Dictámen Nro: 0187/08 - - Expediente Nro: 22832/08
 
Fecha Dictámen: 2008-10-20

Carátula: "CHEVRON ARGENTINA S.R.L. S/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD RESOLUCION 1440/07 MINISTERIO 

Materia: Inconstitucionalidad- - Fuero: Originarias
TEXTO DICTAMEN
Excmo. Tribunal:
                                                                           I
A fs. 132 de autos se corre vista de las presentes actuaciones a esta Procuración General en virtud de lo dispuesto por el art. 11 de la Ley 4199.  
Se presenta en autos la empresa Chevron Argentina S.A., a través de su apoderado Dr. Mario Caccamo promoviendo juicio de inconstitucionalidad del art. 207 de la C. P., y de los arts. 793 y siguientes del C.P.C.C., a efectos de que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución 1440/07 del Ministerio de Producción de esta Provincia.
Funda la acción en la distribución de competencias entre el Estado Nacional y los Estados Provinciales efectuados por la Constitución Nacional, en especial sobre materia hidrocarburífera. Invoca lo dispuesto en los arts. 75 inc. 12, 124 y 126 de 1a Constitución Nacional, las leyes federales 17.319 y 26.197 y sus decretos reglamentarios y finalmente el art. 12 inc. 1 de la Constitución Provincial.
En función de dichas normativas, cuestiona la constitucionalidad de la Resolución 1440/07 del Ministerio de Producción toda vez que -entiende- modifica el régimen previsto por la Ley 17319 en lo referente a la indemnización de los daños eventualmente generados por las empresas hidrocarburíferas a los propietarios de los inmuebles -superficiarios- en donde la actividad de dichas empresas es realizada; al establecer la obligatoriedad de los montos fijados por la administración, quitar efecto liberatorio a los pagos que de conformidad con dicho régimen se realicen y también en cuanto a la posibilidad de actualizar dichos montos. 
A fs. 87/109 vta. contesta el Fiscal de Estado. Alega que la actora realiza una errónea interpretación de la norma, en especial sobre los alcances de la Ley 26197 sosteniendo que no puede considerar privativo del Poder Ejecutivo Nacional el ejercicio de una facultad que ha sido concedida a la Provincia y que la resolución aquí cuestionada fue emitida en función del esquema normativo que instaura esta nueva ley, modificatoria de la ley 17319. Reconoce -previo a modificar la Resolución impugnada- la “poco feliz” redacción del art. 2 de la Resolución cuestionada, por lo que aclara su alcance diciendo que el carácter vinculante o excluyente de los montos, debe entenderse solamente operativo una vez que las partes ejercieron la opción que brinda la ley 17319 y no antes. En virtud de dicha aclaración se reforma en ese sentido el art. 2, a través del dictado de una nueva Resolución Nº 828/08, la que luce agregada a fs. 118/122 de autos. 
Por otro lado asevera que es legítima la forma de calcular los valores indemnizatorios, legitimidad que está dada por el ejercicio regular y válido de la competencia atribuida a la Autoridad de Aplicación para fijar los mismos, calidad que -luego del dictado de la “ley corta”- inviste la Provincia de Río Negro. Invoca finalmente que dicha Resolución fue emitida en virtud del bloque de legalidad instituido por el art. 124 de la C.N., la ley 26197, el Pacto Federal de Hidrocarburos y la ley Provincial 4296; en pleno ejercicio de la administración y jurisdicción de los yacimientos ubicados en el territorio provincial.
Por último y corrido el traslado de la modificación introducida por la Resolución 828/08, la actora sostiene la inconstitucionalidad de la misma. 
                                                                                II
Este Ministerio Público, en cumplimiento del deber constitucional custodiar la jurisdicción y competencia de los Tribunales, como así también la eficiente prestación del servicio de justicia (art. 218 ap. 4 de la Constitución Provincial), se encuentra compelido legalmente a analizar, liminarmente a la competencia de ese Superior Tribunal de Justicia para entender en autos. 
 Cuestión de orden público que debió ser previamente analizada, teniendo en consideración la materia y los sujetos involucrados en el planteo de la acción. Ello en función de la más que contundente cuestión federal debatida en autos, como seguidamente analizaré. 
El art. 207 de la C.P determina que: “El Superior Tribunal de Justicia tiene, en lo jurisdiccional, las siguientes atribuciones: 1. Ejerce la jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas que estatuyan sobre materias regidas por esta Constitución y que se controviertan por parte interesada.”
Por su lado, nuestro C.P.C.C. dispone: Art. 793 “De acuerdo a lo dispuesto por la Constitución de la Provincia, se podrá demandar la declaración de inconstitucionalidad de ley, decreto, ordenanza, resolución o reglamento que estatuya sobre materia regida por aquélla.”, es decir sobre materia regida por nuestra Constitución Provincial. 
De la atenta lectura, tanto de la demanda como de su contestación, no se evidencia que se discuta la violación de precepto alguno de nuestra Constitución Provincial. 
Así la actora Chevron Argentina S.A., demanda la inconstitucionalidad de una Resolución Provincial emanada del Ministerio de Producción (cuyo número es confuso pues invoca el 1440/07 como número con el que ha sido publicada en el B.O. y luego indica que en distintos reclamos se cita como 1448/07); en el entendimiento de que es contrario a la normativa nacional (Ley 17319, Ley 26197 y decretos reglamentarios) y que invade esfera propia del Congreso Nacional (Art. 75 inc. 12). 
Se funda en la interpretación y alcance de los arts. 124 y 126 de la Constitución Nacional, citando además distintos decretos procedentes del Poder Ejecutivo Nacional que dan sustento a su pretensión, tales como los dec. Nº 561/96; 12/05; 1457/07 entre otros.
La Fiscalía de Estado de la Provincia de Río Negro, por su parte, asevera que, precisamente, la facultad para el dictado de la normativa provincial le está dada por la ley 26197 y el art. 124 de la Constitución Nacional. 
En otras palabras, tanto actora como demandada convienen en citar e invocar, cada una con la interpretación que hace a la defensa de su postura, tanto para que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución Ministerial como para que se la tenga ajustada a derecho, la Constitución Nacional y las Leyes federales y decretos del P.E.N. que regulan la actividad hidrocarburífera.
En momento alguno de la litis se menciona precepto contrario a la Carta Magna Provincial, a excepción de su invocación cuando se alude al derecho de Propiedad o cuando se hace referencia a derechos y competencias no delegadas a la Nación (arts. 29 y 12 de la C.P), lo que no hace de por sí su encuadre en la competencia de nuestro Superior Tribunal; por lo que -repito- no se trata en autos de desentrañar si existe violación a preceptos de nuestra Carta Magna Provincial, sino que -sin duda alguna- se trata de la interpretación y alcance de normas de neto contenido federal, en especial en lo que hace a la vulneración de la Constitución Argentina. 
Existen al respecto numerosos antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde la relación con los mismos no se refiere solo a la materia aquí debatida, sino que existe una similitud en la cuestión de fondo tratada, en las normas en juego e incluso en los actores, tal el caso de autos “CHEVRON SAN JORGE S.R.L. C/ NEUQUEN, PROVINCIA DEL s/ acción declarativa de inconstitucionalidad.” (S.C., C.2126, L.XLI. de fecha 27 de diciembre de 2007). Una causa de similares características a la presente, donde se invocaban las mismas normas -ley 17319, arts. 75 inc. 12 y 124 de la C.N.-; donde el Máximo Tribunal corre vista al Fiscal General del Ministerio Publico de La Nación, Dr. Ricardo Bausset, a fin de que dictamine sobre la competencia. Allí sostuvo: “Ante todo, corresponde señalar que uno de los supuestos en que procede la competencia originaria de la Corte si es parte una Provincia, según el art. 117 de la Constitución Nacional, es cuando la demanda que se entabla se funda directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, en leyes del Congreso o en tratados con las naciones extranjeras, de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante en la causa (Fallos: 311:1812 y 2154; 313:98 y 548; 315:448; 318:992 y 2457; 322:1470; 323:2380 y 3279).
“En el sub lite…(…)…la actora, quien invoca ser concesionaria de la explotación de un yacimiento de hidrocarburos otorgado por el P.E.N., cuestiona varias disposiciones locales por ser contrarias a diversas normas nacionales y, en consecuencia, a la Ley Fundamental. En tales condiciones, cabe asignar manifiesto contenido federal a la materia del pleito, ya que lo medular del planteamiento que se efectúa remite necesariamente a desentrañar el sentido y los alcances de los referidos preceptos federales, …Además, toda vez que dicho planteamiento exige dilucidar si el accionar proveniente de la autoridad local interfiere el ámbito que le es propio a la Nación en materia de hidrocarburos, considero que la causa se encuentra entre las especialmente regidas por la Constitución Nacional, a las que alude el art. 2º, inc. 1º, de la ley 48, pues versa sobre la preservación de las órbitas de competencia entre los poderes del Gobierno federal y los de un Estado provincial, lo que hace competente a la justicia nacional para entender en ella (Fallos: 326:880 y sentencia in re P. 1418, XL, “Pan American Sur S.R.L. y otra c/ Tierra del Fuego, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, del 9 de agosto de 2005).
Finaliza diciendo: “En atención a lo expuesto, al ser parte una Provincia en una causa de manifiesto contenido federal, considero que -cualquiera que sea la vecindad o nacionalidad de la actora (Fallos: 317:473; 318:30 y sus citas y 323:1716, entre otros)- el proceso corresponde a la competencia originaria de la Corte.”
En otro fallo del Máximo Tribunal de fecha  05/06/2007 in re “Petrobras Energía S.A. c. Provincia del Neuquén (Publicado en ED 223, 226) se pronunció por la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para tramitar en instancia originaria la acción mediante la cual se cuestionan los decretos 225/2006 y 226/2006 por los cuales la Provincia del Neuquén estableció el valor "boca de pozo" a los efectos de la liquidación de las regalías correspondientes a hidrocarburos líquidos y gas natural, ya que la cuestión federal es exclusiva en tanto lo medular del planteo remite necesariamente a desentrañar el sentido y alcance del art. 124 de la Constitución Nacional y de preceptos federales cuya adecuada hermenéutica resulta esencial para la solución del caso. (De la sentencia de la Corte según la doctrina sentada en "Y.P.F. S.A." 31/10/2006-, a la cual remite): “La cuestión de competencia en examen resulta sustancialmente análoga a la que fue objeto de tratamiento por este Ministerio Público al expedirse, el 18 de mayo de 2006, in re Y.19, XLII, Originario, "YPF S.A. c/ Neuquén, Provincia del s/ medida cautelar", respecto de la cual el Tribunal se declaró de conformidad en su sentencia del 31 de octubre de 2006. En virtud de lo expuesto en dicho dictamen, cuyos fundamentos doy aquí por reproducidos brevitatis causae, opino que este proceso corresponde a la competencia originaria de la Corte.” (del Dictamen de la Procuradora Fiscal de la Nación, Dra. Laura M. Monti).
Por último, remitiéndome al citado fallo de fecha 31.10.06 in re Y.19, XLII, Originario, "YPF S.A. c/ Neuquén, Provincia del s/ medida cautelar" reproduzco lo aplicable al caso, donde la Corte sostuvo: “Que a fin de determinar la competencia de este Tribunal para conocer en estas actuaciones, resulta propicio recordar que la materia y las personas constituyen dos categorías distintas de casos cuyo conocimiento atribuye la Constitución Nacional a la justicia federal. En uno u otro supuesto dicha jurisdicción no responde a un mismo concepto o fundamento. En el primero lleva el propósito de afirmar atribuciones del gobierno federal en las causas relacionadas con la Constitución, tratados y leyes nacionales, así como las concernientes a almirantazgo y jurisdicción marítima….Así, la competencia establecida por el art. 117 de la Constitución Nacional procede en razón de la materia en la medida en que la pretensión se funde exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, en leyes del Congreso, o en tratados, de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante en la causa (Fallos: 115:167; 122:244; 292:625; 311:1588). Tal como se sostuvo en Fallos: 306:1363, "...el presupuesto necesario de la competencia federal... ratione materiae estriba en que el derecho que se pretende hacer valer esté directa e inmediatamente fundado en un artículo de la Constitución, de la ley federal o de un tratado (Fallos: 10:134; 43:117; 55:114; ... 302:1325)...", de manera que una causa es de las especialmente regidas por la Constitución a las que alude el art. 2°, inc. 1°, de la ley 48, si está en juego la inteligencia de una cláusula constitucional (Fallos: 28:93), y es parte una provincia (Fallos: 97:177; 183:160; 211:1162 y sus citas; 271:244 y sus citas; 286:198; 310:877; 311:810; 314:495; entre otros). 4º) Que tal como ha sido propuesta la cuestión sometida a conocimiento de esta Corte, y teniendo en cuenta el claro interés federal que abarca el tema que deberá resolver el Tribunal al dictar sentencia definitiva, dada la necesidad de determinar las órbitas de competencia respectivas, se declarará la competencia para entender en la causa por la vía prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional. En efecto, en el sub lite la cuestión federal es exclusiva en tanto lo medular del planteo remite necesariamente a desentrañar el sentido y alcance del art. 124 de la Constitución Nacional, y de preceptos federales, cuya adecuada hermenéutica resulta esencial para la solución del caso y permite apreciar si existe la violación constitucional que se invoca (Fallos: 326:880). 5°) Que en ese orden de decisiones cabe asignarle un manifiesto contenido federal a esta acción, ya que el planteo de inconstitucionalidad sobre la base del cual se considera que han sido dictadas normas que lo violan constituye una típica cuestión de esa especie (Fallos: 97:177; 183: 160; 271:244; 311:810 y sus citas; 315:2956). Por lo demás, la solución indicada se sostiene en el criterio seguido por el Tribunal según el cual cuando la alegada actividad legislativa de las autoridades provinciales invade un ámbito que podría ser considerado propio de la Nación, la acción se encuentra entre las especialmente regidas por la Constitución a las que alude el art. 2, inc. 1°, de la ley 48, ya que versa sobre el preservamiento de las órbitas de competencia entre las provincias argentinas y el gobierno federal (Fallos: 322:2624); si a ello se une que la inconstitucionalidad de las leyes y decretos nacionales constituye una típica cuestión federal, la competencia originaria de la Corte para entender en la acción incoada queda confirmada, máxime cuando, como lo destaca la señora Procuradora Fiscal en el dictamen que antecede, la naturaleza de la cuestión y su trascendente interés federal recomiendan esta solución...”. 
Estos antecedentes del Máximo Tribunal de nuestro país hacen insoslayable que V.E. analice la cuestión de competencia que advierto en autos.
Lo contrario implicaría pues, arrogarse una competencia que no posee en contradicción de la normativa procesal y constitucional, tanto provincial como federal que refiere a la distribución de la misma, corriendo el riesgo de incurrir -de así proceder- en un asunto de gravedad institucional al verse trastocada la organización estructurada en cuanto al funcionamiento del Poder Judicial y las facultades y atribuciones otorgadas por la Constitución Nacional y la Ley Nº 48 -entre otras- que indican que el tema suscitado en los presentes se encuentra bajo la órbita exclusiva y excluyente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
                                                                                    III
En función de lo expuesto, es criterio de la suscripta que V.E. debe declararse incompetente para entender en las presentes actuaciones, dada la cuestión federal planteada. 
Es mi dictamen.
                                                                                         Viedma,     20     de octubre de 2008
                                                                           
                                                                           Dra. Liliana Laura Piccinini
                                                                                 Procuradora General
                                                                                       Poder Judicial
Dictamen Nº 187/08