La causa se inició cuando la mujer realizó la denuncia en la comisaría de la localidad en la que reside luego de lo cual se formularon cargos y se dispuso la prisión preventiva del acusado. Una entrevista personal que mantuvo días después la fiscal y una profesional de la Oficina de Atención a la Víctima con ella permitió ampliar el relato y profundizar la investigación sobre los episodios denunciados.

En esa charla pudieron precisar detalladamente el ataque perpetrado por el hombre y reformular los cargos, evaluando además los diversos certificados médicos, informes elaborados por el Cuerpo de Investigación Forense, testimonios y especialmente escuchando la historia de violencia que une a la víctima con el agresor.

En la audiencia realizada hoy por Zoom, la la acusación detalló que el 16 de mayo el hombre llegó a la casa de su ex pareja quien le abrió la puerta creyendo que se trataba del hijo de ambos. En el interior de la vivienda la mantuvo encerrada por 8 horas, lapso en el que la golpeó, le arrojó sillas encima, le mordió las manos, la tomó de los cabellos y la empujó contra una pared. Además, abusó sexualmente de ella y provocó daños en la vivienda y en diversos objetos. Aproximadamente a las 16 horas, producto de un descuido, la mujer pudo salir a la calle, en la vía pública él la persiguió y volvió a amenazarla.

Los hechos descriptos fueron encuadrados provisoriamente en los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia (artículo 142 inciso 1), abuso sexual con acceso carnal agravado (artículo 119, primer párrafo, en función del tercer párrafo), lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género (artículos 92 y 89, en función del artículo 80), daño (artículo 183) y amenazas (Art. 149 bis) todos del Código Penal. 

El sustento probatorio se compone especialmente de las manifestaciones de la víctima tanto en sede policial como ante la Fiscalía, los certificados médicos que corroboran las lesiones sufridas y que fueron ampliados por el protocolo de abuso sexual realizado en el hospital local, las tareas realizadas por el Gabinete de Criminalística, fotografías obtenidas en el lugar del hecho que acreditan los daños denunciados, el formulario de evaluación de riesgo elaborado por la OFAVI, tomas de muestras para un eventual cotejo de ADN.

Destacó en este sentido la intervención del Cuerpo de Investigación Forense que precisó las lesiones sufridas por la mujer y realizó un informe que reunió los resultados de las distintas evaluaciones físicas, concluyendo enfáticamente en la fecha y los mecanismos de producción de las lesiones que son compatibles con el relato brindado por la víctima.

Además, la Fiscalía solicitó la prórroga de la prisión preventiva por el plazo completo de la investigación sosteniendo que subsiste el riesgo procesal de entorpecimiento, dado que, de recuperar la libertad, el hombre podría influir sobre la víctima y sobre testigos pertenecientes a su círculo familiar y social, ámbitos que comparte con ellos. Remarcó especilamente en la necesidad de proteger el estado emocional de la mujer para evitar posibles situaciones de reticencia o revictimización, así como impedir que el imputado continúe protagonizando hechos de violencia de género.

"Se trata de un hecho de extrema gravedad por el que ni siquiera analizamos ni remotamente la posibilidad de implementar una medida cautelar con monitoreo electrónico mediante tobillera. Entendemos que la libertad controlada resultaría insuficiente frente a los riesgos advertidos" indicó la acusación quien agregó además que restan producir diversas pericias y que es necesario garantizar que la víctima pueda prestar declaración y participar del proceso con tranquilidad, "sin temor y sin verse condicionada a callar o modificar su relato".

Por ello, solicitó la prórroga de la prisión preventiva hasta el vencimiento de la investigación penal preparatoria, aclarando que se trata del plazo máximo que puede requerirse en esta instancia, sin perjuicio de una eventual extensión si las circunstancias procesales lo demandan al cumplir este lapso.

La Defensa Pública en tanto no se opuso a ninguno de los pedidos. Señaló que actualmente no existen dispositivos de monitoreo electrónico disponibles y que se encuentra en elaboración un informe socioambiental, aunque adelantó que, en principio, no tenía objeciones respecto de la prórroga de la medida cautelar solicitada ni a la reformulación de cargos.

Finalmente, hizo lugar a la misma y dispuso también mantener la medida cautelar más grave prevista por el ordenamiento procesal. 

(*La localidad donde se produjo el hecho y en la que residen victima y victimario se mantiene en reserva para evitar la revictimización de la primera)