PODER JUDICIAL de la PROVINCIA DE RIO NEGRO
PROCURACION GENERAL

INSTRUCCION GENERAL
RESOLUCION Nº  01/11.

Viedma,    02  de junio de 2011.
VISTO:
	      El proyecto del informe anual de gestión del Ministerio Público, del que surgen datos relacionados con la atención de grupos vulnerables, como también el resultado de gestión relacionado con políticas de persecución criminal y detección de  casos de violencia contra la mujer, tanto en el Ministerio Público Fiscal como en el Ministerio Público de la Defensa, lo normado por el Reglamento de Superintendencia General del Ministerio Público y el requerimiento efectuado por distintas organizaciones sociales; y
CONSIDERANDO:
                   I) Que la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ", adoptada en Belém do Pará , Brasil, el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, declara y establece que: “la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades”.
                 II) Que para los efectos de dicha Convención se entiende por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, o psicológico de la mujer,   tanto en el ámbito público como en el privado (art. 1º).
                 III) Que en tal entendimiento la violencia física, sexual y psicológica incluye aquella que tenga lugar intrafamiliarmente y también en cualquier otra relación interpersonal, en condición de conviviente actual o no (art. 2 inc. 1) como la que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona (violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual) en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar.(art. 2 inc. 2).
                   IV) Que la Convención ha sido ratificada por nuestro país por ley 24632 y, en virtud de ella, se han adquirido los pertinentes compromisos, en vigor desde el 5 de marzo de 1995; entre ellos el de adopción de medidas institucionales destinadas a ocuparse -de manera apropiada y sin dilaciones- de formular políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. En pos del fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos que se señalan.
                  Estos derechos comprenden, entre otros:
                  a. El derecho a que se respete su vida;
        b. El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
        c.  El derecho a la libertad y a la seguridad personal;
       d.   El derecho a no ser sometida a torturas;
       e.   El derecho a que se respete la dignidad inherente a su   persona y que se proteja a su familia;
       f.   El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;
       g.  El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos; entre otros.
                  V)  Que las políticas institucionales a adoptar deben velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
                   VI) Que  conforme a los mandatos recibidos por la CIM de la Asamblea General de la OEA y de su propia Asamblea de Delegadas, la violencia contra la mujer, es uno de sus temas de acción prioritaria. Siendo menester establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. En orden a ello habrá de tenerse en consideración que corresponde “tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer” (art. 7 inc. e).  
                 VII) Que a las pautas diseñadas en la mencionada Convención de Belém Do Pará deben sumarse las conclusiones de la Cumbre Internacional e la Mujer ( Beijing 1995) y la Convención sobre toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
                 VIII) Que es facultad y obligación de la Procuración General el establecer políticas generales de actuación del Ministerio Público y en particular la política de persecución criminal, con el debido involucramiento en las mejores prácticas.
                 IX) Que en el marco de dichas políticas debe contemplarse la defensa de los derechos de los miembros de la Sociedad y, muy particularmente de los grupos de mayor vulnerabilidad, procurando la armonización de los lineamientos y evitando que determinada política de actuación vaya en desmedro de otras.
                  X) Que la normativa convencional a la que se viene aludiendo debe ser respetada y aplicada por todas y cada una de las jurisdicciones provinciales, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos propuestos, tales como  de  “garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios". (art. 8 h de la Convención).
                      Por ello, de conformidad con lo prescripto por el art. 215 de la C. Pcial. y la ley K-4199 Art. 11 inc. c);

LA SRA. PROCURADORA GENERAL DEL PODER JUDICIAL
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
R E S U E L V E

	Art. 1º)   Instruir al Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, a los fines de que, en todo asunto de índole penal, civil, de familia, laboral, administrativo, judicial o extrajudicial, adecuen sus peticiones y requerimientos en orden a las prevenciones y defensas que establece la Convención de Belém do Pará.
         Art. 2º)  Instruir a sendas ramas del Ministerio Público, como línea de actuación, la realización de requerimientos, pretensiones, contestaciones y traslados, en los que se abogue por la defensa de los derechos humanos de las mujeres, en orden a lograr se considere su posición dentro del grupo de justiciables en estado de vulnerabilidad y  destinatarias de protección igualitaria de y frente a la ley.
         Art. 3º) Instruir al Ministerio Público Fiscal para que ante cualquier acción o conducta de las referidas en el considerando II y IV de esta resolución, se abstengan de propiciar la aplicación de criterios de oportunidad o consentir beneficios a favor de quienes hayan vulnerado los derechos y bienes jurídicos tutelados por la norma penal; en tanto no se encuentre cierta y  fácticamente asegurado que la víctima no volverá a ser sujeto de nueva vulneración a sus derechos.
       Art. 4º) Instruir al Ministerio Público de la Defensa actuante ante los Juzgados de Familia y patrocinando a víctimas de violencia familiar, a solicitar el pase  al Ministerio Público Fiscal de aquellos casos que, en orden a los arts. 8 incs. a) y d) y 35 de la ley 3040, constituyan delitos de acción pública y, para aquellos dependientes de acción privada, la puesta en conocimiento de la afectada de su derecho a denunciar ante el Ministerio Público Fiscal. Igual temperamento se adoptará en los supuestos de anoticiamiento de violencia familiar ante los Juzgados de Paz.
        Art. 5º) Encomendar al Sr. Fiscal General y a la Sra. Defensora General la realización de las medidas pertinentes para el control y monitoreo del cumplimiento de la presente instrucción, incorporando como item específico de las estadísticas todas aquellas causas que ingresan al sistema y que de modo -directo o indirecto- se originen en hechos o circunstancias de violencia contra la mujer.
        Art. 6º)   Regístrese, protocolícese, notifíquese, publíquese en el B.O.P. como parte integrativa del Reglamento General de Superintendencia, comuníquese al STJ y por su intermedio a los Tribunales de Superintendencia. 

		Dra. Liliana L. Piccinini
		   Procuradora General
		       Poder Judicial