La fiscal del caso describió los hechos atribuidos. El primero ocurrió el 2 de noviembre de 2025 por la noche, cuando el imputado ingresó a un comercio de calle Mitre tras violentar una ventana e intentó apoderarse de mercadería. Fue sorprendido por personal policial, alertado por el propietario a partir de las cámaras de seguridad, y detenido en el lugar con los elementos sustraídos. Además, se constató que tenía en su poder una billetera con dinero en distintas monedas, que había sido tomada previamente a otra persona.

El segundo hecho se vincula con la portación de un arma de fuego y una persecución policial ocurrida el 24 de diciembre de 2025. Según la acusación fiscal, el imputado circulaba en una motocicleta junto a otra persona cuando desobedeció la orden de detenerse impartida por efectivos policiales y emprendió la huida a alta velocidad. La persecución finalizó en la intersección de avenida San Martín y Pagano, donde perdió el control del vehículo y colisionó contra un taxi.

En ese momento, portaba entre sus prendas una pistola calibre 9 milímetros, con cargador y municiones, sin contar con autorización legal. El arma, que pertenecía a la Policía de Río Negro, tenía pedido de secuestro vigente por haber sido denunciada como robada. De acuerdo con la investigación, la arrojó en el lugar al momento de ser interceptado y ofreció resistencia a su detención.

La acusación tuvo sustento en actas de procedimiento policial, denuncias, registros fílmicos, informes del Cuerpo de Investigación Judicial, pericias balísticas que confirmaron la aptitud para el disparo del arma secuestrada y testimonios, entre ellos el de un taxista que presenció la colisión y el momento en que el arma cayó al suelo.

Por su parte, los defensores particulares del acusado —uno de manera presencial y otro vía remota— manifestaron su conformidad con el acuerdo alcanzado, indicando que el imputado comprendió el alcance del procedimiento y prestó su consentimiento de manera libre y voluntaria.

En ese marco, el imputado reconoció expresamente su responsabilidad en todos los hechos atribuidos, aceptó la calificación legal y la pena propuesta como condiciones necesarias para la realización del procedimiento.

Al momento de resolver, el tribunal homologó el acuerdo y lo condenó a la pena de cuatro años de prisión efectiva, con declaración de reincidencia, por los delitos que comprenden robo agravado en grado de tentativa, encubrimiento, portación ilegal de arma de guerra y resistencia a la autoridad, en concurso real.

La sentencia adquirió firmeza dado que las partes renunciaron a los plazos para formular impugnaciones.