MINISTERIO PUBLICO FISCAL/ SIERRA GRANDE
Fiscalía y Defensa de Menores solicitaron responsabilidad penal por abuso agravado contra adolescente
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Concluyó hoy en Viedma el debate oral y público contra un hombre acusado de abusar sexualmente de una adolescente sobre la cual ejercía la guarda en el marco del programa de Familias Solidarias. Luego de tres jornadas de debate en las que se escuchó a una decena de testigos, a lo que se sumó el testimonio de la víctima a través de la reproducción de la Cámara Gesell y la declaración del propio imputado; tanto la Fiscalía como la Defensa de Menores solicitaron que se declare penalmente responsable al acusado.
La instancia final comenzó con la declaración de los últimos testigos, tras lo cual se desarrollaron los alegatos de clausura. La Fiscalía inició sus exposiciones solicitando que se declare la responsabilidad penal del hombre acusado de haber cometido cuatro hechos de abuso sexual contra una adolescente, en un contexto de guarda y convivencia preexistente, durante el período en que la víctima se encontraba alojada en el marco del mencionado programa estatal. Asimismo, lo acusó del delito de corrupción de menores sosteniendo que el acusado entregó dinero a la adolescente para que la misma mantenga el silencio.
El Ministerio Público Fiscal sostuvo que, durante el período en que la adolescente residió en la vivienda —de la cual luego fue retirada tras un conflicto con la pareja del imputado—, se produjeron cuatro episodios de abuso sexual en distintas circunstancias. Además, señaló que con posterioridad el imputado habría entregado dinero a la víctima con la finalidad de que no revelara lo sucedido, conducta que fue encuadrada como corrupción de menores.
En su alegato final, la Fiscalía consideró que la responsabilidad penal del acusado quedó acreditada a partir de la concordancia del conjunto probatorio. En particular, valoró la declaración de la adolescente brindada mediante el dispositivo de Cámara Gesell, la cual fue descripta como consistente y sostenida en el tiempo por quienes intervinieron en su evaluación. También se hizo referencia a los testimonios de profesionales y operadores de organismos de protección, quienes relataron el momento de la develación de los hechos y el posterior acompañamiento institucional.
La acusación destacó que fueron integrantes de los equipos técnicos del organismo de niñez quienes efectuaron la denuncia, y que los testimonios recogidos permitieron dar cuenta del vínculo existente entre el imputado y la víctima, de la relación asimétrica derivada de la edad y de la guarda ejercida, así como de las consecuencias que tuvo para la adolescente la revelación de los hechos. Asimismo, se indicó que no surgieron elementos que evidenciaran animosidad en la denuncia y que la propia víctima manifestó resistencias iniciales a denunciar, dadas las implicancias personales y familiares que ello conllevaba.
A su turno, el defensor de Menores adhirió al pedido fiscal y consideró acreditados los hechos, destacando la situación de especial vulnerabilidad de la adolescente, la obligación de cuidado que recaía sobre el imputado y el incumplimiento de ese rol. También se refirió a las consecuencias personales atravesadas por la víctima a partir de la denuncia y al impacto que ello tuvo en su trayectoria vital.
El abogado defensor del acusado realizó su alegato final sosteniendo que nada fue probado y pidiendo el sobreseimiento del acusado. El veredicto, a cambio de un tribunal conformado por tres jueces, se conocerá el 17 de diciembre próximo.
Fiscalía y Defensa de Menores solicitaron responsabilidad penal por abuso agravado contra adolescente
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Concluyó hoy en Viedma el debate oral y público contra un hombre acusado de abusar sexualmente de una adolescente sobre la cual ejercía la guarda en el marco del programa de Familias Solidarias. Luego de tres jornadas de debate en las que se escuchó a una decena de testigos, a lo que se sumó el testimonio de la víctima a través de la reproducción de la Cámara Gesell y la declaración del propio imputado; tanto la Fiscalía como la Defensa de Menores solicitaron que se declare penalmente responsable al acusado.
La instancia final comenzó con la declaración de los últimos testigos, tras lo cual se desarrollaron los alegatos de clausura. La Fiscalía inició sus exposiciones solicitando que se declare la responsabilidad penal del hombre acusado de haber cometido cuatro hechos de abuso sexual contra una adolescente, en un contexto de guarda y convivencia preexistente, durante el período en que la víctima se encontraba alojada en el marco del mencionado programa estatal. Asimismo, lo acusó del delito de corrupción de menores sosteniendo que el acusado entregó dinero a la adolescente para que la misma mantenga el silencio.
El Ministerio Público Fiscal sostuvo que, durante el período en que la adolescente residió en la vivienda —de la cual luego fue retirada tras un conflicto con la pareja del imputado—, se produjeron cuatro episodios de abuso sexual en distintas circunstancias. Además, señaló que con posterioridad el imputado habría entregado dinero a la víctima con la finalidad de que no revelara lo sucedido, conducta que fue encuadrada como corrupción de menores.
En su alegato final, la Fiscalía consideró que la responsabilidad penal del acusado quedó acreditada a partir de la concordancia del conjunto probatorio. En particular, valoró la declaración de la adolescente brindada mediante el dispositivo de Cámara Gesell, la cual fue descripta como consistente y sostenida en el tiempo por quienes intervinieron en su evaluación. También se hizo referencia a los testimonios de profesionales y operadores de organismos de protección, quienes relataron el momento de la develación de los hechos y el posterior acompañamiento institucional.
La acusación destacó que fueron integrantes de los equipos técnicos del organismo de niñez quienes efectuaron la denuncia, y que los testimonios recogidos permitieron dar cuenta del vínculo existente entre el imputado y la víctima, de la relación asimétrica derivada de la edad y de la guarda ejercida, así como de las consecuencias que tuvo para la adolescente la revelación de los hechos. Asimismo, se indicó que no surgieron elementos que evidenciaran animosidad en la denuncia y que la propia víctima manifestó resistencias iniciales a denunciar, dadas las implicancias personales y familiares que ello conllevaba.
A su turno, el defensor de Menores adhirió al pedido fiscal y consideró acreditados los hechos, destacando la situación de especial vulnerabilidad de la adolescente, la obligación de cuidado que recaía sobre el imputado y el incumplimiento de ese rol. También se refirió a las consecuencias personales atravesadas por la víctima a partir de la denuncia y al impacto que ello tuvo en su trayectoria vital.
El abogado defensor del acusado realizó su alegato final sosteniendo que nada fue probado y pidiendo el sobreseimiento del acusado. El veredicto, a cambio de un tribunal conformado por tres jueces, se conocerá el 17 de diciembre próximo.
