La acusación sostiene que los mismos se produjeron en la ejecución de este Programa Federal de viviendas e infraestructura destinado a la construcción de 92 unidades habitacionales en la ciudad de Cinco Saltos. El convenio había sido firmado por el municipio y la entonces Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación.

Según la acusación, durante las gestiones de los ex intendentes Edith Alvarado y Germán Epul, se habrían dispuesto y administrado fondos nacionales por más de 43 millones de pesos destinados al programa habitacional, con irregularidades que incluyen la sobrecertificación de obra, pagos indebidos en concepto de anticipos financieros y desvío de recursos a cuentas municipales distintas a las habilitadas en el convenio.

La Fiscalía explicó que los certificados de avance de obra no reflejaban la realidad de lo construido en el barrio y que parte de los fondos nacionales fueron transferidos sin justificación a cuentas municipales con fines distintos a los previstos.

El Ministerio Público atribuyó a Edith Alvarado y a Germán Félix Epul los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso real con peculado, en carácter de autores. En tanto, al presidente de la empresa constructora se le imputó el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en calidad de partícipe necesario, por haber facilitado las maniobras investigadas mediante la firma de las certificaciones de avance.

Luego de detallar hecho y calificación, al dar la palabra a la defensa, uno de los abogados realizó planteos previos. El resto de los letrados continuará en la próxima audiencia fijada para el próximo viernes a las 12 horas. Mañana en tanto comenzará a las 9 la audiencia de control de acusación correspondiente al legajo de Fernández Oro.