Esta instancia, desarrollada en el Auditorio del Poder Judicial, contó con la participación del padre e hijo de las víctimas. El hombre era quien conducía el vehículo involucrado en el siniestro y también sufrió lesiones producto del mismo. 

Allí el Ministerio Público Fiscal y el abogado querellante individualizaron a cada uno de los 13 testigos que convocarán al debate oral y público, entre ellos las tres personas que arribaron al lugar en el que se produjo la colisión instantes después de la misma. Uno de ellos, incluso, colaboró en las tareas de búsqueda de la conductora de la camioneta pensando que podía haber sido despedida de la misma cuando en realidad ya se había marchado caminando del lugar.

Mencionaron que convocarán al personal policial que estuvo a cargo de las principales tareas en el lugar y que darán cuenta - además- de las imágenes relevadas en las cámaras de seguridad del sistema 911 que, entre otras instancias, captan a la acusada en el momento en que abandona Viedma e ingresa a General Conesa, permitiendo dar precisiones de los horarios en que lo hizo.

Sumarán además al hombre a quien la mujer le alquilaba una vivienda en General Conesa y fue quien pudo precisar cómo fue el primer contacto entre ambos, en qué estado estaba ella y cómo se produjo el aviso a personal policial.

En relación a los testigos que fueron mencionando, tanto la Fiscalía como la querella explicaron enfáticamente qué porción de la acusación ayudaría a probar cada uno de ello. De esta forma, por ejemplo, adelantaron que otro agente policial que se comunicó con la mujer de forma posterior al hecho, dará cuenta de la actitud de ocultamiento y no asistencia a las víctimas desplegada.

Si bien la acusación había requerido la convocatoria de las dos profesionales médicas del Cuerpo de Investigación Forense que realizaron las tres autopsias y la revisión a los dos conductores; respondiendo a una sugerencia del Juez de juicio que encabezó la audiencia, las partes convinieron que no discutirán los resultados científicos de cada uno de los correspondientes certificados.

Antes de dar paso a la alocución de la defensa, la Fiscalía informó que pedirán la pena de seis años de prisión efectiva, el máximo legal que le corresponde al delito endilgado. Por lo mismo, el debate oral y público se realizará ante un tribunal colegiado compuesto por tres jueces. A su turno, el defensor sumó siete testigos más.

Culminada la presentación de prueba, volvió a debatirse la prisión preventiva que desde el 20 de marzo cumple la imputada. En ese marco, reiteró la acusación enfáticamente la subsistencia del peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Relataron cada una de las acciones que protagonizó la mujer que da cuenta de que ambos se mantienen. En cambio el defensor abogó por la morigeración para que la acusada llegue al juicio en libertad o, bien, con arresto domiciliario.

Finalmente el juez de juicio interviniente prorrogó por otros dos meses la medida cautelar más grave haciendo especial hincapié en la expectativa de pena que junto a los diversos indicadores dan cuenta de la presencia de riesgo de fuga

“La proximidad del debate que comenzaría en no más de 60 días, la expectativa de pena, los indicadores de actitudes y actividades desplegadas por la imputada me llevan a pensar que están dado los presupuestos que me permiten determinar la prisión preventiva por otros 60 días”, indicó.