El fiscal del caso relató que los hechos sucedieron entre noviembre de 2022 y febrero de 2024. Las imputadas son la afiliada titular y beneficiaria de los reintegros y la persona que facturaba como cuidadora domiciliaria/enfermera.

Se les atribuye presentar dieciséis facturas con planillas de asistencia falsificadas ante el IPROSS para simular la prestación de servicios de cuidado domiciliario por un monto superior a los tres millones cuatrocientos mil pesos ($3.400.000).

La evidencia documental colectada hasta el momento apoya la teoría del caso de la fiscalía que sostiene que la presunta cuidadora domiciliaria no podía haber prestado los servicios en la localidad de El Bolsón debido a su desempeño laboral en otra provincia y en otra localidad de Río Negro.

Esta información se corrobora con certificaciones hospitalarias que confirman que la imputada trabajaba a tiempo completo en Catriel hasta febrero de 2023, y posteriormente se trasladó fuera de la provincia.

La acusación se sustenta además en un Informe Técnico Contable de la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal (UASIF) y dictámenes de auditoría que cuantifican el perjuicio y detallan las irregularidades.

Durante la audiencia, la Defensa Penal Oficial de las imputadas no se opuso a la formulación de cargos ni al plazo de investigación solicitado por la fiscalía, aunque realizó una reserva de impugnación respecto a una resolución previa sobre una caducidad de instancia.

El Juez interviniente resolvió tener por formulados los cargos por los delitos de defraudación a la administración pública en concurso ideal con falsificación de documentos en general, como coautoras y estableció un plazo de cinco meses para la investigación penal preparatoria, con fecha de finalización en abril de 2026. 

Impuso finalmente la obligación de mantener actualizado el domicilio y los números de contacto de las imputadas, bajo advertencia de ser declaradas rebeldes en caso de incumplimiento.