Según la acusación fiscal se trata de 21 hechos que habrían sucedido entre noviembre de 2021 y julio de 2023, en modalidades similares cuando “un médico clínico y psiquiatra, una licenciada en psicología y una acompañante terapéutica, quienes integraban el equipo de profesionales a cargo del lugar, en connivencia con la presidente del establecimiento y su socio, habrían defraudado a la Obra Social I.Pro.S.S”.

“De esta manera, los tres profesionales habrían falsificado historias clínicas, planillas de asistencia, inclusiones ficticias de pacientes ambulatorios en la modalidad especial denominada Hospital de Día, cuyas contraprestaciones facturadas y pagadas por la Obra Social Ipross a San Cirano S.A. no fueron efectivamente brindadas a los afiliados”, describió el equipo fiscal.

“Además, esos servicios fueron por un monto superior por tratarse de un módulo diferenciado y específico”, agregó el equipo fiscal.

“Es asi que con la complicidad del médico clínico y psiquiatra, la licenciada en psicología y la acompañante terapéutica, que completaban, firmaban y remitían a la administración de San Cirano S.A. los listados de pacientes y la documentación necesaria para generar las facturas mensuales. Eso finalmente era también firmado y luego remitido por la presidente de Valle Sereno al Departamento de Rendiciones Médicas y Sanatoriales del Ipross”, detalló la fiscalía.

“Así la obra social provincial creaba los expedientes de pago de la facturación emitida por San Cirano S.A., que elevaba a la Secretaría General Administrativa del Ipross, que luego aprobaba y efectivizaba el pago al establecimiento prestador”, dijeron las representantes del Ministerio Público Fiscal.

“Esta operatoria pudo concretarse por un Convenio celebrado entre Ipross y Valle Sereno, en el que el establecimiento se comprometía a brindar a los afiliados las prestaciones de modulos de internación, módulos de internación especial, módulo hospital de día y módulo reinserción socio productiva, como también asumía la total responsabilidad por la operación y administración de los servicios que se comprometía a brindar”, finalizó la acusación.

La calificación legal por la cual quedaron imputadas las cuatro primeras personas – a una quinta se le formularán cargos en los días subsiguientes – es la de: “estafas reiteradas agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública en 21 hechos todo enconcurso real”. Cabe mencionar que la presidente y su socio deben responder a título de co-autores, mientras que los profesionales como partícipes necesarios.

Entre el sustento probatorio mencionado para la imputación de hoy se encuentra: la denuncia penal radicada en mayo de 2024 por la obra social en la Fiscalía General, expediente administrativo de Ipross y el establecimiento sobre la investigación inicial, sobre facturaciones, resoluciones del convenio prestacional.

Se agregó el Informe Técnico Contable confeccionado por la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal del Ministerio Público, también las órdenes de pago emitidas por la obra social a los bancos donde recibían los cobros.

El informe de la O.I.Tel como de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se cuenta con la habilitación del establecimiento ante el Ministerio de Salud de Río Negro in, el informe de mismo ministerio en cuanto a los profesionales que se desempeñaron en la institución entre noviembre del año 2021 y diciembre de 2023, y las entrevistas realizadas en la fiscalía interviniente.

La defensa penal pública que asiste a dos de los profesionales y el abogado particular de la presidente y el socio del establecimiento no tuvieron objeciones a la imputación.

Finalmente, el juez de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos en los términos planteados por el Ministerio Público Fiscal y estableció la etapa de investigación penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.