Según la acusación fiscal, “alrededor de las 22:00 del pasado domingo, los imputados actuaron de manera coordinada y con distribución de roles, presentándose en el domicilio de la víctima con el objetivo de apoderarse ilegítimamente de diversos bienes”.

“Para ello, la imputada —quien se desempeñaba laboralmente para la víctima y conocía sus hábitos— concurrió a la vivienda con el pretexto de cobrar por la limpieza de un salón. Tras ser atendida y recibir el pago, simuló ser víctima de un robo, facilitando el ingreso de su pareja y dando inicio al ardid delictivo”, explicó la fiscalía.

“El imputado intentó reducir a la víctima, la golpeó en la cabeza con un arma de fuego y trató de atarle las manos. Luego de un forcejeo, la víctima logró golpear al agresor en la frente, provocándole una herida sangrante”, detalló la fiscal adjunta.

De este modo, “ambos imputados, en carácter de coautores funcionales, se habrían apoderado de aproximadamente 90 millones de pesos —destinados al pago de sueldos—, 1.500 dólares, 250.000 pesos, un cheque por 3.870.000 pesos y un teléfono celular”, indicó la fiscalía.

“El hecho culminó cuando el imputado se dio a la fuga, mientras que la mujer permaneció en el lugar sosteniendo falsamente haber sido también víctima del suceso, con el fin de procurar impunidad y desviar la investigación”, concluyó el Ministerio Público Fiscal.

La calificación legal propuesta por la fiscalía, y por la cual la jueza de Garantías tuvo por formulados los cargos, es la de “robo calificado por el uso de arma impropia”, según los artículos 45 y 166 inciso 2° del Código Penal.

El sustento probatorio de la imputación incluye el acta de procedimiento policial de la Comisaría 6° de Allen; la denuncia penal y su ampliación por parte de la víctima; la entrevista a la imputada cuando se presentó como presunta víctima; la intervención del Gabinete de Criminalística; informes del Área Judicial e Investigaciones de Allen; y el acta de allanamiento en el domicilio de la mujer. “Allí se secuestraron aproximadamente 2.728.000 pesos, tickets y facturas con fecha posterior al hecho, mercadería y una billetera reconocida por el damnificado como propia, entre otros elementos”, detalló la fiscalía.

Asimismo, se incorporaron como evidencia dos teléfonos celulares entregados voluntariamente por una persona que, al tomar conocimiento de la presunta participación de la mujer, se presentó en la comisaría.

La defensa penal pública que asistió a ambos imputados se opuso a la formulación de cargos, argumentando que “no se condice con el sustento probatorio presentado por la fiscalía, ya que la mujer habría sido víctima del hecho, lo que coincide con el relato del denunciante. Además, mi asistida brindó una justificación sobre el origen del dinero secuestrado, indicando que provendría de un premio en un casino”.

Frente a ello, la fiscal jefe sostuvo que “la teoría del caso cuenta con sustento suficiente para avanzar en esta imputación, construida con toda la información recabada en estos días y no únicamente con la disponible al inicio de la investigación”.

En relación con la prisión preventiva, el Ministerio Público Fiscal solicitó su dictado por el plazo de cuatro meses, en función del riesgo de fuga —dado que aún resta dinero por recuperar— y del posible entorpecimiento de la investigación. “Este último riesgo se evidenció desde el inicio, cuando la imputada se presentó falsamente como víctima”, enfatizó la fiscal jefe.

Por su parte, la defensa solicitó medidas menos gravosas, como la colocación de dispositivos de monitoreo electrónico para ambos imputados, sosteniendo que no podrían interferir en la producción de la prueba restante.

Finalmente, la jueza de Garantías resolvió hacer lugar al pedido fiscal y dispuso la prisión preventiva de ambos imputados, con vencimiento el 9 de agosto del corriente año.