MINISTERIO PÚBLICO FISCAL / ALLEN
Estafa a través de la Mutual de Empleados municipales: seis personas imputadas
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Este mediodía, la fiscalía descentralizada de Allen formuló cargos a seis personas por el delito de estafa por hechos que habrían ocurrido entre 2018 y 2024 en al menos 72 oportunidades.
Según la acusación fiscal, “cuatro hombres y dos mujeres simularon haber constituido regularmente la Mutual de Empleados Municipales de Allen, para lo cual habrían falsificado actas de asamblea, fichas de afiliación, listados de deudores y libros de actas”.
“Además habrían entregado papeles membretados con firmas, otorgaron préstamos personales y utilizaron sellos, a sabiendas que dicha mutual había dejado de existir en el año 2006, por resolución del organismo que las Asociaciones Mutuales, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), cuestión de la que habían sido notificados”, explicó el fiscal del caso.
En su alocución, el representante fiscal dijo que “no obstante a que conocían acabadamente la irregular situación de la Mutual, los nombrados captaron a empleados municipales a fin de que firmen voluntariamente fichas de adhesión a la mutual autorizando a que les retenga el 2% de sus haberes mensuales brutos”.
“Además, habrían concretado también el engaño al Municipio de Allen, al que remitían actas de asambleas, planillas con afiliaciones y documentación firmada por los afiliados, autorizando el descuento de sus haberes mensuales del valor de la cuota de afiliado y, en su caso el descuento del valor de la cuotas correspondientes a los préstamos personales que se les otorgaran”, describió el Ministerio Público Fiscal.
“Es así que el Municipio realizaba los descuentos correspondientes y transfería el dinero a la cuenta del Banco habilitada a nombre personal de tres de los imputados”, agregó la fiscalía.
“Con dicho accionar ardidoso, los imputados habrían estafado a quienes efectuaron aportes a una Mutual que en realidad no estaba legalmente constituida; y también a la Municipalidad de Allen”, concluyó la fiscalía.
La calificación legal por la que las seis personas deberán responder en calidad de co-autores es la de “estafa”, según los Artículos 45, 172 y 173 inc. 3° del Código Penal.
La fiscalía mencionó la evidencia con la que cuenta para esta instancia: la denuncia realizada por el intendente de Allen, actas varias, copia de depósitos, copia de informe de montos retenidos, y luego depositados a la mutual por parte del municipio, informe del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, oficina del Banco Patagonia, pericia concretada por Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL) dependiente de Procuración General, oficio de la División Judicial de Investigaciones respecto a los allanamientos y secuestros de celulares, entrevistas varias, entre otra prueba.
La querella, representando al intendente municipal, adhirió a lo mencionado por la fiscalía, y explicó cómo fue que desde la intendencia actual advirtieron la situación denunciada.
El defensor particular, que asistió a los seis personas, explicó que “para nosotros no existió delito”, mencionó que presentará prueba para sostener su teoría del caso y se opuso a la imputación realizada.
Finalmente, el juez de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos tal lo esgrimido por el Ministerio Público Fiscal. Además estableció un período de investigación penal preparatoria de cuatro meses a partir de esta fecha.
Estafa a través de la Mutual de Empleados municipales: seis personas imputadas
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Este mediodía, la fiscalía descentralizada de Allen formuló cargos a seis personas por el delito de estafa por hechos que habrían ocurrido entre 2018 y 2024 en al menos 72 oportunidades.
Según la acusación fiscal, “cuatro hombres y dos mujeres simularon haber constituido regularmente la Mutual de Empleados Municipales de Allen, para lo cual habrían falsificado actas de asamblea, fichas de afiliación, listados de deudores y libros de actas”.
“Además habrían entregado papeles membretados con firmas, otorgaron préstamos personales y utilizaron sellos, a sabiendas que dicha mutual había dejado de existir en el año 2006, por resolución del organismo que las Asociaciones Mutuales, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), cuestión de la que habían sido notificados”, explicó el fiscal del caso.
En su alocución, el representante fiscal dijo que “no obstante a que conocían acabadamente la irregular situación de la Mutual, los nombrados captaron a empleados municipales a fin de que firmen voluntariamente fichas de adhesión a la mutual autorizando a que les retenga el 2% de sus haberes mensuales brutos”.
“Además, habrían concretado también el engaño al Municipio de Allen, al que remitían actas de asambleas, planillas con afiliaciones y documentación firmada por los afiliados, autorizando el descuento de sus haberes mensuales del valor de la cuota de afiliado y, en su caso el descuento del valor de la cuotas correspondientes a los préstamos personales que se les otorgaran”, describió el Ministerio Público Fiscal.
“Es así que el Municipio realizaba los descuentos correspondientes y transfería el dinero a la cuenta del Banco habilitada a nombre personal de tres de los imputados”, agregó la fiscalía.
“Con dicho accionar ardidoso, los imputados habrían estafado a quienes efectuaron aportes a una Mutual que en realidad no estaba legalmente constituida; y también a la Municipalidad de Allen”, concluyó la fiscalía.
La calificación legal por la que las seis personas deberán responder en calidad de co-autores es la de “estafa”, según los Artículos 45, 172 y 173 inc. 3° del Código Penal.
La fiscalía mencionó la evidencia con la que cuenta para esta instancia: la denuncia realizada por el intendente de Allen, actas varias, copia de depósitos, copia de informe de montos retenidos, y luego depositados a la mutual por parte del municipio, informe del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, oficina del Banco Patagonia, pericia concretada por Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL) dependiente de Procuración General, oficio de la División Judicial de Investigaciones respecto a los allanamientos y secuestros de celulares, entrevistas varias, entre otra prueba.
La querella, representando al intendente municipal, adhirió a lo mencionado por la fiscalía, y explicó cómo fue que desde la intendencia actual advirtieron la situación denunciada.
El defensor particular, que asistió a los seis personas, explicó que “para nosotros no existió delito”, mencionó que presentará prueba para sostener su teoría del caso y se opuso a la imputación realizada.
Finalmente, el juez de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos tal lo esgrimido por el Ministerio Público Fiscal. Además estableció un período de investigación penal preparatoria de cuatro meses a partir de esta fecha.
