Dictámen Nro: 0154/07 - - Expediente Nro: 22068/07
Fecha Dictámen: 2007-08-28

Carátula: P., A. G. s/ Homicidio Culposo reiterado en una oportunidad en C.I. s/ Casación

Materia: Casación- - Fuero: Penal
TEXTO DICTAMEN
Excmo. Tribunal:  
I
                             El Dr. Alberto P. Riccheri, abogado defensor del imputado A. G. P., interpone recurso de casación contra la sentencia nº 6, dictada por el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Correccional nº 14 de General Roca, de fecha 9 de marzo de 2007, que resolvió -en lo pertinente- condenar a su defendido, como autor del delito de homicidio culposo agravado por el número de víctimas fatales -dos-, a la pena de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación especial para conducir todo tipo de vehículos por el término de siete años, más reglas de conducta y costas (arts. 5, 27 bis, 29 inc. 3, 40, 41, 45 y 84 2do párrafo C.P. y arts. 110, 369, 370, 374, 499 y 501 del C.P.P.)
 II
                         Que en lo fundamental, el recurrente alega que la sentencia resulta absurda y arbitraria siendo violatoria del art. 369 C.P.P, art. 200  de la C. P. y art. 18 de la C.N.
                          Como primer agravio, destaca el presentante que  se ha violado la normativa procesal, concretamente el principio “ne procedat iudex ex officio” y que el procedimiento instruido contra su defendido adolece de nulidad absoluta en virtud de concurrir las circunstancias previstas en los arts. 159 inc. 2º y 160 párrafo 2º del C.P.P., afectando en consecuencia, las garantías constitucionales de juez imparcial y de la defensa en juicio.
                         Como segundo motivo, manifiesta el presentante que se habría incurrido en autos en lo que considera como la violación del principio de logicidad por errónea aplicación e interpretación de la ley de fondo (art. 84 CP.), y la violación del principio de racionalidad, de normativa procesal y constitucional en la apreciación y evaluación de la prueba recabada.
III
                         Que entrando a considerar los agravios expuestos en el recurso respectivo, iré adelantando que en mi opinión, los mismos no pueden ser receptados favorablemente.
                         Comenzando por el primer agravio, estimo conveniente destacar que mediante Acordada Nº 006/2007 (30/05/2007),  ese Superior Tribunal y esta Procuración General han resuelto dictar reglas interpretativas de uso forense y práctica procesal, y en lo pertinente, han establecido en su artículo décimo lo siguiente: “El sumario de prevención incoado con motivo de la aplicación del art. 175 del C.P.P., con o sin intervención del Agente Fiscal será responsabilidad del Juez de Instrucción competente, conforme los arts. 176, 177, 178 y cctes. del C.P.P.”
                         Por su parte, cabe asimismo señalar que el art. 178  4º párrafo, inc. 5º) del Código Procesal Penal estipula: “La falta de participación del Agente Fiscal con asiento de funciones en Comisaría en los actos mencionados en los artículos 175, 176, 177 y 178 no obsta a la realización de los mismos por parte de la autoridad policial, sin perjuicio de su posterior ratificación ante el Juez de Instrucción competente.”
                         A ello se adita el art. 187 del rito que establece sendas formas de inicio del proceso penal: el requerimiento fiscal (en los términos del art. 180 CPP.) o la prevención y/o información policial ( conforme el art. 178 CPP).Esta última con comunicación inmediata al Juez , como también al Agente Fiscal ( en Comisaría si lo hubiere  o al Fiscal en turno, en su defecto).
 
                         De tal manera, considero que el trámite seguido en la etapa Instructoria, se enmarca en  las posibilidades contempladas por el Código ritual vigente en la actualidad, motivo por el cual resulta obvio señalar que el primer agravio en cuestión no puede prosperar.
                         A mayor abundamiento, resalto que al plantearse la nulidad en oportunidad del debate, el Ministerio fiscal manifestó que este proceso se  habilitó  tal como lo autoriza el Código Procesal y, entre otras cosas, que el control que le cabe al fiscal, tiene instancia de revisión en el primer decreto judicial (fs. 375 vta y 376) . 
                         A su turno, el Sr. Juez Correccional hizo un análisis minucioso y fundado de la situación de autos y de la normativa procesal involucrada (vid fs. 376 vta. a 377 vta.), en virtud de los cuales resolvió rechazar la nulidad planteada.
                         En el mismo, se refiere el Magistrado a los principios de oficialidad y legalidad que rigen el procedimiento penal mixto, y a la posibilidad ritual que el proceso pueda ser promovido a través de la prevención policial o bien por intermedio del Agente Fiscal, siendo la primera la situación de autos.
                         Hace notar el señor Juez que una vez avocado el Juez de Instrucción en la presente causa, notificó al Fiscal actuante “quien a partir de allí participó en todos los actos del proceso”, razón por la cual no se ha violado el principio “ne procedat iudex ex officio”, que exige una actividad promotora de un órgano extraño al jurisdiccional como requisito previo para iniciar el proceso.
                         Tras ello se extiende el magistrado en argumentos y citas doctrinarias que no hacen más que corroborar el acierto de lo decidido, y a los que habré de remitirme en honor a la brevedad.
                         De tal manera, considero que la reedición por parte de la defensa de idéntico planteo en la instancia casatoria, sin argumentos superadores de los ya vertidos por el a quo en la contestación respectiva, se constituye en un motivo independiente que imposibilita por sí mismo el progreso del agravio respectivo. 
                         Pero además, sabido es que frente a cualquier invocación de un vicio nulificante, el presentante debe encargarse de demostrar el interés o el perjuicio que el supuesto vicio habría traído a su parte, lo cual evidentemente tampoco ha sido cumplimentado en autos.
                         Tiene dicho en tal sentido ese Cuerpo: "’[e]l interés es la medida del recurso. Desde el punto de vista objetivo para que exista un interés, la resolución debe tener un contenido desfavorable para el impugnante, a los efectos del ordenamiento jurídico, concretamente y no según su apreciación subjetiva. Debe ocasionarle un gravamen, esto es un perjuicio o una desventaja, consistente en una restricción a su derecho o su libertad’ ... Además de esto... la parte no sólo incumple con la carga de acreditar en el caso concreto el desvío que alega sino que -y aquí lo más importante-, omite señalar cuáles han sido las defensas que se vio privado de utilizar (conf. STJ, doctrina in re 'MARTÍNEZ', Se. 68 del 29-04-03), obstáculo que también impide por sí mismo el progreso del agravio planteado" (conf. STJRNSP, SE. 2 del 04‑02‑05 in re "Y., H. s/Dcia. Pta. Estafa s/ Casación", Expte. Nº 19607/04 STJ)
                         Debo puntualizar que el recurrente efectúa un análisis impecable e implacable, a la luz de los principios del sistema acusatorio; el que aún no se implemento en nuestra provincia pues en claro está que la reforma legislativa vigente desde el año 2004 introdujo al  Proceso Penal Mixto, algunos aspectos del acusatorio y valiosas herramientas de actuación del Ministerio Público Fiscal; pero no derogó la intervención del Juez de Instrucción en la etapa investigativa .De allí que el art. 187 rige en plenitud y no se encuentra invalidado ni limitado por el dispositivo del art. 180 bis..Esta norma ha sido la llave de bóveda (y en la sistemática del articulado se evidencia) para otorgar fundamento a la facultad de prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal pública conforme el art.180 ter .Más en modo alguno dicho artículo 180 bis. pone en crisis la actividad jurisdiccional iniciada por vía de la prevención policial en los delitos de acción pública, como pretende el recurrente en el presente caso. El art. 178 prescribe que ante la falta de intervención inmediata del Juez, dichos funcionarios (policía y Agente Fiscal descentralizado o en Comisaría, si lo hubiere) practicarán una investigación. Al  receptar el Juez de Instrucción tanto el requerimiento del art. 180 CPP o la actuación prevencional del art. 178 CPP, por imperio del vigente art. 187 del plexo ritual dirigirá la instrucción limitándose a los hechos referidos en tales actos. Consecuentemente, a la alegada falta de actuación del Ministerio Público, portadora de nulidad conforme lo sustenta, se responde que el Ministerio Público fue debidamente anoticiado, no solamente del decreto de avocamiento del Sr.Juez de instrucción, sino que- además- y como es de práctica se elevó el parte preventivo en simultáneo ( ver. Fs.8 y 9); tal es la intervención debida – en los términos del art. 159 del rito, que nuestro sistema procesal establece. A más de ello, a la alegada intromisión del Juez, en el diseño de la intimación del hecho, debe nuevamente hacerse notar que el parte preventivo y el elevatorio de la Prevención es el que circunscribe el factum, que limita la instrucción en los términos del art. 187 CPP., no advirtiéndose vulneración alguna al derecho de defensa. Como tampoco trasgresión grosera al concepto de debido proceso legal ( léase: Acusación, prueba, defensa, sentencia).
                          
                         Continuando ya con el análisis del segundo argumento casatorio, considero que aquí tampoco el recurrente alcanza a demostrar la errónea aplicación de la ley sustantiva y las carencias en la fundamentación que derivarían en la arbitrariedad esgrimida.
                         Sabido es que  los tipos culposos que describe nuestro Código Penal hacen referencia a las fuentes de la responsabilidad culposa, estas son : A) Imprudencia (conducta temeraria que excede las normas razonables de una conducta cautelosa); B) Negligencia (se omite por indiferencia una precaución exigible); C) Impericia (se da una actuación impropia en el ámbito de una profesión, arte u oficio, que denota inexperiencia o deficiencia); D) Violación de reglamentos, ordenanzas o deberes (se trata de comportamientos expresamente previstos en una norma positiva). 
                         Conforme la adecuación típica del hecho, integra la tarea de quien debe juzgar, el establecer si en el caso se han dado algunos de los supuestos o fuentes de la responsabilidad culposa y si en virtud de este supuesto (imprudencia, negligencia etc.) se ha determinado que tal acción aportó la causa generadora del resultado. 
                         En ese sentido tiene dicho V.E : “’No basta con que la conducta sea violatoria del deber de cuidado y cause el resultado sino que además debe mediar una relación de determinación entre la violación del deber de cuidado y la causación del resultado, es decir, que la violación del deber de cuidado debe ser determinante del resultado’ (CNCPenal, Sala 2ª, 04‑11‑03, Lexis Nº 1/70012165‑2)” (Conf. STJRNSP, SE. 159 del 10‑11‑05 in re "C., J. E. s/ Homicidio culposo s/ Casación", Expte. Nº 20405/05 STJ).
                         Tambien que: “… para la condena por los hechos analizados, no es suficiente tener por establecido un obrar imprudente por parte del conductor del vehículo que se introduce en la mano contraria para efectuar un sobrepaso de otro, sino que tal forma comisiva debe ser causa inmediata y directa del accidente culposo.” (Conf. STJRNSP, SE. 137 del  28‑12‑01 in re "P., J. C. s/Homicidio y Lesiones culposas s/Casación", Expte. Nº 15697/01 STJ). 
                         Trasladando ello al sub-lite, de los fundamentos expuestos por el sentenciante surge que, sobre la base de un análisis pormenorizado  de la prueba colectada, el mismo tuvo  por acreditado un comportamiento imprudente y falto de cuidado por parte del imputado, atribuible a título de culpa, contrario a los reglamentos de tránsito, constituyendo el nexo causal y determinante directo de la muerte de las víctimas (fs. 394/401).
                         Frente a ello, no ha demostrado el recurrente cuál sería el desvío en el razonamiento que mereciera la tacha de arbitrariedad, situación que se da en las decisiones fundadas en la sola voluntad de los magistrados y desviadas de las constancias de la causa.
                         Tales extremos no se evidencian en autos, conforme el razonamiento expuesto por el juzgador. 
                         Ha manifestado al respecto V.E. que: “No puede ser calificado como arbitrario el pronunciamiento opinable o discutible, sino sólo aquél que se aparte palmariamente de la solución del caso, extremo que no se verifica en las presentes actuaciones (Conf. STJRNSP, SE. 132 del 10‑08‑04 in re "U., C. A.; R., E. A.; P., R. E. s/ Robo con armas en despoblado y en banda s/ Casación" (Expte. Nº 19334/04).  
IV
                         Que, por los motivos expuestos, en mi opinión corresponde rechazar el recurso de casación impetrado por la defensa de A. G. P.
                         Es mi dictamen. 
                Viedma, 17  de agosto de 2007

 
Dra. Liliana Laura Piccinini
PROCURADORA GENERAL .
         PODER JUDICIAL       .

DICTAMEN N°  154/07