Se le atribuyó oportunamente el hecho ocurrido durante la madrugada del 29 de septiembre de 2025, en una vivienda del barrio Irigoyen. Según la acusación, el imputado habría salido de su domicilio con un arma blanca, iniciado una discusión con la víctima y luego perseguirla para finalmente asestarle múltiples heridas que provocaron su fallecimiento.

Tras la formulación de cargos del 1 de octubre de 2025, se dispuso la prisión preventiva, que luego fue revisada y confirmada al considerarse vigentes los riesgos procesales.

La defensa solicitó el cese o una medida menos gravosa y cuestionó la calificación legal. El imputado declaró y brindó su versión de los hechos, en línea con la teoría del caso planteada por la defensa.

La Fiscalía pidió rechazar los planteos y sostuvo que no se incorporaron elementos nuevos. Reafirmó la imputación por homicidio simple, descartó que se trate de una riña y señaló que fue el imputado quien ejerció violencia directa sobre la víctima.

Indicó además que persisten los riesgos procesales, en particular el entorpecimiento de la investigación, y advirtió sobre posibles influencias en testigos cercanos.

La querella adhirió a la postura fiscal y remarcó la existencia de hechos recientes que evidenciarían interferencias en la investigación, así como la situación de temor de familiares y testigos.

El juez de Garantías rechazó los planteos de la defensa y mantuvo la calificación legal provisoria y la prisión preventiva hasta el 2 de junio de 2026. Consideró que no corresponde modificar la calificación sin reformular cargos, que el hecho investigado no se modificó y que la discusión sobre la prueba deberá darse en juicio.

También entendió el magistrado que "aún persiste el riesgo de entorpecimiento y valoró que la defensa había acordado previamente la continuidad de la medida sin que surgieran cambios que justifiquen revisarla".