Sin embargo, la operadora que estaba de turno tomó nota de lo relatado y solicitó la inmediata intervención al Juzgado de Familia y se dio intervención a la defensora civil de turno.

“Nuestra labor fue intentar conocer los motivos que llevaron a la joven a no poder poner efectuar la denuncia y a raíz de ello elaboramos una estrategia de contención, acompañamiento y abordaje integral interdisciplinar”, explica la defensora civil.

“Trabajamos en equipo, junto a la defensora de menores, los representantes del Área de Género del municipio local, los profesionales de Salud Mental del hospital y SENAF, logrando un acompañamiento integral a nuestra asistida y a sus hijas”, detalló la representante del Ministerio Público de la Defensa.
Lo anterior tuvo como resultado numerosos informes que detallaban la vulnerabilidad de la joven, ofreciendo elementos probatorios suficientes para que el Juzgado de Familia resolviera en el marco de la Ley 3040, la prohibición al hombre de realizar actos molestos contra ella.

Sin embargo, las condiciones de extrema vulnerabilidad tanto económica como física y psicológica en la que nuestra asistida se encontraba, la convivencia no culminó, la escalada de violencia continúo, y se inició una causa penal”, continúa la defensora.

Como la situación se agravó, intervino la fiscalía descentralizada y formuló cargos -contando con los elementos obrantes en la causa iniciada en Familia-, solicitó la prisión preventiva del hombre, y el juez de Garantías entendió que el imputado debía permanecer detenido bajo la medida cautelar solicitada.

“Este proceso penal culminó cuando el hombre reconoció haber cometido los hechos, aceptó la calificación legal de ´lesiones leves doblemente agravadas por la relación de pareja y por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer y mediando violencia de género, y desobediencia a una orden judicial, en concurso real', y se aplicaron medidas cautelares”, detalla la representante del Ministerio Público de la Defensa.

Pese a lo anterior, el hombre continuó su derrotero contra la mujer. “Esta vez, fue a través de las niñas - violencia vicaria – y lo que hizo fue modificar unilateralmente un principio de acuerdo que se había iniciado en el Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CIMARC), además la despojó de la vivienda y no le permitió mantener contacta con las hijas”, describió la defensora civil.

Lo siguiente que concretó la defensoría fue realizar una ´demanda por restitución´, logrando que la señora vuelva a estar con las niñas.

“A esa altura, nuestra asistida presentaba -cuestión que figura como prueba en el expediente tanto del Juzgado de Familia como en el Civil, Comercial y Minería- ´un daño incapacitante en su psiquis, que se visualizaba -en ese momento- y se naturalizaba en su actuar diario. Más adelante, el informe de la pericia psicológica forense expresa las secuelas de orden psicológico y un trastorno adaptativo crónico grave”, la enumeración que realiza la defensora civil sirve para el paso en el que actualmente se encuentra la demanda.

“A raíz de todo esto es que iniciamos una demanda civil en búsqueda de la reparación integral, por ello reclamamos a favor de nuestra asistida dos cuestiones: la incapacidad sobreviniente y el daño moral”, explica la representante del Ministerio Público de la Defensa.

Lo anterior ya cuenta con sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Minería de la localidad donde se trató el expediente, que condenó al hombre a que realice una reparación económica a la mujer víctima, instancia que resta ser confirmada.