Una mujer y un hombre fueron acusados hoy de haber intervenido en un hecho ocurrido en la noche del lunes, que terminó con una persona con lesiones leves producto de un disparo. Los tres estaban juntos en un intercambio de estupefacientes y, por razones que se buscarán establecer, la mujer habría disparado a la víctima, mientras esta última era sostenida por el hombre también imputado. Si bien la investigación principal se desarrollará en el fuero federal, la fiscalía provincial avanzará en determinar el modo en los que se produjeron los hechos posteriores.

El Ministerio Público Fiscal sostuvo la necesidad de que el imputado por el siniestro vial ocurrido el 21 de noviembre, a la altura del kilómetro 1204 de la Ruta Nacional N° 22, en Allen, arribe a la audiencia de control de acusación detenido. Sin oposición de la defensa, la jueza de Garantías resolvió en ese sentido.

Hoy el Ministerio Público Fiscal reformuló los cargos contra un joven acusándolo de sustraer un teléfono celular a un taxista utilizando un arma de fuego y de portar, además, otra arma sin la debida autorización legal. Las pericias realizadas por el Gabinete de Criminalística sobre ambas armas, secuestradas al momento de la aprehensión, permitieron determinar sus características técnicas, su clasificación legal y su aptitud para producir disparos.

El Ministerio Público Fiscal concluyó las primeras diligencias para determinar la causa del incendio que destruyó la sede del Área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Catriel. De acuerdo con el informe pericial, el fuego se originó por un cortocircuito eléctrico debido al sobrecalentamiento de la red.

Un hombre fue imputado por ingresar al área de Tránsito de la Municipalidad de Catriel para robar un aire acondicionado y un climatizador de un sector afectado por un reciente incendio. Se dispuso una prohibición de acercamiento para resguardar la investigación. 

Una mujer que durante la convivencia con su pareja dejó su trabajo para dedicarse exclusivamente al cuidado de sus hijos, le reclama a su ex una millonaria compensación económica que prevé un retroactivo desde el momento en que se disolvió el vínculo. La Defensa Pública sostiene que aquella decisión se produjo en un contexto de manipulación y control que derivó en la pérdida de su autonomía económica, desequilibrio que se profundizó después de la separación.