternativo" y también el Cuerpo Médico Forense, quien entiende que la tablet es un elemento de estimulación y que sumado a otras medidas terapéuticas será beneficiosa para el niño.
Señala el a quo: “Siendo ello así, y en atención al interés superior del niño, conf. lo establecido por el artículo 3.1 de la Convención sobre Derechos del Niño, que dispone ‘En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos una consideración primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño’, ninguna duda cabe que la postura asumida por la obra social es antijurídica en la medida que vulnera el derecho del niño a aspirar a un máximo desarrollo de sus capacidades, a lograr la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible, ello de acuerdo a lo con dispuesto por los arts. 2, 23, 27, de la Convención sobre Derechos del Niño, aprobada por ley 23.849 y el art. 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobado por ley 23.0545, entre otras, normas que gozan de jerarquía constitucional…”.
 Tras aludir a la normativa citada concluye manifestando el Tribunal: “…que el poder contar con la tablet significa para el niño un elemento esencial para estimular y mejorar su comunicación, la cual se le dificulta como consecuencia de la discapacidad que padece y que asimismo procurará beneficios prestacionales incluso para la Obra Social…”.

DEL MEMORIAL DE AGRAVIOS
A fs. 30/31 y vta. la Fiscalía de Estado se presenta denunciando el incumplimiento del art. 149 bis del CPCyC y solicitando la concesión del recurso en relación y con efecto suspensivo, conforme lo indicado en la Ley Nº 2921, por considerar que no se encuentra en riesgo la vida ni la salud del amparista.  
A fs. 33/38  presenta memorial sosteniendo –en lo fundamental- que la sentencia atacada resulta contraria a derecho, al disponer de un material que no es estrictamente de salud, aludiendo al respecto a la normativa específica que regula la actividad y del IPROSS.   
Entiende el recurrente que el fallo no ha exteriorizado fundamentos suficientes en orden a la manda del art. 200 de la C.P., manifestando que, al ordenarse la cobertura de un elemento cuya eficacia no está corroborada por evidencia médica y científica, se estarían perjudicando los fondos limitados del Instituto.
Cita en su aval la doctrina del precedente “Dreller” de ese STJ, en el que, con cita al Dictamen de esta Procuración General, se ha determinado que no era el derecho a la salud lo que se encuentra en juego, sino una cuestión meramente contractual o patrimonial.
Argumenta en suma la parte apelante que no se encontrarían reunidos los requisitos pertinentes de viabilidad la excepcional acción impetrada.
El remedio fue concedido a fs. 32 con efecto devolutivo (art. 1º de la Ley 2921).

CONTESTE DEL TRASLADO
El traslado no fue contestado por la amparista.

                                  II
Tal como ha sido expuesto en reiteradas oportunidades, comenzaré refiriéndome de manera previa a la presentación de fs. 30/31 y vta. mediante la cual se solicita el cumplimiento del art. 149 bis del CPCyC. La falta de cumplimiento de lo dispuesto por el mencionado artículo del código adjetivo, constituye un vicio in procedendo subsanado –en el caso que nos ocupa- por la interposición del recurso de apelación y su correspondiente expresión de agravios, sin que se aprecie conculcado el derecho de defensa. 
Es entonces, a través del recurso en análisis, donde la parte agraviada ha tenido la posibilidad de argumentar, en cumplimiento del principio de bilateralidad, ejerciendo la defensa de su accionar, de sus intereses y exponiendo el eventual perjuicio que puede sufrir, todo lo cual resulta revisable en esta instancia. 
Con relación al modo en que ha sido concedido el recurso, considero que los argumentos expuestos por los apelantes no permiten torcer la determinación adoptada. 
 Ocupándome ya del análisis del recurso impetrado, iré adelantando que, desde mi punto de vista, el mismo carece de los fundamentos necesarios tendientes a provocar la revocación del criterio sostenido en el resolutorio puesto en crisis, por lo que no posee chances de prosperar. 
Es sabido que este tipo de apelaciones de carácter extraordinario deben ser ponderadas de manera estricta, comprobando la existencia de una exhaustiva crítica razonada y concreta de las partes del fallo que se consideren equivocadas, como así también de la ley o doctrina que se considere violada o erróneamente aplicada, lo cual no se ha cumplimentado.
 Se aprecia que el recurrente insiste –ahora por esta vía- con la línea argumental esbozada ab initio por la parte accionada (vid fs. 8 vta.), ya evaluada adversamente por el Tribunal del amparo a fs. 23 y cuyas conclusiones no se rebaten. 
De tal manera la expresión de agravios no resulta suficiente a los fines de demostrar las deficiencias denunciadas señalando, en suma, meras discrepancias subjetivas con el fallo que se ataca.
Así, por caso, vemos que hace alusión a que la situación de autos resultaría asimilable a la discernida en precedente “Dreller” de ese STJ. Sin embargo entiendo que ello no es así. 
En efecto,  tal como consignara este Ministerio Público al emitir el DICTAMEN Nº 148/14 PG en la aludida causa: “Se observa en los presentes actuados que no es el derecho a la salud lo que se encuentra en discusión en esta instancia de apelación, sino una cuestión netamente contractual-patrimonial respecto a la posibilidad de exigir o no el pago del Coseguro por parte de la Obra Social, lo cual en opinión de nuestro Tribunal cimero no es materia de la excepcional vía del amparo”.
 	 	Merced a ello, expuse al emitir tal opinión (que resultó finalmente avalada por ese STJ): “… de pretender el Sr. Dreller que se lo exima de pagar el coseguro que en su momento aceptó, deberá plantear su situación ante la Junta de Administración para renegociar montos o porcentuales, tal como lo dispone el art. 13 de la ley K N° 2753, ocurriendo por la vía y forma correspondiente”.
 		Como corolario de todo lo manifestado, ningún argumento nuevo trae el apelante tendiente a rebatir los fundamentos dados por el a quo para hacer lugar a la acción impetrada.
		En otras palabras, la expresión de agravios  -tal como lo evidencia el discurso- no resulta suficiente a los fines de demostrar las deficiencias pertinentes, señalando en suma, meras discrepancias subjetivas con el fallo que se ataca. 
 		Incumple de tal modo la parte con lo expresado por ese Cuerpo al exponer: “Es dable reiterar que: ‘…pesa sobre el apelante la carga de efectuar una crítica concreta y razonada de las partes del fallo recurrido que serían a su criterio equivocadas, exigencia que se cumple mediante la indicación detallada de los errores, omisiones y demás deficiencias que pudiera reprochar al pronunciamiento recurrido, y la refutación de las conclusiones de hecho y de derecho en que fundó el juez su decisión (cf. STJRNS4 Se. 633/02 “VIDAL MARTINEZ”; Se 104/12 “SANCHEZ”; Se. 36/14 “MENDEZ”).’”(Conf. STJRNCO, in re "B. F., M. E. y B.M. S/AMPARO (f) s/Apelación", Expte. Nº 27125/14-STJ- de fecha 14-08-14, entre otros).

III
En función de lo expuesto, es criterio de la suscripta que deberá rechazarse la apelación incoada por los representantes de Fiscalía de Estado, confirmando el fallo de la Cámara del Trabajo de la IIIa. C.J.  
Es mi dictamen. 
        Viedma,       8     de septiembre de 2015.

Silvia Baquero Lazcano
Procuradora General
Poder Judicial

DICTAMEN Nº  118/ 15