El Ministerio Público Fiscal requirió hoy que se modifiquen las condiciones de cumplimiento de la prisión preventiva que cumplía un hombre condenado a 9 años y 6 meses de prisión por un caso de abuso sexual, cometido mientras se desempeñaba como operador de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF).
La solicitud se sustenta en que, en la jornada de ayer, el Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja presentada por la defensa contra la sentencia condenatoria dictada en diciembre de 2024 por un Tribunal de Juicio y confirmada por el Tribunal de Impugnación en marzo de 2025. De este modo, la acusación pública recordó que se agotó la vía recursiva en el ámbito provincial, habiéndose obtenido el doble conforme, lo que habilita a solicitar la modificación de la cautelar.
En la audiencia, la Fiscalía destacó las particularidades del caso, señalando que se trató de un hecho enmarcado en violencia de género, en el que el imputado cumplía funciones de cuidado dispuestas por el Estado ante la falta de cuidados parentales de la adolescente víctima. Argumentó que existe peligro de fuga, incrementado por las sucesivas confirmaciones de la condena, y que no se verifican condiciones que justifiquen mantener la prisión preventiva domiciliaria, enumerando los riesgos de aplicar una medida menos gravosa.
Por su parte, la defensa se opuso al planteo, solicitando que el hombre continúe en la misma situación, con prisión domiciliaria y monitoreo electrónico, alegando que se ha mantenido a derecho, que posee arraigo familiar y laboral y que no ha trasgredido imposiciones ni intentado fugarse.
Tras analizar ambas posturas, el Tribunal de Juicio resolvió revocar la prisión preventiva domiciliaria y dispuso que, desde hoy, el imputado cumpla la medida de manera efectiva en el Complejo Penal de Viedma.
Modifican condiciones de prisión preventiva para un hombre condenado por abuso sexual
El Ministerio Público Fiscal requirió hoy que se modifiquen las condiciones de cumplimiento de la prisión preventiva que cumplía un hombre condenado a 9 años y 6 meses de prisión por un caso de abuso sexual, cometido mientras se desempeñaba como operador de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF).
La solicitud se sustenta en que, en la jornada de ayer, el Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja presentada por la defensa contra la sentencia condenatoria dictada en diciembre de 2024 por un Tribunal de Juicio y confirmada por el Tribunal de Impugnación en marzo de 2025. De este modo, la acusación pública recordó que se agotó la vía recursiva en el ámbito provincial, habiéndose obtenido el doble conforme, lo que habilita a solicitar la modificación de la cautelar.
En la audiencia, la Fiscalía destacó las particularidades del caso, señalando que se trató de un hecho enmarcado en violencia de género, en el que el imputado cumplía funciones de cuidado dispuestas por el Estado ante la falta de cuidados parentales de la adolescente víctima. Argumentó que existe peligro de fuga, incrementado por las sucesivas confirmaciones de la condena, y que no se verifican condiciones que justifiquen mantener la prisión preventiva domiciliaria, enumerando los riesgos de aplicar una medida menos gravosa.
Por su parte, la defensa se opuso al planteo, solicitando que el hombre continúe en la misma situación, con prisión domiciliaria y monitoreo electrónico, alegando que se ha mantenido a derecho, que posee arraigo familiar y laboral y que no ha trasgredido imposiciones ni intentado fugarse.
Tras analizar ambas posturas, el Tribunal de Juicio resolvió revocar la prisión preventiva domiciliaria y dispuso que, desde hoy, el imputado cumpla la medida de manera efectiva en el Complejo Penal de Viedma.