PODER JUDICIAL de la PROVINCIA de RÍO NEGRO
MINISTERIO PÚBLICO
DEFENSORÍA GENERAL
INSTRUCCIÓN GENERAL  Nº 	006/10.

                                                               VIEDMA, 30 de diciembre de 2010.
 VISTO: 
   Las Resoluciones de la Procuración General Nº 3/05, 39/05 107/05 y 01/10, las conclusiones de las XX Jornadas de los Ministerios Públicos, especialmente la conferencia “Rol activo del Ministerio Público en la Etapa de Ejecución Penal”, las Reglas de Brasilia para la Administración de Justicia, y el art. 21 inc. q de la Ley K Nº 4199; y 
CONSIDERANDO:
	Que la Procuración General sostiene como política del Ministerio Público de la Provincia de Río Negro el ejercicio de la defensa pública desde un rol proactivo y de control,  a fin de procurar el cumplimiento de las obligaciones impuesta al Estado en general y a los funcionarios públicos en particular por los arts. 18 de la Constitución Nacional,  16 y 18 de la Constitución Provincial; 
Que, sin perjuicio de las instrucciones de la Procuración General que se mencionan en el Visto, cabe traer a colación las consideraciones manifestadas por la Sra. Procuradora General a las cuales debe ajustarse la actuación de los funcionarios del Ministerio: “Dentro de una política criminal la ejecución de la pena es una tarea que debe ser ejercida por el Poder Judicial”, en ese contexto “la judicialización de la pena importa el ejercicio del control de la ejecución de la misma, y que el control implica el no permitir que la pena sea cualitativamente modificada por el Poder Ejecutivo, lo que significa un verdadero control republicano, haciendo cesar los excesos de discrecionalidad que se manifiestan en arbitrariedad y vulneración de garantías constitucionales. Que los Ministerios Públicos Fiscales y los de Defensa, como así también la defensa privada de los penados, deben asumir que la inacción de los Jueces en el control debe ser corregida con el rol protagónico de éstos, en la tramitación del procedimiento de ejecución de la pena es con un rol mas activo del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, con un continuo peticionar bregando por la aplicación de un sistema legal y adecuado en términos legales, con requerimientos y presentaciones ante la jurisdicción, ésta contará con el marco necesario para controlar el modo de ejecución de la pena, sin distorsiones, sin mortificaciones que las agravan, que le aditan penas accesorias, que en definitiva significan, sin dudar, volver a la concepción retributiva de la pena”, concluye que “es necesario y primordial un rol mas activo del Ministerio Público Fiscal y de Defensa en la última etapa del proceso penal”.  (Ponencia “Rol Activo del Ministerio Público en la Etapa de Ejecución de la Pena - aprobada por unanimidad en las XX Jornadas de los Ministerios Públicos, San Juan, sept. 2007); 
	Que, conforme las directrices de la Procuración, corresponde en esta instancia el dictado de una norma general mediante la cual se establezcan pautas mínimas que deberán seguir los Sres. Defensores Penales para el efectivo resguardo de los derechos de sus asistidos privados de libertad;
	Que a tal fin, debe tenerse presente que respecto a la protección de las personas privadas de libertad, el plexo legal se encuentra conformado por la Constitución Nacional (art. 18 y 75 inc. 22), la Constitución Provincial (art. 16 y 23),  la Declaración de Derechos Humanos (art. 5), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 7)  y la Convención Contra la Tortura, Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes.
	Que asimismo debe atenderse a las disposiciones establecidas por la Observación General Nº 21 (1992) del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la cual determina que el estándar jurídico internacional en materia de tratamiento de detenidos se compone de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos (1957),  el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión (1988), el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir La Ley (1978); los Principios de Ética Médica Aplicables a la Función del Personal de Salud, en Protección de Personas Presas y Detenidas (1982); 
	Que, es de especial aplicación la Resolución Nº 1/08 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización Interamericana de Derechos Humanos, por la cual se establece que “Toda persona privada de libertad será igual ante la ley y tendrá derecho a igual protección de la ley y de los tribunales de justicia. Tendrá derecho, además, a conservar sus garantías fundamentales y ejercer sus derechos, a excepción de aquellos cuyo ejercicio esté limitado o restringido temporalmente, por disposición de la ley, y por razones inherentes a su condición de personas privadas de libertad” (Principio II);
Que, además de las normas anteriormente citadas, el marco jurídico aplicable se complementa con los siguientes instrumentos: Principios Básicos Sobre la Función de los Abogados, aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (1990),  Declaración Sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Asamblea General de Naciones Unidas  (Resolución 3452 -1975), Directrices sobre la Función de los Fiscales, aprobadas por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente de La Habana (1990); Guía Práctica de Monitoreo de Lugares de Detención de Ginebra (2004); Manual de Capacitación para la Fiscalización de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (2001); Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas (Resolución 46/119- 1991); Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, adoptados y proclamados por la Asamblea General de Naciones Unidas (Resolución 45/111- 1990); Principios Relativos a la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Asamblea General de Naciones Unidas (Resolución 55/89-2000); Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990; el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, adoptado en el año 2002; las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio),  adoptadas por la Asamblea General en su Resolución 45/110, del 14 de diciembre de 1990 y las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, adoptadas por la Asamblea General en su Resolución 45/113, del 14 de diciembre de 1990; Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes adoptada por la Asamblea General en su Resolución 77/199, del 18 de diciembre de 2002, aprobado por la Ley Nº 25932.
Que en el ámbito nacional y provincial, rigen en la materia las Leyes 24.660, S Nº 3008 y sus decretos reglamentarios; 
	Que ese marco jurídico normativo constitucional-convencional reconoce el derecho de las personas privadas de libertad a una ejecución de condena digna, respetuosa de derechos y garantías, reconociendo cómo única privación legítima el ejercicio del derecho a la libertad ambulatoria, sin perjuicio de las restricciones inevitables que conllevan las condiciones de detención;
 	Que, indudablemente, el Estado carga con la obligación de ejercer su posición de garante de la vida y de la integridad personal de los hombres, mujeres y jóvenes privados de libertad. El Poder Público debe proporcionar las condiciones mínimas compatibles con la dignidad de las personas mientras permanecen en los centros de detención, incluyendo su protección frente a las posibles circunstancias que puedan poner en peligro su vida, salud y su moral. Criterio éste que fue plasmado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Penitenciarias de Mendoza” (2004) y “Bayarri” (2008), entre otros; 
	Que, cabe tener presente que no solo la normativa internacional es de aplicación obligatoria para los Estados parte, sino que en nuestro país la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las directivas de la Comisión Interamericana, constituyen una imprescindible pauta de interpretación de los deberes y obligaciones derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CSJN Fallos 331: 916);
	Que respecto a las condiciones de detención y de ejecución de la pena la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que  “Las cárceles en sí mismas, por sus condiciones materiales, higiénicas y de salubridad no deben agravar el mal inherente a la pena, ni las autoridades ejecutarlas en forma que aumentan ese mal”. (In re “VERBITSKY” Fallos 328: 1146). Posteriormente reconoció que “El art. 18 de la Constitución Nacional -previsión de contenido operativo- impone al Estado la obligación y responsabilidad de dar a quienes están cumpliendo una condena, o una detención preventiva, la adecuada custodia que se manifiesta en el respeto de la vida de los internos, de su salud y de su integridad física y moral”. (Fallos 330: 111); 
	Que el citado Tribunal Nacional declaró que las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas, recogidas por la Ley 24.660, configuran las pautas fundamentales a las que debe adecuarse toda defensa (Fallos 328: 1146); 
Que debe tenerse en cuenta que la condición de detenido implica por sí un estado de vulnerabilidad (Reglas de Brasilia), porque conlleva la posibilidad de que los derechos de la persona privadas de libertad se vean lesionados, atento a ello, en ningún caso los Sres. Defensores Penales deberán consentir directa o indirectamente las condiciones de detención indignas, cuando las condiciones edilicias, de higiene y tratamiento no se ajustan a la normativa nacional e internacional citada; 
Que, sobre ello cabe recordar que la propia Constitución Provincial exige una actitud proactiva de todos los funcionarios públicos, al disponer que los agentes públicos que ordenen torturas, tratos crueles, degradantes o inhumanos, como aquellos que los induzcan, permitan, consientan o no los denuncien, son exonerados si se demuestra la culpabilidad administrativa, sin perjuicio de las penas que por ley correspondan (art. 16 CP). También la Constitución Nacional en su art. 75 inc. 23 exige medidas de acción positivas que garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la misma y los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos;
Que, de todo lo expuesto se concluye que el Ministerio Público de la Defensa debe llevar adelante acciones positivas en pos de la defensa pública de sus asistidos, tendiente a garantizar el efectivo goce de todos los derechos de las personas que se encuentran en condiciones de detención; 
Que, especialmente los Sres. Defensores Oficiales deberán asegurar la efectiva defensa de los detenidos. Ello implica verificar si los establecimientos de detención cumplen con la normativa anteriormente citada, sin limitarse a las características del alojamiento, sino que por condiciones de detención debe entenderse todas las circunstancias personales, materiales y procesales que contribuyan al bienestar psicofísico de los internos.  
Que en caso de constatarse irregularidades en las condiciones en que se desarrolla la privación de la libertad de sus asistidos, los Defensores Penales deberán inmediatamente poner en conocimiento de tales circunstancias al juez competente  y/o entablar las acciones adecuadas al caso a fin de que se restablezcan los derechos vulnerados; 
	Que sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder, a fin de salvaguardar los derechos de sus asistidos los Sres. Defensores Penales, deberán realizar inspecciones de acuerdo a los parámetros establecidos en la Resolución PG Nº 01/10, de manera regular y efectiva a los lugares de detención, observando el cumplimiento de las condiciones de detención establecidas por las normas citadas, procurando que no se alteren los derechos y garantías previstas, ni se limiten o restrinjan mas allá de privación de la libertad ambulatoria y consecuencias inevitables; 
	Que los Sres. Defensores Penales deberán mantener un contacto periódico y efectivo con sus asistidos para constatar personalmente, y/o a través de los restantes Defensores del fuero con sede en los lugares donde se alojen, las condiciones generales de detención;
Que, a fin de resguardar los derechos de los detenidos y sin perjuicio del acabado cumplimiento de las Resoluciones 03/05, 39/058, 107/05 y 01/10 de la Procuración General, deberán realizarse inspecciones como mínimo una vez cada tres meses a los establecimientos de detención situados en cada una de las circunscripciones que correspondan a la sede de funciones de las defensorías penales a efectos de verificar el efectivo goce por parte de sus defendidos de los derechos que les asisten y en su caso, realizar las presentaciones judiciales pertinentes.
Que a los fines de la realización de las inspecciones deberán atenderse a los principios básicos establecidos en la Guía Práctica para el Monitoreo de Lugares de Detención dictada por la Asociación para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas y el Manual de Monitoreo de Lugares de Detención del Ministerio de la Defensa Pública de la Provincia del Chubut y la Asociación de los Derechos Civiles que se detallan en el anexo de la presente.
Que la presente se dicta con fundamento en lo dispuesto por la Ley K Nº 4199 en sus arts.  21 inc. b) ;
            Por ello;
LA Sra. DEFENSORA GENERAL
R E S U E L V E:
Artículo 1ro:.Disponer con carácter de Instrucción General que los Sres. Defensores Penales deberán cumplimentar sus funciones en atención a lo dispuesto en los considerandos de los párrafos precedentes a fin de constatar el cumplimiento de los parámetros normativos detallados en el Anexo que integra la presente. 
Artículo 2do: Los Sres. Defensores Penales al momento de llevar a cabo las inspecciones trimestrales en los lugares de detención deberán constatar y consignar en un Acta de Inspecciones las especificaciones que se detallan en el Anexo referido. Asimismo deberán comunicar a la Defensoría General el cumplimiento y el resultado de las inspecciones periódicas establecidas.
Artículo 3ro:. Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Secretaría de Superintendencia de la Procuración General y, cumplido, archívese.-

Dra. María Rita Custet Llambi
DEFENSORA GENERAL
PODER JUDICIAL

ANEXO I  - INSTRUCCIÓN GENERAL Nº 006/10.
Parámetros Normativos

A)	Alimentación: Todo recluso recibirá de la administración, a las horas acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas. Y todo recluso deberá tener la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite. (Regla 20 y 26 inc a) de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, art. 65 de la Ley Nacional de Ejecución Penal Nº 24.660 y Principio XI de la Resolución Nº 1/08 “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”). 
B)	Ventilación, iluminación natural y artificial: En todo local donde los reclusos tengan que vivir o trabajar las ventanas tendrán que ser suficientemente grandes para que el recluso pueda leer y trabajar con luz natural; y deberán estar dispuestas de manera que pueda entrar aire fresco, haya o no ventilación artificial. La luz artificial tendrá que ser suficiente para que el recluso pueda leer y trabajar sin perjuicio para su vista. (Regla 11 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y XII Principio de la Resolución Nº 1/08 “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”. 
C)	Instalaciones sanitarias, agua potable y cloacas: Las instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que el recluso pueda satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno, en forma aseada y decente. (Regla 12 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y art. 60 de la Ley Nacional de Ejecución Penal Nº 24.660). Las instalaciones de baño y de ducha deberán ser adecuadas para que cada recluso pueda y sea requerido a tomar un baño o ducha, a una temperatura adaptada al clima y con la frecuencia que requiera la higiene general según la estación y la región geográfica. Toda persona privada de libertad tendrá acceso en todo momento a agua potable suficiente y adecuada para su consumo. Su suspensión o limitación, como medida disciplinaria deberá ser prohibida por la ley. Se exigirá de los reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán de agua y de artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza. (Reglas 13 y 15 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, arts. 58 y 60 de la Ley Nacional de Ejecución Penal Nº 24.660 y XII Principio de la Resolución Nº 1/08 “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”). 
D)	Vestimenta y Celda: Cada recluso dispondrá, en conformidad con los usos locales o nacionales, de una cama individual y de ropa de cama individual suficiente, mantenida convenientemente y mudada con regularidad a fin de asegurar su limpieza. El vestido que deben utilizar las personas privadas de su libertad será suficiente y adecuado a las condiciones climáticas, y tendrá en cuenta la identidad cultural y religiosa de las mismas. En ningún caso las prendas de vestir podrán ser degradantes ni humillantes. Las celdas o cuartos destinados al aislamiento nocturno no deberán ser ocupados más que por un solo recluso. Si por razones especiales, tales como el exceso temporal de población carcelaria, resultara indispensable que la administración penitenciaria central hiciera excepciones a esta regla, se deberá evitar que se alojen dos reclusos en cada celda o cuarto individual. Cuando se recurra a dormitorios, éstos deberán ser ocupados por reclusos cuidadosamente seleccionados y reconocidos como aptos para ser alojados en estas condiciones. Por la noche, estarán sometidos a una vigilancia regular, adaptada al tipo de establecimiento de que se trate. (Regla 9, 17, 18 y 19 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y arts. 63 y 64 de la Ley Nacional de Ejecución Penal Nº 24.660 y XII Principio de la Resolución Nº 1/08 “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”).  
E)	Actividades de esparcimiento Las autoridades encargadas de la detención deben alentar el desarrollo personal de los detenidos y facilitar la reintegración a la sociedad después de su liberación. Esto es en el interés tanto del detenido como de la sociedad en su conjunto. Las visitas familiares, acceso a la educación, capacitación vocacional y actividades de trabajo y recreación deben ser vistas desde esta perspectiva. Dichas actividades no son un favor, sino un derecho de todos los detenidos, y mejoran en definitiva la seguridad ciudadana. Es esencial para el bienestar físico y mental de quienes están sujetos a cualquier forma de privación de libertad –incluyendo los detenidos bajo interrogatorio o en prisión preventiva– que pasen tiempo fuera de sus celdas en actividades productivas de naturaleza variada. Es importante considerar si las actividades proporcionadas en el lugar de detención son relevantes para el mundo exterior, por ejemplo, si la capacitación vocacional y el trabajo se corresponden con las necesidades del mercado laboral, y si los estándares educacionales son equivalentes a aquellos vigentes fuera de los muros de la prisión. Régimen y actividades: contactos con la familia y amigos, contacto con el mundo exterior, educación, ejercicio al aire libre, actividades de recreación, religión y trabajo.
G) 	Régimen de Visitas (Familiares, pareja, amigos): La persona detenida tendrá el derecho de ser visitada, en particular por sus familiares, y a tener contacto con ellos. Tendrá oportunidad adecuada de comunicarse con el mundo exterior, con sujeción a las condiciones y restricciones razonables determinadas por ley o por reglamentos dictados conforme a derecho. (Principio 19 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión). Los detenidos no deben ser privados de sus visitas ni de la comunicación como medida disciplinaria. Las requisas y registros corporales deben ser conducidos con respeto, decencia y prudencia. Los derechos de los familiares y amigos también son un área a atender para el mecanismo de visita. Deben alentarse las visitas privadas o familiares en espacios especiales que permitan mayor intimidad. Esto debe ampliarse para ofrecer visitas íntimas. Para facilitar las visitas familiares, los detenidos deben ser recluidos en una prisión apropiada, localizada cerca de su hogar. (Regla 37 y 92 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, Regla 59 de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, arts. 158 a 171 de la Ley Nacional de Ejecución Penal Nº 24.660, reglamentación del Capítulo “relaciones familiares y sociales artículos 158 a 167 y disposiciones vinculadas” de la Ley Nacional de Ejecución Penal Nº 24.660 y  XVIII Principio de la Resolución Nº 1/08 “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”).
Toda persona detenida o presa tendrá derecho a comunicarse con su abogado y a consultarlo.  Se darán a la persona detenida o presa tiempo y medios adecuados para consultar con su abogado. El derecho de la persona detenida o presa a ser visitada por su abogado y a consultarlo y comunicarse con él, sin demora y sin censura, y en régimen de absoluta confidencialidad, no podrá suspenderse ni restringirse, salvo en circunstancias excepcionales que serán determinadas por la ley o los reglamentos dictados conforme a derecho, cuando un juez u otra autoridad lo considere indispensable para mantener la seguridad y el orden. Las entrevistas entre la persona detenida o presa y su abogado podrán celebrarse a la vista de un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, pero éste no podrá hallarse a distancia que le permita oír la conversación. Los reclusos deberán ser informados periódicamente de los acontecimientos más importantes, sea por medio de la lectura de los diarios, revistas o publicaciones penitenciarias especiales, sea por medio de emisiones de radio, conferencias o cualquier otro medio similar, autorizado o fiscalizado por la administración. (Principio 18 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión y Regla 93 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos).
H) Ejercicios físicos y esparcimiento: El recluso deberá disponer por lo menos de una hora al día de ejercicio físico adecuado al aire libre (Regla 21 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas; Regla 47 de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, Resolución 45/113 del 14 de diciembre de 1990). Cada establecimiento deberá tener una biblioteca para el uso de todas las categorías de reclusos, suficientemente provista de libros instructivos y recreativos. Deberá instarse a los reclusos a que se sirvan de la biblioteca lo más posible. (Regla 40 y 78 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; art. 113 de la Ley Nacional de Ejecución Penal Nº 24.660; Principio 6º de los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos y XIII Principio de la Resolución Nº 1/08 “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”).
I) Seguridad: Entendida como seguridad en general del lugar de detención, en su aspecto preventivo y controlador de situaciones de riesgo para los detenidos, sus familiares, personas que los visiten, el personal de custodia, penitenciarios que trabajen en el lugar y de todas aquellas personas –magistrados, funcionarios, profesionales – que trabajen o desarrollen alguna actividad en el lugar de detención.
J) Trabajo: toda persona privada de libertad tendrá derecho a trabajar, a tener oportunidades efectivas de trabajo y a recibir una remuneración adecuada y equitativa por ello. (XIV Principio de la Resolución Nº 1/08 “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”). Resulta de suma importancia la creación y mantenimiento de condiciones aceptables que permitan a los reclusos realizar actividades laborales remuneradas y útiles que faciliten su reinserción en el mercado laboral del país y les permitan contribuir al sustento económico de su familia y al suyo propio. Las condiciones más importantes son: •El trabajo no debe tener un carácter punitivo. •Debe ser remunerado. •El horario de trabajo no debe exceder al normal de la vida en el exterior. •Deben aplicarse los estándares nacionales en cuanto a salud y seguridad. (Regla 71 y 72 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; arts. 106/109, 112, 114/117 y 120 de la Ley Nacional de Ejecución Penal Nº 24.660; Principio 8º de los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos).
K) Educación: toda persona privada de libertad tendrá derecho a la educación, la cual será accesible para todas las personas, sin discriminación alguna, y tomará en cuenta la diversidad cultural y sus necesidades especiales. (XIV Principio de la Resolución Nº 1/08 “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”). Se tomarán disposiciones para mejorar la instrucción de todos los reclusos capaces de aprovecharla, incluso la instrucción religiosa en los países en que esto sea posible.
La instrucción de los analfabetos y la de los reclusos jóvenes será obligatoria y la administración deberá prestarle particular atención. La instrucción de los reclusos deberá coordinarse, en cuanto sea posible, con el sistema de instrucción pública a fin de que al ser puesto en libertad puedan continuar sin dificultad su preparación. (Principio 28 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión). Los detenidos deben tener acceso al mismo sistema y modalidad de enseñanza y contenidos que el establecido en el sistema público de educación, puesto que los estándares internacionales sitúan a la educación como parte fundamental de un enfoque integral para un programa de rehabilitación individual que prepare a los detenidos para su liberación, de acuerdo con sus necesidades y potencial. (Regla 38 de las Naciones Unidas Para la Protección de los Menores Privados de Libertad; arts. 133/142 de la Ley Nacional de Ejecución Penal Nº 24.660).
L) Acceso a la atención médica: El acceso a un médico debe garantizarse para todos los detenidos sin demoras innecesarias, respetándose su dignidad, decoro y secreto profesional. Cada lugar de detención necesita contar con disposiciones especiales para traslados de emergencia a un hospital, siendo importante ofrecer a toda persona detenida un examen médico apropiado con la menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención, recibiendo regularmente la atención y tratamiento médico cuando sea necesario. El médico tratará de velar por la salud física y mental de los reclusos. Deberá visitar diariamente a todos los reclusos enfermos, a todos los que se quejen de estar enfermos y a todos aquellos sobre los cuales se llame su atención. En los establecimientos para mujeres deben existir instalaciones especiales para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que acaban de dar a luz y de las convalecientes. Hasta donde sea posible, se tomarán medidas para que el parto se verifique en un hospital civil. Si el niño nace en el establecimiento, no deberá hacerse constar este hecho en su partida de nacimiento.  Cuando se permita a las madres reclusas conservar su niño, deberán tomarse disposiciones para organizar una guardería infantil, con personal calificado, donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos por sus madres. (Regla 22, 23, 24 y 25 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; Principio 24 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; art. 6 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; arts. 143/152 de la Ley Nacional de Ejecución Penal Nº 24.660 y X Principio de la Resolución Nº 1/08 “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”).
Los reclusos que sufran otras enfermedades o anormalidades mentales deberán ser observados y tratados en instituciones especializadas dirigidas por médicos. Durante su permanencia en la prisión, dichos reclusos estarán bajo la vigilancia especial de un médico.  El servicio médico o psiquiátrico de los establecimientos penitenciarios deberá asegurar el tratamiento psiquiátrico de todos los demás reclusos que necesiten dicho tratamiento. (Regla 82 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos)
M) Religión: Se autorizará a todo recluso a cumplir los preceptos de su vida religiosa, espiritual y moral permitiéndosele participar en los servicios o reuniones organizados en el establecimiento y tener en su poder cualquier libro o literatura necesaria, controlando el grupo de visita que el derecho al culto no está restringido a miembros de una religión mayoritaria o a una religión estatal y que tampoco sean olvidados los derechos de grupos minoritarios. (Regla 41 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; arts. 153/157 de la Ley Nacional de Ejecución Penal Nº 24.660 y XV Principio de la Resolución Nº 1/08 “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”). 
N) Traslados: Los traslados de las personas privadas de libertad deberán ser autorizados y supervisados por autoridades competentes, quienes respetarán, en todas las circunstancias, la dignidad y los derechos fundamentales, y tomaran en cuenta la necesidad de las personas de estar privadas de libertad en lugares próximos o cercanos a su familia, a su comunidad, al defensor o representante legal, y al tribunal de justicia u otro órgano del Estado que conozca del caso. Los traslados no se deberán practicar con intención de castigar, reprimir o discriminar a las personas privadas de libertad, a sus familiares o representantes; ni se podrán realizar en condiciones que les ocasionen sufrimientos físicos o mentales en forma humillante o que propicien la exhibición pública. (IX Principio de la Resolución Nº 1/08 “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”). 
O) Empleados: Es necesario que los miembros del personal trabajen exclusivamente como funcionarios penitenciarios profesionales, que tengan la condición de empleados públicos y por lo tanto la seguridad de que la estabilidad en su empleo dependerá únicamente de su buena conducta, de la eficacia de su trabajo y de su aptitud física. La remuneración del personal deberá ser adecuada para obtener y conservar los servicios de hombres y mujeres capaces. Se determinarán las ventajas de la carrera y las condiciones del servicio teniendo en cuenta el carácter penoso de sus funciones. El personal deberá poseer un nivel intelectual suficiente. Deberá seguir, antes de entrar en el servicio, un curso de formación general y especial y pasar satisfactoriamente pruebas teóricas y prácticas. Después de su entrada en el servicio y en el curso de su carrera, el personal deberá mantener y mejorar sus conocimientos y su capacidad profesional siguiendo cursos de perfeccionamiento que se organizarán periódicamente. (Reglas 46, 47  y 54 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; arts. 200 y 201 de la Ley Nacional de Ejecución Penal Nº 24.660; Principios 18, 19 y 20 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley).

Conforme:
•	Guía Práctica para el Monitoreo de Lugares de Detención dictada por la Asociación para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas. 
•	 Manual de Monitoreo de Lugares de Detención del Ministerio de la Defensa Pública de la Provincia del Chubut y la Asociación por los Derechos Civiles..