Según relató la fiscal en la audiencia, el primero de los hechos ocurrió alrededor de las 6 en la plaza conocida como Zumo. Los tres imputados, quienes se movilizaban en un auto Fiat Palio, interceptaron a un grupo de adolescentes. Los amenazaron con un arma de aire comprimido, réplica de un arma de fuego de 9 mm, y sustrajeron un teléfono celular y vestimentas.

El segundo hecho ocurrió minutos más tarde en la esquina de calles Ramos Mejías y Padre Greber. Hasta allí llegaron los imputados a bordo del vehículo, uno de ellos bajó e increpó a un grupo de jóvenes. Apuntó a uno de ellos, lo golpeó y le sustrajo un teléfono celular marca IPhone.

El siguiente hecho fue en las calles Brown y General Paz, utilizando la misma modalidad. Interceptaron a un joven, le apuntaron en la cabeza con el arma y se apropiaron de su mochila con pertenencias varias.

La calificación legal fue por los delitos de robo doblemente calificado por el uso de arma y en poblado y en banda, siendo responsables a título de coautores. Además, a uno de ellos se le sumó el cargo de resistencia a la autoridad al intentar escapar al momento de su aprehensión.

La fiscal solicitó también la implementación de la prisión preventiva por entender que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, la posibilidad de interferir con los testigos y de fuga, vinculado a la pena en expectativa de prisión efectiva.

Por su lado la defensora pública cuestionó la calificación legal argumentando que no está acreditado qué tipo de arma se utilizó y si es apta para el disparo. Respecto de la medida cautelar, propuso medidas menos gravosas como la prisión domiciliaria con monitoreo a través de un dispositivo de control y la prohibición de acercamiento a las víctimas.

El juez de Garantías dio por formulado los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el término de cuatro meses. Desestimó la propuesta de la defensora y dispuso la prisión preventiva mientras dure la investigación.