Según la acusación, el hecho se habría producido alrededor de las 7:55 horas, cuando tras ejercer fuerza sobre el portón y la puerta de acceso, habrían ingresado con la intención de sustraer diversos elementos, entre ellos armas de fuego registradas a nombre del propietario.

Al momento de los hechos, la víctima retornó al domicilio, lo que habría impedido la consumación del robo. En ese contexto, habría sido agredida físicamente por los presuntos autores, quienes luego se dieron a la fuga en un vehículo.

Entre los elementos de prueba reunidos por la fiscalía figuran actas de denuncia, inspecciones oculares, pericias del Gabinete de Criminalística y múltiples entrevistas a testigos presenciales, quienes observaron la secuencia de los hechos y aportaron descripciones y datos sobre el vehículo utilizado.

También se incorporaron informes de cámaras de seguridad del sistema 911 y del municipio, que permitieron reconstruir el recorrido de los automóviles involucrados antes, durante y después del hecho.

Asimismo, en el lugar se secuestraron herramientas utilizadas para forzar el ingreso, entre ellas una barreta, una masa y una pinza tipo alicate, sobre las cuales se levantaron muestras biológicas para análisis de laboratorio. En el marco de posteriores allanamientos se incautaron vehículos y teléfonos celulares, elementos que serán sometidos a pericias.

La fiscal del caso detalló que uno de los domicilios vinculados a la investigación se ubica en el sector noreste de General Roca y que ese lugar fue objeto de diligencias de allanamiento. Resultó de interés para la investigación porque allí ya se habían concretado detenciones en una causa anterior tramitada en 2024.

A partir del análisis de cámaras de seguridad, la fiscal del caso explicó que uno de los vehículos utilizado en el hecho realizó un recorrido entre el barrio 500 Viviendas y el domicilio de la víctima, mientras que otro auto habría cumplido un rol de apoyo logístico, retirándose de la ciudad por Ruta Nacional 22 tras el intento de robo.

Estas observaciones se complementaron con la información obtenida de antenas de telefonía móvil, que revelaron comunicaciones entre dos de los imputados en el mismo horario en que se producía el hecho, y con la pericia comparativa de cámaras que permitió identificar vehículos y elementos comunes con otras causas en trámite. Con esos fundamentos, la fiscalía sostuvo que los nuevos hallazgos confirmaron la vinculación del imputado con los restantes partícipes y justificaron el allanamiento que derivó en su detención el 24 de octubre.

El defensor del imputado, por su parte, cuestionó la imputación formulada contra su asistido. Sostuvo que no existen elementos serios, reales y concretos que acrediten su participación en el hecho. Afirmó, además que no hay evidencia directa que ubique a su representado en el lugar del hecho, ni se lo observa conduciendo el vehículo mencionado por la fiscalía. También relativizó el valor probatorio de los elementos secuestrados en el allanamiento, señalando que se trata de herramientas de uso doméstico común.

El Juez de Garantías interviniente, al resolver, tuvo por formulados los cargos por el hecho descrito por la fiscalía, calificado como robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, en grado de tentativa y habilitó se lleve adelante la investigación penal preparatoria por el término de cuatro meses. Tras el pedido de medidas cautelares por parte de la fiscalía y la propuesta de la defensa, el juez además dispuso que continúe detenido hasta que le coloquen un dispositivo de rastreo satelital por el término de tres meses y la prohibición de salir de la ciudad de Cipolletti.