Según la acusación fiscal, el hecho investigado ocurrió el 10 de enero de 2026, alrededor de las 20:00, en inmediaciones de la intersección de las calles Onelli y Sobral. En ese contexto, la persona imputada habría intervenido junto a otros dos hombres aún no identificados, "actuando de manera conjunta, con acuerdo de voluntades y con la finalidad de apoderarse ilegítimamente de bienes ajenos". De acuerdo con la imputación, el grupo abordó a la víctima en la vía pública y ejerció violencia física mediante golpes de puño y el arrojamiento de piedras, que impactaron en distintas partes del cuerpo y en el rostro. Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió lesiones de carácter grave.

"Así, a partir de la violencia ejercida se produjo la sustracción de dinero un millón doscientos mil pesos en efectivo entre otras prendas de vestir que se encontraban en poder de la víctima al momento del hecho", destacó el Fiscal. que agregó además que "una vez consumado el desapoderamiento y antes de retirarse del lugar, los agresores habrían proferido amenazas dirigidas a la víctima, con expresiones orientadas a disuadirla de realizar la denuncia, con el objetivo de asegurar la impunidad del hecho".

En función de estos hechos, encuadró la conducta atribuida como constitutiva del delito de robo agravado en lugar poblado y en banda y por la violencia ejercida contra la victima, atribuyendo a la persona imputada responsabilidad en carácter de autora.

Como sustento de la imputación, el Ministerio Público detalló la existencia de diversa evidencia, entre la que se encuentra el actas de constatación y procedimiento, la denuncia penal efectuada por la víctima, el certificado médico que da cuenta de las lesiones sufridas y una copia simple de la extracción bancaria correspondiente al monto sustraído, realizada el día previo al hecho. Asimismo, se incorporó el certificado de antecedentes del imputado y se indicó que la víctima lo reconoció.

Finalizada la formulación de cargos, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva, argumentando la necesidad de resguardar la investigación en curso. La defensa se opuso a esa petición y propuso la aplicación de medidas menos gravosas que, a su criterio, resultaban suficientes para asegurar el proceso. Luego de escuchar a las partes, el juez de garantías resolvió tener por formulados los cargos y dispuso la prisión preventiva de la persona imputada por el mismo plazo establecido para la investigación.