La resolución se produjo en una audiencia que comenzó siendo de reformulación de cargos, en la que la fiscalía modificó la calificación legal que originalmente le había dado al hecho. En ese sentido la Fiscal explicó que en el marco de la investigación recogió evidencia que no le permitía sostener que el robo efectivamente se había producido.

El hecho se produjo el 15 de noviembre pasado, alrededor de las 21.40, cuando el imputado junto a otra persona no identificada, ingresó a un local comercial con la presunta intención de sustraer elementos. De acuerdo con la acusación, el intento no se habría consumado debido a la resistencia de la persona damnificada.

Durante el desarrollo de la investigación se realizaron entrevistas tanto al denunciante como a personal policial y a quienes se habían comunicado con el sistema de emergencias 911. A partir de esas diligencias, la Fiscalía señaló que los detalles inicialmente consignados no pudieron ser sostenidos con el grado de certeza requerido, y que si bien se incorporaron elementos probatorios suficientes para tener por acreditado el uso de un arma blanca, no sucedió lo mismo como para considerar consumado el delito en los términos originalmente atribuidos.

En función de ello, el Ministerio Público Fiscal modificó la calificación legal del hecho, adecuándola a las constancias efectivamente acreditadas en la causa.

Ante la admisión de esta nueva calificación, la defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba. En su planteo, destacó la inexistencia de antecedentes penales de la persona imputada, recordó la falta de trabajo formal al momento del hecho, la no consumación del delito y la circunstancia que el accionar se habría producido bajo los efectos del consumo de alcohol. Además, hizo referencia a que el acusado permaneció desde ese momento privado de su libertad.

Ofreció seguidamente como pautas de conducta la prohibición de acercamiento tanto al comercio como al denunciante; la obligación de realizar un tratamiento vinculado al consumo problemático de alcohol durante el plazo de un año o hasta que se otorgue el alta profesional, una repación económica y el cumplimiento de cien horas de trabajo comunitario en el término de un año.

Estas tareas se desarrollarán en un comedor o merendero comunitario, teniendo en cuenta la experiencia laboral previa de la persona imputada en el rubro gastronómico. También se estableció la obligación de no modificar el domicilio sin previo aviso y de rendir cuentas ante la oficina del Poder Judicial encargada del control y seguimiento de la suspensión del juicio a prueba.

La víctima persona damnificada fue debidamente notificada de la solicitud y manifestó su conformidad con la salida alternativa propuesta. En ese sentido, expresó no tener interés en una reparación económica personal y solicitó que el monto ofrecido sea destinado a una institución de bien público. En consecuencia, se acordó que el aporte económico sea entregado al hospital local, que será la entidad beneficiaria de dicha reparación.

La Fiscalía prestó conformidad al acuerdo y la jueza de Garantías interviniente resolvió hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba. Para ello, valoró el consentimiento de la persona damnificada y el conocimiento previo existente entre las partes involucradas.

Finalmente, de manera clara le explicó al hombre que desde hoy el proceso penal queda suspendido y supeditado al cumplimiento estricto de las pautas fijadas. En caso de incumplimiento, la suspensión será revocada y la causa continuará su trámite, debiendo el hecho ser dirimido en un juicio oral y público.