Miércoles 18 de Noviembre de 2020

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA / BARILOCHE
Amparo de salud; proveen prótesis adecuada a la dolencia de un afiliado 

WhatsApp | Enviar por Mail | Copiar Enlace | Descargar Noticia

Dispuesto por un fallo del juez de Amparo de Bariloche y tal fuera solicitado por la defensora civil Stella Viudez y el defensor adjunto Gustavo Suarez, se ordenó que se haga lugar a la entrega de una prótesis distinta a la que ofreció la obra social y que se adecúa a las características de la dolencia del afiliado.

El amparo fue presentado por la hija del paciente afiliado al Ipross, con el patrocinio letrado de la Defensa Pública de Bariloche. Los defensores plantearon, al contestar la apelación de la Fiscalía de Estado, otra situación de similares características donde la Defensoría tuvo que intervenir, atento la falta de provisión de una prótesis de columna a otro afiliado  en tiempo oportuno, donde la cirugía no pudo ser realizada, situación conocida por el Ipross. 

En ese caso  debió ser formulado un nuevo requerimiento, pues a consecuencia del deterioro sufrido por el transcurso del tiempo,  la prótesis ya no se ajustaba a sus necesidades y tuvo que ser nuevamente intervenido quirúrgicamente. Asimismo y al  margen del caso recordaron que tal como lo establece el juez de grado, el Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia tiene dicho de manera constante que, estando fundado el pedido médico de una prótesis, es carga del requerido demostrar que la que intenta entregar reúne las mismas características y es igualmente apta para garantizar el derecho a la salud de la paciente.

El mismo fue ratificado por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, al rechazar la apelación interpuesta por la apoderada de la Fiscalía de Estado. Los jueces del STJ consideraron para ello que " el conflicto ha quedado circunscripto a una diferencia de criterios respecto a la prótesis que debe proveerse, cuestión que ha sido resuelta acertadamente  en la anterior instancia, teniendo en cuenta lo establecido por el marco normativo constitucional y convencional, como así también la negativa de su médico tratante  y la pericia del Cuerpo de Investigación Forense.

Esta pericia consideró graves las consecuencias que puede padecer  el amparista con la prótesis  que brinda la obra social toda vez que  "al ser colocada, es probable que sea resistido por poco tiempo; La evolución es probable que sea tórpida , en un paciente relativamente joven y en plena actividad. Destacando que también existe la probabilidad  que le cause mayores daños, debiendo tener que ser intervenido nuevamente.

Sobre el derecho a la salud
El fallo del STJ  ha destacado que  el derecho a la salud, desde el punto de vista normativo, está reconocido en los tratados internacionales con rango constitucional  entre ellos: la Declaración Universal de Derechos Humanos,  el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,  la Convención Americana sobre Derechos Humanos,  el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A su vez, el art. 59 de la Constitución Provincial reconoce a la salud como derecho esencial y bien social que hace a la dignidad humana.

Por otro lado señaló que no ha sido controvertida la situación del afiliado y su patología, como así también la imperiosa necesidad de contar con una prótesis adecuada, que permita fortalecer su calidad de vida y proseguir con sus tareas habituales. En este sentido se ha recogido el informe del médico especialista en medicina del trabajo y medicina legal del Poder Judicial, quien ha señalado  que el amparista es una persona todavía en actividad y se le debe atender plenamente en un todo, proveyéndole la prótesis requerida. 

En el caso puntual, solicitó respetar lo requerido por su médico traumatólogo tratante, quién es el que ha evaluado de acuerdo a la situación laboral, social y edad de su paciente. Es decir, que es ese profesional,  "el que tiene el conocimiento técnico quirúrgico que le permite saber qué prótesis reduce los tiempos quirúrgicos y las complicaciones posteriores".

La sentencia también recoge la opinión del Procurador General, consignando que "como destaca Crespo en su dictamen, la apelante tampoco ha brindado en esta instancia fundamentos técnicos que logren desvirtuar las conclusiones del Cuerpo de Investigación Forense, sumado a que se trata del asesoramiento técnico de auxiliares de la justicia cuya imparcialidad y corrección están garantidas por normas específicas y por medio de otras similares a las que amparan la actuación de los funcionarios judiciales.

 


Miércoles 18 de Noviembre de 2020
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA / BARILOCHE
Amparo de salud; proveen prótesis adecuada a la dolencia de un afiliado 
WhatsApp | Enviar por Mail | Copiar Enlace | Descargar Noticia

Dispuesto por un fallo del juez de Amparo de Bariloche y tal fuera solicitado por la defensora civil Stella Viudez y el defensor adjunto Gustavo Suarez, se ordenó que se haga lugar a la entrega de una prótesis distinta a la que ofreció la obra social y que se adecúa a las características de la dolencia del afiliado.

El amparo fue presentado por la hija del paciente afiliado al Ipross, con el patrocinio letrado de la Defensa Pública de Bariloche. Los defensores plantearon, al contestar la apelación de la Fiscalía de Estado, otra situación de similares características donde la Defensoría tuvo que intervenir, atento la falta de provisión de una prótesis de columna a otro afiliado  en tiempo oportuno, donde la cirugía no pudo ser realizada, situación conocida por el Ipross. 

En ese caso  debió ser formulado un nuevo requerimiento, pues a consecuencia del deterioro sufrido por el transcurso del tiempo,  la prótesis ya no se ajustaba a sus necesidades y tuvo que ser nuevamente intervenido quirúrgicamente. Asimismo y al  margen del caso recordaron que tal como lo establece el juez de grado, el Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia tiene dicho de manera constante que, estando fundado el pedido médico de una prótesis, es carga del requerido demostrar que la que intenta entregar reúne las mismas características y es igualmente apta para garantizar el derecho a la salud de la paciente.

El mismo fue ratificado por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, al rechazar la apelación interpuesta por la apoderada de la Fiscalía de Estado. Los jueces del STJ consideraron para ello que " el conflicto ha quedado circunscripto a una diferencia de criterios respecto a la prótesis que debe proveerse, cuestión que ha sido resuelta acertadamente  en la anterior instancia, teniendo en cuenta lo establecido por el marco normativo constitucional y convencional, como así también la negativa de su médico tratante  y la pericia del Cuerpo de Investigación Forense.

Esta pericia consideró graves las consecuencias que puede padecer  el amparista con la prótesis  que brinda la obra social toda vez que  "al ser colocada, es probable que sea resistido por poco tiempo; La evolución es probable que sea tórpida , en un paciente relativamente joven y en plena actividad. Destacando que también existe la probabilidad  que le cause mayores daños, debiendo tener que ser intervenido nuevamente.

Sobre el derecho a la salud
El fallo del STJ  ha destacado que  el derecho a la salud, desde el punto de vista normativo, está reconocido en los tratados internacionales con rango constitucional  entre ellos: la Declaración Universal de Derechos Humanos,  el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,  la Convención Americana sobre Derechos Humanos,  el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A su vez, el art. 59 de la Constitución Provincial reconoce a la salud como derecho esencial y bien social que hace a la dignidad humana.

Por otro lado señaló que no ha sido controvertida la situación del afiliado y su patología, como así también la imperiosa necesidad de contar con una prótesis adecuada, que permita fortalecer su calidad de vida y proseguir con sus tareas habituales. En este sentido se ha recogido el informe del médico especialista en medicina del trabajo y medicina legal del Poder Judicial, quien ha señalado  que el amparista es una persona todavía en actividad y se le debe atender plenamente en un todo, proveyéndole la prótesis requerida. 

En el caso puntual, solicitó respetar lo requerido por su médico traumatólogo tratante, quién es el que ha evaluado de acuerdo a la situación laboral, social y edad de su paciente. Es decir, que es ese profesional,  "el que tiene el conocimiento técnico quirúrgico que le permite saber qué prótesis reduce los tiempos quirúrgicos y las complicaciones posteriores".

La sentencia también recoge la opinión del Procurador General, consignando que "como destaca Crespo en su dictamen, la apelante tampoco ha brindado en esta instancia fundamentos técnicos que logren desvirtuar las conclusiones del Cuerpo de Investigación Forense, sumado a que se trata del asesoramiento técnico de auxiliares de la justicia cuya imparcialidad y corrección están garantidas por normas específicas y por medio de otras similares a las que amparan la actuación de los funcionarios judiciales.