Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, los hechos investigados ocurrieron entre marzo y diciembre de 2015, cuando el Municipio de Fernández Oro, representado por su entonces intendente Juan Oscar Reggioni, recibió más de 18 millones de pesos provenientes del Programa Federal de Viviendas Techo Digno. Dichos fondos estaban destinados exclusivamente a la construcción de unidades habitacionales, conforme al Acuerdo N° 2157/2014 firmado con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación.

La Fiscalía sostiene que una parte de esos fondos fue administrada en forma irregular y destinada a pagos indebidos a la empresa Eraiki S.A., representada por el empresario hoy acusado, sin la debida certificación de avance de obra. Se indicó que se abonó el 30,12 % del contrato cuando el avance real, constatado posteriormente por inspecciones provinciales, no superaba el 27,68 %. Esta diferencia representaría un sobrepago estimado en más de 83 millones de pesos actualizados. Asimismo, se investiga el desvío de más de 8 millones de pesos a obras no previstas en el convenio original y transferencias a otras cuentas municipales, lo que configura el segundo hecho imputado como peculado.

Por estos hechos, el Ministerio Público atribuye a Reggioni la comisión de los delitos de administración fraudulenta y peculado en perjuicio de la administración pública, en carácter de autor. Respecto del empresario, deberá responder por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en calidad de partícipe necesario, conforme a los artículos 173 inciso 7, 174 inciso 5 y 45 del Código Penal.

En cuanto a la prueba con la que la Fiscalía buscará acreditar su teoría del caso, se detalló que serán convocados funcionarios municipales, provinciales y nacionales, escribanos, personal de la Policía Federal que participó de una inspección ocular y realizó un allanamiento en la Municipalidad de Fernández Oro ordenado en su momento por el juez federal, y de la Policía de Río Negro.

Se incorporarán también peritos del Poder Judicial, de la Unidad Operativa del Ministerio Público, funcionarios del IPPV, un perito del Cuerpo de Contadores Oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y un asesor en Derecho Administrativo de la Procuración General.

A través de estas declaraciones se sumará una importante cantidad de material documental contable, bancario, fotográfico y caligráfico. En total, serán más de una veintena los testigos propuestos por la Fiscalía.

Las defensas particulares de los imputados ofrecerán el material pertinente a sus intereses procesales en las próximas audiencias, que se realizarán los días 18 y 19 de septiembre. La jueza de juicio que presidió la audiencia dispuso un cuarto intermedio hasta esas fechas.