En el inicio de la audiencia, la Fiscal interviniente recordó el hecho que se produjo el 17 de marzo de este año a la altura del kilómetro 2,320 de la Ruta Nacional 3 (dirección Viedma – Conesa) cuando la mujer conducía su camioneta. Ello, explicitó, “sin el debido cuidado y prevención, sin conservar el dominio efectivo del vehículo, con un nivel de alcoholemia en ese momento entre 1,06 y 1,27 g/l, y utilizando mientras su teléfono celular para comunicarse con distintas personas na las que les envió al menos cinco videos a través de Whatsapp”.

“Al inicio de una curva invadió el carril contrario, inobservando la señalización horizontal (doble línea amarilla) que prohibía tal maniobra, produciéndose un despiste sobre la banquina izquierda (contraria al sentido de circulación), luego de lo cual, y al querer retomar nuevamente su carril, colisionó en el lateral derecho al vehículo Duster, que circulaba en sentido contrario, y que había realizado una maniobra de esquive”, agregó. Producto del hecho el conductor del auto contrario sufrió diversos hematomas y escoriaciones y perdieron la vida sus dos hijos y su madre, restantes ocupantes del vehículo.

La Fiscalía destacó que en ese sentido que la medida cautelar (que ya fue discutida en tres oportunidades y confirmada en todas ellas) fue impuesta por la actitud demostrada por la mujer en los momentos posteriores al impacto: huyó del lugar, abandonó el domicilio en el que se la había notificado que debía permanecer, inició conversaciones con el seguro del vehículo ocultando y falseando información del hecho.

“Más allá del esfuerzo de la defensa de remarcar una actitud colaborativa, los indicios recabados por la acusación van en contrario y se consideran más obstructivos que colaborativos”, enfatizó.

Así lo detalló la acusación pública: “Hubo una clara intención de la mujer de mantenerse oculta a la que le sumamos las acciones protagonizadas por ella luego de la notificación de que estaba incursa en una causa penal. Se fue, abandonó no sólo Conesa sino la provincia, lo que fue advertido por cámaras de seguridad y pudo ser detenida en un puesto de control policial al que se acercó para reclamar pertenencias que estaban secuestradas”.

“Hoy todos estos riesgos lejos de cesar se acrecientan con la cercanía del juicio ora y público. Y se acrecienta el riesgo de fuga: la acusada es oriunda de Mendoza, tiene un domicilio en el que nunca vivió, en Conesa había alquilado un mes antes de ocurrido el hecho y estaba poco allí, ha ofrecido también un domicilio en Lamarque que alquilaba pero en el que tampoco se encontraba asiduamente. A ello la defensa agregó otro domicilio en Pedro Luro. No existe arraigo”.

“Los riesgos siguen vigente, no hay alternativa que garantice su neutralizacion. Y la posibilidad de que la pena sea de cumplimiento efectivo tal como se requerirá en el control de acusación hace imprescindible que se prorrogue la prisión preventiva hasta ese momento”.

A su turno la querella adhirió, marcó contradicciones entre las diversas declaraciones de la mujer y los elementos obtenidos en el marco de la investigación penal preparatoria y enfatizó en que la acusada ha demostrado no ser confiable por lo que reiteró el pedido de la continuidad de la medida.

Finalmente, luego de escuchar a la defensa que se opuso al requerimiento de la acusación el juez de garantías interviniente le hizo lugar y prorrogó la medida cautelar en los términos en que se estaba cumpliendo hasta la audiencia de control de acusación que se realizará el 28 de octubre próximo.