Al advertir la orden de detención impartida por personal de la brigada motorizada, tras un llamado al 911, ambos hicieron caso omiso y emprendieron una huida a alta velocidad, poniendo en riesgo la seguridad de terceros.

La persecución finalizó en la intersección de avenida San Martín y Pagano, donde el conductor perdió el control del rodado y colisionó contra un taxi estacionado. En ese contexto, el imputado arrojó un arma de fuego debajo del vehículo impactado e intentó resistirse al accionar policial, incluso procurando sustraer el arma reglamentaria de uno de los agentes intervinientes.

Según expuso la funcionaria, el acusado portaba sin autorización legal una pistola calibre 9 milímetros, cargada y en condiciones de uso inmediato, la cual tenía pedido de secuestro vigente por robo desde enero de 2022, siendo damnificado un empleado policial. La Fiscalía sostuvo que el imputado debía conocer el origen ilícito del arma y su carácter de uso policial.

Como sustento probatorio, la Fiscalía mencionó el acta de procedimiento, el secuestro del arma y las municiones, la denuncia por el robo, las declaraciones de los efectivos policiales intervinientes, informes médicos, constancias de detención y antecedentes penales.

El imputado brindó declaración en esta instancia procesal. En la misma sostuvo que se encontraba circulando por avenida San Martín y que se había detenido para comprar comida cuando fue interceptado. Negó haber intentado fugarse, portar o descartar un arma de fuego, así como haber ejercido resistencia o intentar sustraer el arma de un efectivo policial. Afirmó que perdió el equilibrio tras el impacto con su motocicleta, que fue reducido por el personal interviniente y que sufrió lesiones. Aseguró, además, que la secuencia de los hechos habría quedado registrada en cámaras de seguridad.

Durante la audiencia, el defensor público penal señaló que, en esta etapa, no formularía objeciones a la teoría del caso expuesta por la Fiscalía, al tratarse de su hipótesis investigativa, y que el descargo del imputado deberá ser analizado a la luz de la prueba que se incorpore, en particular las videograbaciones de cámaras de seguridad existentes en la zona del hecho.

El juez de Garantías tuvo por formulados los cargos por los hechos relatados, que constituyen los delitos de portación ilegal de arma de guerra, encubrimiento y resistencia a la autoridad, en carácter de autor, y habilitó un plazo de cuatro meses para desarrollar la investigación.

Asimismo, el magistrado impuso la prisión preventiva del imputado hasta el 30 de diciembre de 2025, al considerar acreditados riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación, con revisión de la medida en función del análisis de las cámaras de seguridad solicitadas.