La audiencia se realizó esta mañana y tuvo por objeto incorporar nuevos hechos y evidencia reunida durante la investigación. Además, se prorrogó el plazo de la investigación penal preparatoria hasta el 2 de septiembre de 2026.

Según la acusación fiscal, el primero de los hechos ocurrió el 23 de octubre de 2025 cerca de las 22:30 horas, en inmediaciones de calle Tejada Gómez al 7300. En ese contexto, el imputado habría efectuado varias detonaciones al aire con una escopeta y amenazado a un vecino, diciéndole que lo iba a matar, generando temor por su integridad física.

El segundo episodio se registró durante la madrugada del 24 de octubre de 2025. De acuerdo con la reformulación realizada por la Fiscalía, el hombre circulaba a bordo de un vehículo acompañado por otras personas y portaba sin autorización legal una escopeta calibre 12. Al advertir la presencia policial, se dio a la fuga, iniciándose una persecución que culminó en un sector boscoso. Allí descendió del rodado, efectuó al menos un disparo y continuó la huida hasta ser interceptado.

La acusación sostiene que, al momento de la detención, el imputado desobedeció las órdenes impartidas por el personal policial, arrojó el arma y ejerció violencia física contra uno de los efectivos, quien sufrió lesiones de carácter leve.

Para sustentar la reformulación, la Fiscalía incorporó nueva evidencia obtenida durante la investigación, entre ella informes de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), que confirmaron que el imputado no contaba con autorización para portar armas de fuego; una pericia balística que determinó que la escopeta era apta para el disparo; registros de llamados al sistema de emergencias 911; certificados médicos y entrevistas a los efectivos policiales que intervinieron en el procedimiento.

La defensa particular no se opuso a la reformulación de cargos, aunque indicó que mantiene una versión distinta respecto del segundo hecho y que continuará produciendo prueba. Asimismo, señaló que se encuentra trabajando junto a la Fiscalía en posibles alternativas de resolución del conflicto.

Finalmente, el Juez de Garantías tuvo por reformulados los cargos y prorrogó la investigación hasta el 2 de septiembre de 2026. Los hechos fueron encuadrados provisoriamente como amenazas calificadas por el uso de arma de fuego, portación ilegítima de arma de fuego de uso civil y atentado a la autoridad doblemente agravado por haber sido cometido a mano armada y por haber puesto manos en la autoridad, en concurso con lesiones leves.