El imputado acudió a la audiencia en condición de detenido cuando fue identificado a raíz de la denuncia de la ex pareja por una desobediencia y se constató que pesaba en su contra una orden de detención por un hecho de robo.

Según la acusación fiscal, el hecho investigado habría ocurrido el 4 de febrero de 2026, en horas de la noche, cuando el imputado retiró mercadería de un comercio del barrio y, al ser requerido para que abonara lo sustraído, habría exhibido un arma de fuego y proferido una amenaza, para luego retirarse del lugar.

La Fiscalía calificó provisoriamente la conducta como robo agravado por el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada, y sostuvo la imputación en calidad de coautor.

La acusación se sustenta en la denuncia de la trabajadora del comercio, registros fílmicos aportados por vecinos, entrevistas realizadas por personal policial y un informe de la Brigada de Investigaciones. Asimismo, se informó que se realizaron allanamientos con resultado negativo respecto del secuestro del arma.

La Defensa no formuló objeciones a la legalidad de la detención dispuesta en este legajo ni a la formulación de cargos, al considerar que la acusación cumple con los requisitos legales. Asimismo, manifestó conformidad con el plazo de investigación solicitado por la Fiscalía, sin perjuicio de eventuales planteos futuros.

Al resolver, el magistrado interviniente declaró la legalidad de la detención, tuvo por formulados los cargos por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego, atribuido al imputado en carácter de autor conforme a los artículos 45 y 166 inciso 2 del Código Penal, y habilitó la investigación penal preparatoria por el plazo de dos meses, que vencerá el 9 de abril de 2026.

En relación con la medida cautelar, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado, al sostener que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación, especialmente por la posibilidad de influir sobre testigos, y señaló antecedentes de incumplimiento de medidas judiciales en otros legajos. Asimismo, mencionó la reiterancia delictiva como fundamento adicional de su pedido.

La Defensa se opuso a la medida solicitada y a su modalidad, al considerar que no se encontraban acreditados los extremos invocados por la acusación. En particular, cuestionó que se valoraran hechos vinculados a otra causa y planteó la improcedencia constitucional de la reiterancia. De manera subsidiaria, solicitó la aplicación de una prisión domiciliaria, invocando las condiciones de detención y estándares constitucionales vigentes.

Al resolver, el juez de garantías hizo lugar al pedido fiscal y dispuso la prisión preventiva del imputado por el término de dos meses, al considerar acreditado el riesgo de entorpecimiento de la investigación y la necesidad de resguardar a la víctima y a los testigos. Ordenó su traslado al Servicio Penitenciario Provincial, en cualquiera de las unidades que cuenten con cupo disponible, y rechazó la modalidad domiciliaria solicitada por la Defensa por considerarla insuficiente para neutralizar los riesgos procesales señalados.