La audiencia se desarrolló de manera presencial e implicó la presentación de este acuerdo entre las partes que se circunscribió exclusivamente al monto de la pena. El abogado adelantó en cuanto a la declaración de responsabilidad que apelará ante el Tribunal de Impugnación el fallo que había revertido una sentencia de absolución.

Ante la determinación del TI de anular la absolución y declararlo responsable penal; hoy se desarrolló la audiencia de cesura. Durante la exposición, la fiscalía detalló que el hecho se produjo el 13 de septiembre de 2023, en un supermercado de San Antonio Oeste, cuando el hombre intentó apoderarse de varios kilos de carne y otros alimentos. La maniobra fue advertida y no llegó a concretarse. Además, se acreditó que el imputado presentó un certificado médico adulterado en el municipio de la zona atlántica, para extender de manera indebida una licencia laboral. Al documento original, que indicaba un período de reposo, se le agregó un número que amplió los días de licencia en forma fraudulenta.

La acusación calificó la conducta como hurto en grado de tentativa, defraudación a la administración pública y uso de documento adulterado. En su alegato, la fiscalía destacó la gravedad de los hechos y señaló que, pese a que la escala penal permitiría una pena condicional, la existencia de un antecedente penal impide otorgar nuevamente ese beneficio. Además, se subrayó el desapego a las normas demostrado en el delito contra la administración pública y se solicitó la declaración de reincidencia.

Por su parte, la defensa coincidió con la fiscalía en cuanto al monto de la pena acordada, aunque aclaró que mantiene la discusión sobre la responsabilidad penal de su defendido. En ese sentido, informó que apelará ante el Tribunal de Impugnación. 

El Juez de juicio interviniente adelantó que la sentencia se dará a conocer en los próximos días.

¿Cómo fue el proceso previo?

Entre los días 9 y 10 de junio pasado se desarrolló en Viedma el debate oral y público en el que la Fiscalía acusó al hombre de la autoría de los delitos de hurto en grado de tentativa y defraudación a la administración pública, en concurso ideal con uso de certificado adulterado, de conformidad con los artículos 42, 45, 54, 162 y 174 inciso 5°, en función de los artículos 172 y 296 del Código Penal.

Durante el juicio se produjo prueba con seis testigos, entre ellos agentes de seguridad que detectaron el intento de hurto y el gerente del supermercado. En relación con el hecho vinculado al municipio, declararon por videoconferencia la responsable del área de Recursos Humanos —quien detectó la alteración en el certificado y formuló la denuncia—, el médico que originalmente lo había firmado por siete días y la directora del hospital local. También lo hizo la perita calígrafa que examinó el documento.

El 17 de ese mismo mes, el juez de juicio interviniente absolvió al acusado por el beneficio de la duda. A fines de agosto, las partes se reunieron nuevamente ante el Tribunal de Impugnación, en el marco de la revisión de dicha sentencia. Finalmente, el 18 de septiembre el tribunal resolvió revocar la absolución y condenar al hombre. En el mismo fallo dispuso programar la audiencia para la imposición de la pena, instancia que se desarrolló en la presente jornada.