MINISTERIO PUBLICO FISCAL / BARILOCHE
Se reformularon los cargos en una causa por hurto y defraudación especial
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Al mediodía de hoy se llevó adelante a una audiencia de formulación de cargos en un legajo que tiene a una mujer imputada por hechos ocurridos en septiembre de 2024, en perjuicio de una comerciante de esta ciudad. Se otorgó un plazo de dos meses para continuar la investigación y evaluar la posibilidad de avanzar en una solución alternativa a este conflicto.
La reformulación se realizó con el fin de adecuar los hechos a la calificación legal y precisar las circunstancias que conforman la acusación, para garantizar que la mujer conozca con exactitud los hechos que se le atribuyen y las evidencias que obran en su contra.
De acuerdo con la acusación fiscal, el primer hecho habría ocurrido el 23 de septiembre de 2024 en el interior de un local comercial dedicado a tareas de empaque, ubicado en calle Santa Cruz. En ese contexto, la imputada habría sustraído del interior de una cartera una billetera con dinero en efectivo y diversas tarjetas bancarias.
Posteriormente, en horas de la tarde del mismo día, habría utilizado sin autorización dos de las tarjetas sustraídas para realizar compras en distintos comercios de la ciudad, ocasionando un perjuicio económico a la damnificada por un monto total estimado en más de trescientos mil pesos.
Los hechos fueron calificados como hurto y defraudación especial -dos hechos-, de acuerdo a lo normado en los artículos 45, 55, 162 y 173 inciso 15 del Código Penal.
El sustento probatorio presentado por la Fiscalía incluyó la denuncia penal radicada por la víctima, declaraciones testimoniales, informes del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, capturas de pantalla de movimientos bancarios y registros fílmicos obtenidos de los locales donde se habrían efectuado las compras.
Por su parte, la Defensa Pública Penal, que tuvo acceso a la totalidad de la prueba incorporada, manifestó no tener objeciones a la reformulación de cargos ni al plazo de investigación penal preparatoria propuesto por la Fiscalía. Señaló que se encuentran reunidos los requisitos y que se está evaluando la posibilidad de solicitar una suspensión de juicio a prueba, considerando la situación de vulnerabilidad social y económica en la que se encuentra su asistida.
El juez de garantías tuvo por aceptada la reformulación de cargos y dispuso el plazo de investigación hasta el 19 de diciembre de 2025. Asimismo, estableció medidas de resguardo, incluyendo la obligación de la imputada de mantener residencia en un domicilio determinado y el deber de comparecer ante el tribunal en las audiencias que se fijen.
Se reformularon los cargos en una causa por hurto y defraudación especial
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Al mediodía de hoy se llevó adelante a una audiencia de formulación de cargos en un legajo que tiene a una mujer imputada por hechos ocurridos en septiembre de 2024, en perjuicio de una comerciante de esta ciudad. Se otorgó un plazo de dos meses para continuar la investigación y evaluar la posibilidad de avanzar en una solución alternativa a este conflicto.
La reformulación se realizó con el fin de adecuar los hechos a la calificación legal y precisar las circunstancias que conforman la acusación, para garantizar que la mujer conozca con exactitud los hechos que se le atribuyen y las evidencias que obran en su contra.
De acuerdo con la acusación fiscal, el primer hecho habría ocurrido el 23 de septiembre de 2024 en el interior de un local comercial dedicado a tareas de empaque, ubicado en calle Santa Cruz. En ese contexto, la imputada habría sustraído del interior de una cartera una billetera con dinero en efectivo y diversas tarjetas bancarias.
Posteriormente, en horas de la tarde del mismo día, habría utilizado sin autorización dos de las tarjetas sustraídas para realizar compras en distintos comercios de la ciudad, ocasionando un perjuicio económico a la damnificada por un monto total estimado en más de trescientos mil pesos.
Los hechos fueron calificados como hurto y defraudación especial -dos hechos-, de acuerdo a lo normado en los artículos 45, 55, 162 y 173 inciso 15 del Código Penal.
El sustento probatorio presentado por la Fiscalía incluyó la denuncia penal radicada por la víctima, declaraciones testimoniales, informes del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, capturas de pantalla de movimientos bancarios y registros fílmicos obtenidos de los locales donde se habrían efectuado las compras.
Por su parte, la Defensa Pública Penal, que tuvo acceso a la totalidad de la prueba incorporada, manifestó no tener objeciones a la reformulación de cargos ni al plazo de investigación penal preparatoria propuesto por la Fiscalía. Señaló que se encuentran reunidos los requisitos y que se está evaluando la posibilidad de solicitar una suspensión de juicio a prueba, considerando la situación de vulnerabilidad social y económica en la que se encuentra su asistida.
El juez de garantías tuvo por aceptada la reformulación de cargos y dispuso el plazo de investigación hasta el 19 de diciembre de 2025. Asimismo, estableció medidas de resguardo, incluyendo la obligación de la imputada de mantener residencia en un domicilio determinado y el deber de comparecer ante el tribunal en las audiencias que se fijen.
