Durante la jornada de hoy, tras la declaración de los tres testigos presentados por la defensa, las partes formularon sus alegatos de clausura. El primero en hacer uso de la palabra fue el Fiscal Jefe, quien sostuvo que se encontraba probada la autoría del imputado en ambos delitos.

Repasó los testimonios ofrecidos y, respecto del primer hecho, mencionó al gerente del supermercado de San Antonio Oeste, quien indicó haber tomado conocimiento de lo ocurrido mediante un aviso de la persona a cargo de las cámaras de seguridad y del oficial de seguridad. Ambos le informaron que el imputado había cambiado los envoltorios de la mercadería y había intentado salir del local sin abonarla. La activación de la alarma impidió la consumación del hurto.

Agregó que dichos productos no figuraban en el ticket de compra y que, en las 26 cámaras con las que cuenta el supermercado, se observa con claridad el rostro del imputado. Esa información fue corroborada por la persona a cargo de las cámaras y por el agente de la Comisaría Décima que acudió al lugar.

“Los tres testimonios presentados para acreditar este primer hecho de hurto fueron coincidentes. En cambio, el testigo ofrecido por la defensa declaró no haber visto nada; su testimonio, por tanto, no aportó prueba de descargo”, aseveró la Fiscalía.

En relación con el segundo hecho atribuido, declaró la responsable del área de Recursos Humanos de la Municipalidad, quien afirmó que el acusado presentaba certificados médicos con frecuencia. Indicó además que, ante la duda sobre la validez de uno de los certificados, se comunicó con el médico firmante, quien negó haber prescripto la cantidad de días consignada.

Anticipándose a una posible objeción sobre la efectiva consumación del delito —ya que quedó acreditado que el dinero pagado de más fue descontado posteriormente del salario del trabajador municipal una vez advertida la maniobra— el Fiscal explicó que la defraudación es un delito de consumación instantánea. Por ello, consideró que el perjuicio a la administración pública se concretó, más allá de la restitución posterior de los fondos.

También declaró una perita calígrafa, quien detalló las técnicas empleadas en su análisis y concluyó que el número “1” no se correspondía con la grafía original. Al respecto, el Fiscal explicó que, al no haberse podido determinar quién introdujo la modificación, no se imputó la falsificación del documento, aunque sí su uso en el marco del empleo como agente municipal.

A su turno, la defensa negó la participación del acusado en ambos hechos y explicó su posición. En cuanto al segundo, sostuvo que no se respetó la cadena de custodia del certificado.

Finalizada la instancia de alegatos, el Juez de Juicio que encabezó el debate informó que el veredicto será comunicado a las partes en una audiencia que se celebrará el próximo martes 17 de junio.