Según la acusación relatada por la Fiscal Betiana Cendón y Marcos Sosa Lukman; en la fecha mencionada alrededor de las 18 horas el cuidador de la "Cabaña Hueche Ruca” comenzó a sentir que arrojaban piedras a la propiedad. Al salir del lugar, cuatro personas encapuchadas, portando resorteras y piedras, le expresaron que eran de la comunidad mapuche y que "ese sector era tomado por ellos, por lo que no querían ver a nadie allí”.

Agregaron que su problema era con los dueños y que provocarían daños en esas tierras porque les pertenecía a ellos. Asimismo le pidieron que se fuera y no volviera amenazándolo con prender fuego la camioneta y generándole temor.

Una vez allí los imputados ingresaron al predio privado, colocaron una bandera que reza "Territorio mapuche recuperado LOF LAFKEN WINKUL MAPU", invadiéndolo y a su paso provocando daños estructurales en la construcción tales como el retiro del techo y los efectos del interior arrojando ramas y árboles sobre el techo, talando para ello los mismos sin autorización.

Desde ese momento el predio se encuentra cercado por personas encapuchadas que portan armas de fuego.

La calificación legal endilgada al grupo de personas es usurpación y se sostiene en la denuncia del apoderado, la declaración de la víctima que consolida los elementos antes mencionados y la constatación del lugar con tomas fotográficas y videos recabados por drones que permiten acreditar el antes y el después de este predio.

La Fiscal Cendón explicó que se consultó al CODECI acerca de las características de esta LOF y se hizo lo propio ante el INADI, ambos organismos respondieron que no obran registros de relevamiento alguno por lo cual no puede determinarse quienes lo integran y cuáles son sus roles. Respuestas que constan en el legajo como sustento probatorio.

Además se requirieron los legajos de la causa federal iniciada, en cuyo dictamen consta quiénes son los integrantes de la mencionada comunidad. Constituye ello prueba fundamentada para tener por formulados los cargos.

La querella adhirió a lo expresado por la Fiscalía y la Defensa oficial, ejercida por Nelson Vigueras, se opuso a la formulación de cargos por entender que no están debidamente individualizados los imputados.

Se trata ésta de la segunda formulación de cargos por hechos detectados en la zona de Villa Mascardi, de difícil reconocimiento de sus autores por ser protagonizados por personas encapuchadas cuyo accionar suele producirse en horas de la noche, imposibilitando su identificación legal.

Finalmente, el Juez Martín Arroyo tuvo por formulados los cargos por el delito de usurpación a las imputadas presentes en la audiencia en calidad de coautoras y dispuso asimismo la extensión de la investigación por los próximos cuatro meses.

Restititución del predio

La Fiscalía, con la adhesión de la querella, pidió en esta misma instancia la restitución del predio a sus propietarios legales, dijo que la estancia de los ocupantes en el lugar se da “de manera amenazante, violenta, clandestina y dañina” lo que queda demostrado en las fotos actuales del predio.

“Hemos buscado por todos los medios restituir el predio de manera pacífica pero la tarea fue infructuosa, por lo cual formulamos este reclamo legal y pedimos que tal restitución se produzca bajo un estricto protocolo de desalojo dispuesto por la Fiscalía General que ya arrojó resultados positivos días atrás en la zona de El Foyel”, destacó Cendón.

“No podemos consolidar una usurpación ilegal que fue efectuada con violencia y que en este mismo momento, se está sosteniendo con violencia”, dijo la Fiscal mientras mostraba fotos de personas ingresando en el lugar aún la prohibición dictada para hacerlo.

El defensor, en cambio, aludió al derecho de propiedad de los pueblos indígenas que se encuentran reclamando su territorio ancestral, en detrimento del derecho de propiedad que debe efectuarse en sede civil. Destacó que en realidad se discutía allí un desalojo y valoró el ejercicio del derecho a la defensa.  

El Juez culminó la audiencia haciendo referencia a diversa legislación relacionada con los derechos de las comunidades indígenas y el plexo normativo. "Aquí no está en discusión la existencia de los pueblos originarios, pero sí que no se puede acudir a cualquier vía para ejercer un reclamo, debo tener cuenta las consecuencias. Los derechos legitimos no habilitan las vias ilegitimas, y si lo hacemos nos exponemos. No tiene que ver con discriminacion, enfatizó.

"Hay que hacer cesar el delito para poder avanzar en la pacificación" destacó Arroyo antes de hacer lugar al requerimiento de la Fiscalía y disponer la restitución al Obispado de San Isidro.

"Ordeno el reintegro de la posesión del inmueble que deberá hacerse según el Protocolo dispuesto por el Ministerio Público contemplando todas las medidas que garanticen la integridad de las personas", concluyó Arroyo.