El titular de la Unidad de Delitos contra la Propiedad le adjudicó la comisión de un hecho sucedido en el año 2014, cuando la imputada suscribió un contrato de compra venta, construcción de platea, ensamble y el armado de una vivienda prefabricada para lo cual se le entregó una suma de dinero en efectivo y un plan de cuotas. Según consta en la denuncia una vez transcurridos los días no se hicieron las obras y la imputada mudó de domicilio las oficinas de la empresa lo que dificultó su localización. Todo esto a sabiendas que no daría cumplimiento con el contrato y tampoco iniciar las obras para finalmente cerrar la empresa.

Las pruebas que avalan la imputación son documentos de compra venta, facturas, testimoniales de la propia víctima y acta notarial de un escribano de la ciudad que da cuenta de la ausencia de obras realizadas.

El defensor oficial, Marcelo Alvarez Melinger expresó en la mencionada instancia, que se encargará de demostrar que el hecho imputado no se encuadra en la figura de estafa sino de un incumplimiento contractual. Expresó que..."no hay estafa en los términos que sostiene la fiscalía".

Finalmente el Juez de Garantías Marcos Burgos dió por formulados los cargos y habilitó la posterior investigación de los hechos imputados.