El hecho sucedió el domingo cerca de las 20:30 horas cuando el imputado se hizo presente en la vivienda donde residía parte de su familia, ingresó a la misma y se negó a abandonar el lugar permaneciendo durante varios minutos. Después de insultar a los presentes, finalmente, se retiró.

El joven no podía acercarse a la vivienda en donde residía su hermana porque pesaba en su contra una prohibición de acercamiento – comúnmente conocida como perimetral – dictada tanto primero por la jueza de paz de Fernández Oro y una segunda dispuesta por una jueza de garantías del fuero penal.

La calificación legal del caso es desobediencia a una orden judicial y el acusado lo está en carácter de autor.

Los representantes del Ministerio Público requirieron que el acusado permanezca privado de la libertad mientras avanza el proceso en su contra, entendiendo que en caso de recuperar la libertad, podría entorpecer en el normal avance del proceso. Además señalaron que era necesario resguardar la integridad de la víctima, quien mantiene un lazo de parentesco con el acusado.

La defensa pública brindó una explicación respecto de la presencia del imputado en el lugar, mencionando que fue invitado por otro familiar y que la hermana no se encontraba presente en ese momento. Además consideró que no debía dictarse la medida cautelar requerida por la fiscalía sino que debía ampliarse el radio de la perimetral y se debía disponer que el acusado sea moniteoreado con un dispositivo electrónico.

A pesar de la postura de la defensa, el juez de garantías que dirigió la audiencia tuvo por formulados los cargos y dispuso la prisión preventiva. El magistrado consideró que además de los riesgos procesales, en base al principio de debida diligencia la única alternativa posible para garantizar la integridad de la víctima y su derecho a vivir una vida libre de violencia era manteniendo la detención del acusado.