Según la acusación fiscal, el imputado fue detenido el 24 de diciembre tras un hecho ocurrido minutos antes de las 19:33, cuando circulaba en motocicleta por avenida San Martín acompañado por un familiar. Al advertir una orden de detención impartida por personal de la Brigada Motorizada, tras un llamado al 911, ambos hicieron caso omiso y emprendieron la huida a alta velocidad, poniendo en riesgo la seguridad de terceros, hasta que la persecución finalizó en la intersección de San Martín y Pagano, donde el conductor perdió el control y colisionó contra un taxi estacionado.

En ese contexto, el imputado habría arrojado un arma de fuego debajo del vehículo impactado e intentado resistirse al accionar policial, incluso procurando sustraer el arma reglamentaria de uno de los efectivos. La Fiscalía sostuvo que portaba sin autorización legal una pistola calibre 9 milímetros, cargada con once proyectiles y en condiciones de uso inmediato, la cual tenía pedido de secuestro vigente por un robo ocurrido en enero de 2022, siendo damnificado un empleado policial.

Durante la audiencia, la fiscal del caso fundamentó el pedido de prórroga de la prisión preventiva en la existencia de registros fílmicos que permiten observar el momento en que el imputado descarta el arma, así como la presencia de vainas servidas en el lugar del hecho. También se refirió a informes del área judicial de cámaras de seguridad y a diligencias aún pendientes de producción.

Asimismo, se destacó que el imputado registra una condena anterior por un hecho violento cometido con arma de fuego, lo que —según sostuvo la Fiscalía— evidencia un patrón de conducta reiterado y un mayor riesgo de fuga, atento a la pena en expectativa. En ese sentido, se indicó que el delito de portación de arma de guerra prevé una escala penal agravada en función de los antecedentes condenatorios.

El Ministerio Público Fiscal remarcó además el riesgo para la seguridad pública que implica la portación de un arma cargada en la vía pública, en un horario de alta circulación de personas, y consideró relevante el intento del imputado de deshacerse del arma para evitar su imputación.

Con esos fundamentos, la Fiscalía solicitó la prórroga de la prisión preventiva hasta el vencimiento del plazo de la investigación, fijado para el 26 de abril de 2026.

Por su parte, los abogados particulares del imputado -quienes a partir de esta audiencia, llevan adelante su defensa- se opusieron al pedido de prórroga de la prisión preventiva al sostener que no se encuentran acreditados riesgos procesales actuales, ya que la prueba relevante está secuestrada y bajo custodia del Ministerio Público Fiscal y los testigos ya declararon. T

Finalmente, el juez de Garantías resolvió prorrogar la prisión preventiva del imputado hasta el 26 de abril de 2026, plazo de duración de la investigación preparatoria, al considerar acreditado el riesgo de entorpecimiento de la investigación. Si bien descartó que exista peligro de fuga —al valorar el arraigo del imputado en la ciudad—, sostuvo que permanecen pendientes medidas relevantes, como la declaración de un testigo principal, y que las evidencias recolectadas hasta el momento, en especial los registros fílmicos, contradicen la hipótesis defensiva.