Tras escuchar los argumentos de la fiscalía, la querella y la oposición de las defensas, la jueza de Garantías interviniente resolvió que a uno de ellos se le coloque un dispositivo electrónico y sólo puede salir de la vivienda para asistir al establecimiento educativo. Además dispuso la prohibición de contacto con todos los testigos, no podrá realizar publicaciones en redes sociales ni utilizar esa vía para cuestiones relacionadas a este legajo.

Para los otros dos imputados, pese a los pedidos de sus defensas de morigerar la medida, la magistrada resolvió que continúen cumpliendo prisión preventiva.

La fiscalía argumentó que “se trata de un hecho muy grave, el riesgo procesal de peligro de entorpecimiento a la investigación continúa vigente. Así mismo, tenemos familias que por temor no quieren que sus hijos declaren en Camara Gesell. Necesitamos concretar esa medida y para ello es menester que los imputados continúen privados de su libertad”.

“Además dentro de las medidas que se han ido concretado a lo largo de estos días, concretamente en uno de los allanamientos se logró secuestrar un celular que está en etapa de peritaje en la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) de Procuración General. Así mismo, la intervención del Gabinete de Criminalística que realizó levantamiento de rastros sobre las prendas de vestir de todos los imputados y están siendo analizadas. Todos evidencias que son vitales para solicitar el control de acusación y continuar con el avance de este legajo”, enfatizó la fiscal del caso.

La querella adhirió a lo manifestado por el Ministerio Público Fiscal “sobre todo para preservar los testimonios y que esas personas lleguen con tranquilidad a juicio”, expresó el abogado de la familia del adolescente víctima.

Mientras que las defensas, tanto particular como penal pública, solicitaron en primera instancia la libertad de cada uno de los tres imputados, y subsidiariamente prisiones preventivas domiciliarias y/o colocación de dispositivos electrónicos.

El hecho investigado:

Según la acusación fiscal, el hecho “ocurrió el pasado 16 de junio a la madrugada a las 06:10 aproximadamente en la vereda de Avenida Roca esquina Tres Arroyos. Los cuatro imputados con un plan común y división de tareas establecidas, se habrían dirigido a la víctima, lo insultaron, lo rodearon, y le habrían pegado en la cabeza con un pedazo de escombro, provocando que se desplomara en la calle”, explicó la fiscal del caso.

“Una vez allí, habrían continuado arrojándole golpes en la cabeza mientras la víctima yacía en el piso. Todas las lesiones fueron dirigidas a esa región del cuerpo, ya que tenían por fin acabar con su vida”, volvió a enfatizar la fiscalía.

“Sin embargo, no lograron su cometido atento la rápida intervención de una transeúnte y del personal de seguridad del local bailable, quienes acudieron en auxilio de la víctima alejando a los agresores”, describió la fiscal.

Los tres mayores están imputados de ser co-autores de “tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por la participación de un menor de edad”. Mientras que el menor por “tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas”.

A inicio de esta audiencia y teniendo presente el Artículo 73 inc 1 y 74 del Código Procesal Penal, como también la Acordada del STJ 47/2021 y los lineamientos vertidos por Unicef respecto de las audiencias donde haya involucrados menores víctimas, tras el pedido de la querella acompañado por la fiscalía, la Jueza determinó que la misma fuera de acceso restrictivo a los medios de comunicación, tanto para velar por la seguridad del menor víctima, como por el resguardo y respeto del menor imputado. “La información será vertida por las Áreas de Comunicación instituciones, tanto del Ministerio Público como de la Judicatura”, recordó la magistrada.