Romero solicitó que se declare al imputado como autor penalmente responsable “del delito por el que fue traído a juicio, esto es el Artículo 173 inc. 9º del Código Penal" , que es la venta de un bien ajeno como si fuera propio.

“Producida toda la prueba que se ha ventilado en las audiencias de debate, el hecho ocurrió tal como lo habría adelantado esta fiscalía al momento del alegato de apertura. El sujeto no obstante tener acabado conocimiento de que el bien que estaba enajenando aún no era propiedad de la Asociación Circulo Policial Valletano que representaba y que por ende no podía enajenarlo, de todas maneras vendió lotes ocultando tal circunstancia a los compradores, a cuyos efectos montó una maniobra ardidosa, propia de los delitos de estafa, de manera tal de inducir el engaño a los adquirientes de los lotes. Fundamentalmente calló, ocultó y silenció cuál era la real situación del bien inmueble que estaba vendiendo”, explicó el fiscal.

En relación a los testigos el representante del Ministerio Público Fiscsal mencionó que “todos fueron contestes al afirmar que en realidad al momento de realizar la operación inmobiliaria creían que lo estaban haciendo con quien resultaba ser el dueño de los lotes, esto es la Asociación del Círculo Valletano de suboficiales de la Policía de Río Negro; ignoraban que el Círculo no era el dueño aún de esos terrenos, y por ello no iban a poder concretar la escrituración”.

Alrededor de toda esta venta, dijo Romero, “se había montado una escena para dar credibilidad a la operación que se está realizando. Así todos los testigos hablaron de la oficina a la que asistían, de los escudos que estaban allí, como el de la policía y de la provincia, ubicada en un edificio donde funcionaba un organismo oficial. Todo esto hacía creer que era una entidad que reunía las condiciones legales para realizar este tipo de operaciones”.

Luego el fiscal del caso manifestó que “funcionarios municipales y provinciales dieron acabado testimonio acerca de que las tierras que el imputado estaba enajenando no eran de su propiedad y no tenía autorización para hacerlo”.

Por su parte, el defensor público penal que asiste al imputado, Eduardo Luis Carrera, solicitó la absolución del sujeto, por no encuadrar los hechos juzgados en el delito de “estelionato”, “al no haberse acreditado ni ardid, ni dolo, ni perjuicio alguno”, dijo Carrera. Para sostener su defensa hizo una valoración de los diversos elementos de juicio, con cita de doctrina y jurisprudencia, y aclaró que “su cliente fue sólo un miembro más de la comisión directiva del Círculo, en el que otras personas también tomaban decisiones del mismo peso, hoy todos ellos sobreseidos. Y los fundamentos vertidos en estos alegatos dan cuenta sobradamente de la buena fe con la que actuó mi asistido”.

La lectura de veredicto a cargo del juez de Garantías Gastón Pierroni se conocerá el miércoles 24 de octubre a las 11:30.

Los hechos juzgados

Cabe recordar que según la acusación fiscal los hechos ocurrieron en el 2005, 2009 y 2010 y el actualmente imputado, junto a colaboradores que se encuentran en situación procesal de falta de mérito, “fraccionaron” esas tierras, ubicadas en Ruta 22 y Damas Patricias de Roca, “vendiendo las parcelas en los montos pactados en los contratos para la cancelación del terreno y construcción de las viviendas” y “en muchos casos las obras no fueron iniciadas o las viviendas fueron entregadas con graves deficiencias de habitabilidad, como la carencia de servicios públicos básicos, además de no poder los compradores iniciar los trámites para escriturar”.