MINISTERIO PÚBLICO FISCAL / CAMPO GRANDE
Fiscalía pidió formular cargos a funcionarios municipales por defraudación
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El Ministerio Público Fiscal pidió formular cargos al actual presidente del Concejo Deliberante, a tres concejales (dos en ejercicio) y a una particular por el delito de defraudación contra la administración pública agravada por ser cometido por funcionarios públicos, responsables a título de coautores. La audiencia quedó suspendida por el pedido de exclusión de la querella y la presentación de una reserva de impugnación.
En la audiencia realizada este lunes en el Foro Penal de Cipolletti, el fiscal jefe detalló la acusación.
Según expresó, en septiembre de 2024 el presidente del Concejo junto con tres concejales, uno de ellos en ese momento ejercía como secretario de Gobierno y Hacienda del Municipio, iniciaron la ejecución de un acto defraudatorio con la adquisición de 14 lotes que tendrían como destino la construcción del edificio correspondiente a la Escuela Primaria N°. 300 de la localidad de San Isidro. El valor pagado por el predio fue de $204 millones, unos 165.182 mil dólares en ese momento.
Según el fiscal, la supuesta dueña vendió los lotes como propios cuando contaba únicamente con un boleto de compraventa como primera maniobra defraudatoria, pero además los vendió subdivididos cuando en realidad estaban registrados como un lote único.
“Se trató de un acto defraudatorio porque se violaron los deberes que tenían a su cargo. La adquisición no fue tratada en el Concejo Deliberante. No fue debatido ni votado. Debía haberse declarado de utilidad pública, pero no fue así. La adquisición se hizo sin tasación previa y sin informes de dominio, y se pagaron 204 millones de pesos”, expresó el fiscal jefe.
Añadió que “existió un lucro indebido a favor de la supuesta vendedora quien propició la situación social cortando la ruta en reclamo de un terreno para la construcción de la escuela, instalándose como vocera del grupo de padres y luego prometiendo la venta de un predio sobrevalorado en precio, un perjuicio irreparable para el municipio”.
La Fiscalía informó que el inmueble considerado como un solo bloque tiene un valor de 28 mil dólares, y si se tomara de forma subdividida en 14 lotes el valor sería de 96.400 dólares, por lo que el perjuicio económico para el Municipio sería de 137.182 dólares tomando el primer caso o de 68.782 dólares teniendo en cuenta la subdivisión.
Los defensores particulares junto con el defensor oficial solicitaron al juez de Garantías que excluya al querellante, un ex concejal de la localidad, indicando que no se trataría de un particular afectado. El magistrado le dio la razón y la parte acusadora presentó una reserva de impugnación.
La formulación de cargos quedó suspendida hasta tanto un nuevo juez revise la decisión y resuelva al respecto.
Fiscalía pidió formular cargos a funcionarios municipales por defraudación
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El Ministerio Público Fiscal pidió formular cargos al actual presidente del Concejo Deliberante, a tres concejales (dos en ejercicio) y a una particular por el delito de defraudación contra la administración pública agravada por ser cometido por funcionarios públicos, responsables a título de coautores. La audiencia quedó suspendida por el pedido de exclusión de la querella y la presentación de una reserva de impugnación.
En la audiencia realizada este lunes en el Foro Penal de Cipolletti, el fiscal jefe detalló la acusación.
Según expresó, en septiembre de 2024 el presidente del Concejo junto con tres concejales, uno de ellos en ese momento ejercía como secretario de Gobierno y Hacienda del Municipio, iniciaron la ejecución de un acto defraudatorio con la adquisición de 14 lotes que tendrían como destino la construcción del edificio correspondiente a la Escuela Primaria N°. 300 de la localidad de San Isidro. El valor pagado por el predio fue de $204 millones, unos 165.182 mil dólares en ese momento.
Según el fiscal, la supuesta dueña vendió los lotes como propios cuando contaba únicamente con un boleto de compraventa como primera maniobra defraudatoria, pero además los vendió subdivididos cuando en realidad estaban registrados como un lote único.
“Se trató de un acto defraudatorio porque se violaron los deberes que tenían a su cargo. La adquisición no fue tratada en el Concejo Deliberante. No fue debatido ni votado. Debía haberse declarado de utilidad pública, pero no fue así. La adquisición se hizo sin tasación previa y sin informes de dominio, y se pagaron 204 millones de pesos”, expresó el fiscal jefe.
Añadió que “existió un lucro indebido a favor de la supuesta vendedora quien propició la situación social cortando la ruta en reclamo de un terreno para la construcción de la escuela, instalándose como vocera del grupo de padres y luego prometiendo la venta de un predio sobrevalorado en precio, un perjuicio irreparable para el municipio”.
La Fiscalía informó que el inmueble considerado como un solo bloque tiene un valor de 28 mil dólares, y si se tomara de forma subdividida en 14 lotes el valor sería de 96.400 dólares, por lo que el perjuicio económico para el Municipio sería de 137.182 dólares tomando el primer caso o de 68.782 dólares teniendo en cuenta la subdivisión.
Los defensores particulares junto con el defensor oficial solicitaron al juez de Garantías que excluya al querellante, un ex concejal de la localidad, indicando que no se trataría de un particular afectado. El magistrado le dio la razón y la parte acusadora presentó una reserva de impugnación.
La formulación de cargos quedó suspendida hasta tanto un nuevo juez revise la decisión y resuelva al respecto.
