El equipo fiscal de Villa Regina formuló cargos a un hombre de 47 años por hechos cometidos contra una mujer, entre el 16 de octubre y el primero de noviembre. El imputado fue detenido en su casa, tras la rápida intervención policial y fiscal, y en la audiencia se solicitó la prisión preventiva por el plazo de 6 meses.
Según la acusación fiscal, “el sujeto habría ejercido violencia doméstica, psicológica y sexual en el marco de un contexto de violencia de género, cometiendo estos delitos contra su ex pareja, a quien habría mantenido aislada y privada de su libertad, amenazándola”.
La calificación legal que propuso la fiscalía y por la que quedó imputado es la de “secuestro coactivo agravado por ser conviviente, abuso sexual con acceso carnal reiterado y amenazas simples, todo en concurso real y en contexto de violencia de género”, según los Artículos 45, 55, 119 tercer párrafo, 142 bis inciso 2 y 149 bis todos del Código Penal.
Entre la evidencia enunciada para esta instancia se encuentra: el acta de denuncia penal de la víctima, entrevistas, acta de allanamiento realizado en el domicilio del imputado, los secuestros de interés para la causa. Así mismo se cuenta con la intervención de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), las dirigencias del Gabinete de Criminalística, las pericias del Cuerpo de Investigación Forense.
La defensa penal pública que asiste al hombre se opuso a la teoría fiscal, como también a la medida cautelar, proponiendo algunas menos gravosas, como la colocación de tobillera electrónica y prohibición de acercamiento.
Finalmente, el juez de Garantías interviniente resolvió que el imputado continúe detenido cumpliendo prisión preventiva teniendo presente el riesgo procesal invocado por la fiscal del caso de entorpecimiento a la investigación. Así mismo el magistrado tuvo por formulados los cargos.
El equipo fiscal de Villa Regina formuló cargos a un hombre de 47 años por hechos cometidos contra una mujer, entre el 16 de octubre y el primero de noviembre. El imputado fue detenido en su casa, tras la rápida intervención policial y fiscal, y en la audiencia se solicitó la prisión preventiva por el plazo de 6 meses.
Según la acusación fiscal, “el sujeto habría ejercido violencia doméstica, psicológica y sexual en el marco de un contexto de violencia de género, cometiendo estos delitos contra su ex pareja, a quien habría mantenido aislada y privada de su libertad, amenazándola”.
La calificación legal que propuso la fiscalía y por la que quedó imputado es la de “secuestro coactivo agravado por ser conviviente, abuso sexual con acceso carnal reiterado y amenazas simples, todo en concurso real y en contexto de violencia de género”, según los Artículos 45, 55, 119 tercer párrafo, 142 bis inciso 2 y 149 bis todos del Código Penal.
Entre la evidencia enunciada para esta instancia se encuentra: el acta de denuncia penal de la víctima, entrevistas, acta de allanamiento realizado en el domicilio del imputado, los secuestros de interés para la causa. Así mismo se cuenta con la intervención de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), las dirigencias del Gabinete de Criminalística, las pericias del Cuerpo de Investigación Forense.
La defensa penal pública que asiste al hombre se opuso a la teoría fiscal, como también a la medida cautelar, proponiendo algunas menos gravosas, como la colocación de tobillera electrónica y prohibición de acercamiento.
Finalmente, el juez de Garantías interviniente resolvió que el imputado continúe detenido cumpliendo prisión preventiva teniendo presente el riesgo procesal invocado por la fiscal del caso de entorpecimiento a la investigación. Así mismo el magistrado tuvo por formulados los cargos.