Según la acusación fiscal, la imputación comprende más de 53 denuncias por hechos que habrían ocurrido durante 2024 y 2025. La mujer, en su carácter de propietaria de Lola Tours y sin contar con habilitación comercial municipal, “habría comercializado paquetes turísticos y pasajes aéreos a destinos nacionales e internacionales sabiendo que no podría cumplir con las obligaciones asumidas ni devolver el dinero recibido, por carecer de capacidad financiera suficiente”, explicó la fiscalía.

“El perjuicio económico total ocasionado a las víctimas representaría un valor nominal de 225.996 dólares y de 116.856.052 pesos”, detalló el equipo fiscal.

Entre el sustento probatorio presentado durante las dos jornadas de audiencia —que incluyeron una formulación de cargos de más de 100 páginas— se encuentran las denuncias penales de personas damnificadas y de la empresa Travel Services S.A.; copias de presupuestos confeccionados a mano y sin membrete; comprobantes de transferencias realizadas por diversas plataformas a cuentas de la imputada; entrega de dinero en efectivo en la agencia; y recibos carentes de validez formal, ya que contenían membrete de la empresa pero carecían de firma y sello.

También se incorporaron informes de la Inspección Regional de Personas Jurídicas, que indican que la firma no se encontraba inscripta bajo ninguna razón social; documentación de la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro, ARCA, Banco Central y entidades bancarias; además de una nota de la Municipalidad de General Roca sobre la falta de presentación por parte de la imputada para darle trámite a la habilitación correspondiente y documentación de la Secretaría de Turismo de la Nación.

Se suma la intervención de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, que en febrero de este año dio de baja a Lola Tours, además del acta de allanamiento y reportes de plataformas financieras.

La calificación legal propuesta por la fiscalía y aceptada por la jueza de Garantías es la de “defraudación” en diversas modalidades, entre ellas: defraudación por abuso de confianza, defraudación mediante uso no autorizado de datos de tarjeta de crédito y retención indebida.

La defensa penal pública que asiste a la mujer no formuló objeciones formales. “Ello no implica consentir los hechos, la prueba ni la calificación legal sostenida por la fiscalía”, aclaró el defensor.

El Ministerio Público Fiscal solicitó la prórroga de las medidas cautelares vigentes “por la prueba que resta producir y porque continúan ingresando nuevas denuncias”, sostuvo la fiscal adjunta.

Finalmente, tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías resolvió fijar la etapa de investigación penal preparatoria por el plazo de cuatro meses y prorrogar durante ese mismo período las medidas cautelares ya impuestas.

De esta manera, la imputada deberá continuar manteniendo el domicilio fijado en audiencia, tiene prohibida la salida del país, mantiene la inhibición y bloqueo de bienes —automotores e inmuebles—, el congelamiento de cuentas bancarias y la obligación de presentarse periódicamente en fiscalía.