La medida cautelar había sido impuesta el 25 de abril pasado, en la misma audiencia en la que se formularon cargos, y prorrogada en una primera oportunidad por dos meses el 22 de agosto. Ante un juez de revisión, la defensa pidió que se dejara sin efecto esta última decisión que mantiene al hombre privado de su libertad y que se morigerara la medida, argumentando la falta de declaraciones de testigos previstas y la existencia de pericias que, a su entender, desincriminan al imputado.

La acusación pública sostuvo, en cambio, que no se produjo ninguna variación en las circunstancias iniciales que motivaron la prisión preventiva. Recordó los resultados de la investigación vinculados a los registros del teléfono celular del acusado, que lo ubican en la zona del hecho en horarios coincidentes con los informes de antenas de telefonía. Mencionó además que cuentan con imágenes de cámaras de seguridad que muestran el vehículo del imputado ingresando y saliendo de la zona de Balsa Las Perlas en el mismo lapso temporal.

El fiscal repasó los testimonios ya incorporados y destacó la necesidad de preservar la declaración de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, remarcando que la prórroga no resultó infundada ni constituyó una errónea aplicación de la ley. Por ello, sostuvo que corresponde mantener la medida cautelar de prisión preventiva por los próximos dos meses, tal lo otorgado por la jueza de garantías.

Finalmente, la jueza de revisión rechazó la petición de la defensa y, compartiendo los argumentos de la Fiscalía, otorgó la prórroga solicitada para que en ese lapso se convoque a los testigos pendientes y se culminen las pericias sobre los dispositivos electrónicos. “Lo cierto y lo concreto es que resta prueba por producir y veo atinada la decisión de la jueza de garantías de prorrogar la preventiva porque, también coincido, el entorpecimiento a la investigación sigue subsistiendo”, enfatizó en su resolución.